El Reinado de Isabel II: Década Moderada y Bienio Progresista en la España del Siglo XIX
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La Década Moderada (1844-1854): Consolidación del Estado Liberal Isabelino
Contexto Político y Ascenso Moderado
El mismo día del comienzo del reinado efectivo de Isabel II, el gobierno de Joaquín María López dimitió. Como sustituto fue nombrado Salustiano Olózaga, jefe del partido progresista, quien, acusado de haber obligado a la reina niña a disolver las Cortes, fue destituido a los nueve días. Una vez conseguido el poder por el Partido Moderado, bajo el liderazgo del general Narváez, dominó la escena política durante los diez años siguientes, dando nombre a la Década Moderada.
Reformas Clave y Estructuración del Estado
En este periodo se elaboró la Constitución de 1845, que proclamaba la soberanía compartida entre la Corona y las Cortes, y anulaba algunas conquistas del liberalismo progresista. Se promulgaron también unas leyes orgánicas de carácter muy restrictivo que sentaron las bases del poder moderado y de la organización política y administrativa del Estado liberal.
Principales Reformas de la Década Moderada:
- La nueva división provincial de Javier de Burgos.
- Una Administración centralizada.
- La creación de una institución fundamental para la seguridad pública y la vigilancia del medio rural: la Guardia Civil.
- La reforma de la Hacienda, que establecería un nuevo sistema fiscal que pretendía potenciar la contribución directa a través de impuestos directos e indirectos.
Por el Concordato de 1851 con la Santa Sede, se logró el reconocimiento de la Iglesia a la monarquía isabelina, y esta aceptó la desamortización efectuada hasta entonces, exigiendo como contrapartida compensaciones económicas. Una de las cuestiones más controvertidas fue el matrimonio real, que dio origen a largas y complicadas negociaciones diplomáticas.
Gobierno Moderado y Oposición Progresista
El gobierno moderado se ejerció de forma restrictiva y exclusivista, lo que obligó a los progresistas, marginados del poder, a recurrir a la vía de los pronunciamientos. La Década se cerró con el gobierno tecnócrata de Juan Bravo Murillo, quien llevó a cabo una amplia labor administrativa y hacendística.
El Bienio Progresista (1854-1856): Un Impulso Reformista
Orígenes del Levantamiento y la Vicalvarada
Los problemas derivados de la corrupción y del gobierno de la camarilla, a los que se unía el descontento de los progresistas excluidos del poder, alentaron las críticas de la clase política y favorecieron la actuación revolucionaria. A finales del mes de junio de 1854 tuvo lugar el pronunciamiento de los generales O'Donnell y Dulce. La llamada Vicalvarada tenía en principio unos objetivos muy limitados: corregir la corrupción y cambiar el gobierno sin abandonar el moderantismo. Pero la intervención de los progresistas abrió una fase de levantamiento popular que llevó a los sublevados a ampliar su programa.
El Manifiesto del Manzanares y el Gobierno Progresista
El Manifiesto del Manzanares de 1854, redactado por Cánovas del Castillo y firmado por O'Donnell, exigía reformas políticas y unas Cortes Constituyentes. Se inauguraba así una etapa progresista. La reina entregó el poder a Espartero y O'Donnell, representantes de la coalición que alentó la revolución.
Reformas Legislativas y Económicas
Se elaboró una nueva Constitución de inspiración progresista que afirmaba explícitamente la soberanía nacional —la non nata de 1856— y se aprobaron importantes leyes económicas, fundamentales para el desarrollo del capitalismo español. Las más importantes fueron:
Leyes Clave del Bienio Progresista:
- La Ley de Ferrocarriles (1855), que hizo posible la implantación de este medio de transporte.
- Las Leyes Bancarias y de Sociedades, que favorecieron el desarrollo económico.
- Se retomó la desamortización con la promulgación de la Ley Madoz de 1855, que afectaba a los bienes civiles y eclesiásticos.
El ministro de Hacienda, Pascual Madoz, aprovechando el Bienio Progresista, promulgó el 1 de mayo de 1855 la Ley General de Desamortización, con la que se pusieron en venta bienes de propiedad colectiva o amortizados. Las desamortizaciones afectaron al 20% del total de la tierra española.