El régimen de Primo de Rivera: del golpe militar de 1923 a la proclamación de la Segunda República

En 1923, con gobiernos inestables y una grave tensión social, el anuncio de que el caso Annual sería discutido en el Parlamento y de que se iban a exigir responsabilidades que podrían implicar al propio monarca movilizó a sectores del Ejército y de la derecha, que veían la solución de la crisis en la dictadura militar.

Contexto de crisis política y social

En el contexto de crisis política y social, el 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera se pronunció contra la legalidad constitucional, declaró el estado de guerra y se dirigió al monarca exigiendo que le podría pasar el poder a manos de los militares.

Alfonso XIII aceptó el Directorio militar presidido por Primo de Rivera, que suspendió el régimen parlamentario constitucional.

Primo de Rivera y los sectores que lo apoyaron defendieron su acción como la solución para poner fin a la crisis política y a la conflictividad social que atravesaba el país.

Razones del golpe

Algunas de las razones con las que los golpistas justificaron la necesidad de cambiar la situación son:

• La inestabilidad y el bloqueo del sistema político parlamentario.
• Su desprestigio derivado del continuo fraude electoral.
• El miedo de las clases acomodadas a la revolución social ante el auge de la conflictividad obrera y campesina.
• El aumento de la influencia del republicanismo y de los nacionalismos periféricos.
• El descontento del Ejército tras el desastre de Annual.

En la decisión de Primo de Rivera, en el apoyo del Ejército y en la rápida aceptación del rey, también influyó el deseo de evitar que las Cortes exigieran responsabilidades por los excesos de la guerra de Marruecos.

Discurso y manifiesto inaugural

El dictador justificó el golpe militar a través de un discurso que se encuadraba en la crítica de la «vieja política» y presentaba un claro componente populista, con el fin de ganarse el apoyo popular.

Así, en su manifiesto inaugural, Primo de Rivera anunció su voluntad de acabar con el bandidaje político, la indisciplina social y las amenazas a la unidad nacional.

Algunos historiadores apuntan que Primo de Rivera no pretendía poner fin a un régimen caduco, sino más bien evitar que el régimen político acabara por democratizarse.

Las dos fases de la dictadura

La dictadura de Primo de Rivera atravesó dos fases sucesivas. Hasta 1925 gobernó el Directorio militar, cuyos miembros eran militares. Sin embargo, a partir de ese año, el gobierno dictatorial incluyó entre sus ministros a personalidades civiles, como José Calvo Sotelo. Se pasó entonces al Directorio civil, aunque el peso de los militares continuó siendo importante y el carácter del régimen no abandonó su estilo autoritario.

Primeras medidas: el Directorio militar

Las primeras medidas del Directorio militar mostraron su carácter dictatorial: suspensión del régimen constitucional, disolución de las cámaras legislativas, cese de las autoridades civiles, prohibición de las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos, entre otras.

Todo ello fue acompañado por la militarización del orden público y por la represión del obrerismo más radical (cenetistas y comunistas).

También se disolvieron los ayuntamientos, que fueron sustituidos por juntas de vocales integradas por los mayores contribuyentes de cada localidad y nombradas a través de los gobernadores civiles.

La regeneración prometida quedó en una gran farsa, ya que se suspendieron todos los mecanismos electorales y la renovación política se limitó a sustituir a los caciques por otros.

El conflicto de Marruecos

Durante la primera etapa de la dictadura, el conflicto de Marruecos centró el interés de Primo de Rivera. Se organizó el desembarco de Alhucemas (1925), que se saldó con gran éxito. Tras varias derrotas, Abd el-Krim se rindió, entregándose a las tropas francesas. En 1927, el Ejército español dio por concluida la ocupación efectiva de todo el protectorado en Marruecos.

Institucionalización del régimen

Primo de Rivera intentó institucionalizar su régimen para dar continuidad y permanencia al mismo. Indudablemente, el modelo y la influencia del fascismo italiano fueron muy claros.

El camino hacia un régimen autoritario comenzó con la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva, de carácter corporativo, pues sus miembros no serían elegidos por sufragio, sino designados entre los ciudadanos pertenecientes a las grandes instituciones públicas (municipios, universidades, administraciones, patronales y representantes obreros). El sufragio universal quedó totalmente olvidado.

Para promover la adhesión al nuevo sistema se creó un partido único: la Unión Patriótica, un partido gubernamental, sin un programa ideológico definido y cuya misión primordial era proporcionar apoyo social a la dictadura y seguir las directrices del poder. Los afiliados al nuevo partido procedían básicamente de las filas del catolicismo, de los funcionarios de las administraciones y de los caciques rurales.

Política económica

La dictadura se benefició de la buena coyuntura económica internacional, iniciada en los «felices» años 20, tras la Primera Guerra Mundial. En ese contexto, el régimen puso en marcha un programa de fomento de la economía española en el terreno industrial y en las infraestructuras, aunque apenas se ocupó del problema agrario.

El Estado tuvo un protagonismo notable gracias al fomento de las obras públicas (ferrocarriles, carreteras, planes hidroeléctricos, etc.).

También se concedieron grandes monopolios, como el de telefonía, a la Compañía Telefónica Nacional de España, y la exclusividad en la importación, distribución y venta de petróleo a la compañía arrendataria CAMPSA.

El mundo agrario siguió en manos de los grandes propietarios sin que se emprendiera reforma alguna, aunque sí se promovió el regadío a través de la creación de las llamadas confederaciones hidrográficas.

Política social y organización corporativa

En el terreno social, la dictadura puso en marcha un modelo de regulación del trabajo que pretendía eliminar los conflictos laborales mediante la intervención del Estado, la integración de los sectores moderados del movimiento obrero y la represión de los organizadores más radicales.

Con ese fin se creó la Organización Corporativa Nacional, que agrupaba a patronos y obreros en grandes corporaciones (sindicalismo vertical) y regulaba los conflictos laborales a través de los comités paritarios, formados en igual número por patronos y obreros.

Su misión era la reglamentación de los salarios y de las condiciones de trabajo, así como la mediación y el arbitraje en caso de conflicto. El sistema corporativo fue bien visto, aunque no en todos sus aspectos, por una parte del movimiento obrero representada por la UGT, que pudo desenvolverse con cierta libertad bajo el régimen; mientras, los anarcosindicalistas y comunistas eran perseguidos y obligados a permanecer en la clandestinidad.

Oposición a la dictadura

La oposición a la dictadura estuvo integrada por: algunos líderes de los partidos dinásticos, los republicanos, los nacionalistas, los comunistas, los anarquistas, determinados sectores del Ejército y casi todos los intelectuales.

Intelectuales y mundo universitario

Con respecto a los intelectuales y al mundo universitario, la dictadura pretendió controlarlos férreamente mediante la censura y limitando su libertad, llegando incluso a cerrar las universidades. El conflicto derivó en protestas estudiantiles y fue el origen de un gran sindicato de carácter republicano: la Federación Universitaria Española (FUE).

El enfrentamiento de los intelectuales con la dictadura estuvo protagonizado por figuras como Unamuno, Ortega y Gasset, Blasco Ibáñez y Menéndez Pidal. En 1924, suscribieron un manifiesto con más de 100 firmas en contra de la política cultural. La represión no se hizo esperar: Unamuno fue desterrado a Fuerteventura y Blasco Ibáñez se trasladó al extranjero.

Republicanismo y nacionalismos

El conflicto político más persistente se produjo con el republicanismo y los nacionalismos, especialmente el catalán. La oposición de los republicanos fue permanente y organizaron la llamada Alianza Republicana, que logró unir a las diversas facciones del movimiento.

En Cataluña, las medidas tomadas por Primo de Rivera, como la liquidación de la Mancomunidad, así como la prohibición del uso público de la lengua catalana y de la sardana, fueron recibidas como profundamente anticatalanas.

La CNT y la UGT

Por último, la CNT se mostró contraria al régimen y fue intensamente perseguida, lo que agravó el enfrentamiento en su interior entre los partidarios de posturas radicales y violentas y los que defendían posiciones más posibilistas.

En julio de 1927, los anarquistas crearon la Federación Anarquista Ibérica (FAI). También el PSOE cambió su posición hasta 1929, cuando rechazó abiertamente los intentos continuistas del régimen y se pronunció a favor de la república.

La caída de Primo de Rivera

La creciente oposición a Primo de Rivera se intensificó cuando el rey y su camarilla se convencieron de que la dictadura era un peligro para la permanencia de la monarquía. En este contexto, el rey optó por retirarle su confianza y Primo de Rivera acabó dimitiendo el 30 de enero de 1930.

El general Berenguer fue el encargado de sustituirlo, con la misión de convocar unas elecciones que permitieran retornar a la normalidad constitucional. La oposición comenzó a organizarse: los republicanos, los catalanistas de izquierda y el PSOE acordaron la firma conjunta del Pacto de San Sebastián (agosto de 1930), un programa para presentarse a las elecciones y constituir un comité revolucionario que debería convertirse en el gobierno provisional de la futura república.

En diciembre de 1930 se produjo un intento insurreccional militar protagonizado por los capitanes Galán y García Hernández, con el fin de proclamar la república en Jaca. Estos capitanes fueron fusilados tras el fracaso de su tentativa.

Berenguer fue sustituido por un gobierno presidido por el almirante Aznar, que puso en marcha los comicios en los tres niveles establecidos: municipales, provinciales y legislativos.

El gobierno decidió convocar en primer lugar las elecciones municipales, al considerarlas menos peligrosas para la monarquía, y las fijó para el 12 de abril de 1931. Se intentaba volver a la normalidad como si nada hubiese ocurrido, pero Alfonso XIII se había comprometido excesivamente con la dictadura y las elecciones se presentaron como un referéndum a favor o en contra de la monarquía.

Resultados y proclamación de la República

El resultado de las elecciones del 12 de abril de 1931 dio la victoria a las fuerzas republicanas en la mayoría de las grandes ciudades, adquiriendo de este modo un carácter de plebiscito contra la monarquía.

Ante esta situación, Alfonso XIII renunció a la corona, abandonó España y el 14 de abril se proclamó la República. El nuevo régimen se mostraba, a los ojos de gran parte de la población española, como una oportunidad para democratizar y modernizar el Estado mediante un programa de reformas económicas y sociales.