Reinado de Isabel II: Guerras Carlistas y el Bienio Progresista

La Sucesión de Fernando VII y el Estallido de la Primera Guerra Carlista

En 1832, tras sufrir Fernando VII un ataque de gota, instaura la Pragmática Sanción, ley que permitía gobernar a las mujeres en caso de no haber descendencia masculina. Isidro, hermano del rey, planeó el Motín de la Granja contra la reina María Cristina y consigue la derogación de la ley. Los liberales moderados que rodeaban a María Cristina no tardan en reaccionar. El monarca se recupera y vuelve a instaurar la Pragmática Sanción en diciembre de 1832.

En septiembre de 1833, Fernando VII muere y el control pasa a manos de María Cristina, ya que Isabel era demasiado joven para gobernar. Carlos María Isidro publica el Manifiesto de Abrantes, en el que reclama ser el rey por razones dinásticas. Mientras tanto, el primer ministro Cea Bermúdez publica otro manifiesto con el que pretende atraer a los partidarios de ambos grupos, aunque no logró evitar la guerra civil.

Inicialmente, el Carlismo se debe a razones dinásticas, pero esconde un fondo ideológico que se opone a las reformas. Poco a poco se va extendiendo a la defensa de la Iglesia y de los fueros del País Vasco y Navarra.

Bandos de la Primera Guerra Carlista (1833-1839)

• Carlistas: Partidarios de Carlos María Isidro. Surgen en el País Vasco, Aragón y Cataluña. Ideología basada en Dios, Patria, Rey y Fueros. Máximo representante: Zumalacárregui. Su táctica principal: las guerrillas.
• Liberales: Partidarios de Isabel II. Sube al trono su madre, María Cristina, ya que Isabel solo tiene 3 años de edad cuando Fernando VII muere. Máximo representante: el general Espartero.

La primera guerra carlista duró 6 años, y los carlistas controlaron amplias zonas rurales del norte de España. En el País Vasco, Aragón, Cataluña y Valencia tuvo especial incidencia por dos motivos:

• Se defendieron las leyes o fueros que se conservaban desde la época medieval.
• La propiedad de la tierra estaba repartida en explotaciones familiares que resultaron perjudicadas por las leyes fiscales.

En Andalucía no tuvo unas repercusiones tan intensas como en otras zonas. En 1835 muere Zumalacárregui y en 1837 se produce la división interna de los carlistas que llevaría al Convenio de Vergara. En 1839 se finaliza la guerra, y Carlos se marcha exiliado a Francia. Entre 1846-1849 y 1872-1876 se produjeron otras guerras carlistas.

El Modelo de los Moderados y Progresistas

El modelo de los moderados: Su preocupación fundamental era construir un estado unitario y seguro. El poder debía estar controlado por los ilustrados y el proletariado, mediante sufragio censitario, en el que solamente podrían votar aquellos que pagaran al estado una determinada cantidad anual.

El modelo progresista: La soberanía reside en el pueblo. Las Cortes desempeñaban dicha soberanía y ejercen el poder legislativo. La Constitución es la norma superior que el rey debe acatar y cumplir. El rey reina pero no gobierna. También estaban a favor del sufragio censitario, pero no tan restringido.

Martínez de la Rosa se dio cuenta de que era imposible un acuerdo con los carlistas, e intentó lograr un equilibrio entre las tendencias moderadas y radicales. El primer resultado fue la elaboración del Estatuto Real: por un lado era una Carta otorgada y por el otro una Constitución incompleta, que no regulaba los poderes ni recogía declaración alguna sobre los derechos de los individuos. La opinión liberal generalizada era que el Estatuto no solucionaba los problemas, sino que resultaba un freno para realizar las auténticas reformas.

La Constitución de 1837 y la Regencia de Espartero

La incierta evolución de la guerra carlista y la desastrosa situación de la hacienda provocaron un clima de crispación social y política que provocó una rebelión en 1836, y que finaliza con el pronunciamiento de los sargentos en La Granja, que obligó a la regente a establecer la Constitución de 1812.

La promulgación de la nueva Constitución de 1837 coincidió con un momento especialmente comprometido para los isabelinos. Era una constitución breve, bicameral, basada en los principios de la soberanía nacional, división de poderes y reconocimiento de los derechos individuales: libertad de prensa, autonomía política y gestión otorgada a los ayuntamientos, recuperación de la Milicia Nacional.

Se produjo una lucha por el poder: Espartero, después de su triunfo en Luchana (1836), defendió los alzamientos de las provincias frente al proyecto de Ley de Ayuntamientos (1840), por el que se reducía el poder independiente de los ayuntamientos al establecer que los alcaldes serían nombrados por los gobiernos. Se formó entonces un breve ministerio-regencia, presidido por Espartero, que duró hasta 1841, año en que las Cortes lo eligieron regente, durante tres años. Reprimió con dureza pronunciamientos y en 1842 ordenó el bombardeo de barrios de Barcelona donde se habían producido motines a causa de crisis industriales. Finalizó en los últimos días de julio de 1843 con un nuevo pronunciamiento del general Narváez.

Las Reformas Moderadas y la Constitución de 1845

El orden público estricto y el control político desde una administración centralizada fueron los principios orientadores de las reformas moderadas. Así se crea la Guardia Civil (1844) con estatus militar y encargada de salvaguardar el orden público. Se culminó con la promulgación de una nueva Constitución que, presentada como la mejora de la de 1837, sustituyó el principio de soberanía nacional por la soberanía compartida. Otro apartado de la Constitución declaraba que la religión de la nación española era católica, apostólica y romana. Se firmó un concordato con el Papa en el que la única religión del estado era la católica. Las consecuencias fueron la intervención que se concedía a los obispos en la enseñanza y el apoyo que los gobiernos se obligarían a prestarles en la represión de las llamadas doctrinas heréticas.

El objetivo de los moderados era triple:

• Orden jurídica unitaria.
• Administración centralizada.
• Hacienda con impuestos únicos.

La centralización y organización administrativa, sustentada por la reforma territorial, quedó consolidada en enero de 1845. En septiembre de 1845 se centralizó la instrucción pública y se organizó la enseñanza. La reforma se concretó en nuevas contribuciones directas territoriales, industriales y de comercio. El favoritismo llevó a la calle a las clases populares.

La Revolución de 1854 y el Bienio Progresista

En la revolución de 1854, una fracción del ejército, encabezada por el general moderado O'Donnell, se pronunció en Vicálvaro, enfrentándose a las tropas del gobierno. En Manzanares se unió Serrano y lanzaron un Manifiesto al País con promesas progresistas. A la vista de los acontecimientos, la reina Isabel II decidió entregar el poder al general Espartero y comenzó lo llamado Bienio Progresista, que duraría hasta septiembre de 1856.

Se elaboró una nueva constitución que no fue promulgada. La política económica tuvo como eje principal la desamortización y una serie de leyes económicas para atraer capitales extranjeros y fomentar el ferrocarril, símbolo de la industrialización y el progreso: Ley de Ferrocarriles de 1855, Ley Bancaria de 1856. Se crea el Banco de España en el mismo año.