Régimen de Invalidez de Actos Administrativos: Nulidad, Anulabilidad y Convalidación

Diferencias entre Nulidad y Anulabilidad

2. La Convalidación de los Actos Administrativos

Cambiando el tercio, la segunda de las diferencias se sitúa en el ámbito de la convalidación de los actos administrativos. Solamente son anulables los actos que pueden ser convalidados por la Administración.

La Administración dispone de la potestad de convalidar en cualquier momento los actos anulables. En cambio, la Administración no tiene reconocida esta potestad para los supuestos en que los defectos de la invalidez del acto administrativo sean constitutivos de nulidad de pleno derecho. Ambas reglas responden a un sustrato común, y en ambos casos cabe transformar la invalidez inicial de los actos anulables y convertir tales actos en actos perfectamente válidos.

Si los actos administrativos nulos de pleno derecho no pueden nunca llegar a convalidarse y si siempre permanece abierta la posibilidad de obtener su anulación, es porque en realidad no existen y lo que no existe no es susceptible de producir efecto alguno. Tal es la gravedad del defecto de que adolecen que no está en grado de existir desde su origen mismo.

B) Otras supuestas diferencias

1. Se sostiene la necesidad de distinguir también entre los efectos ex tunc propios de la nulidad de los actos administrativos y los efectos ex nunc que serían, en cambio, los naturales de la anulabilidad. La nulidad tendría efectos retroactivos y habría que borrar todos los efectos producidos por el acto administrativo hasta que se declare su nulidad. La anulabilidad produce efectos hacia el futuro desde el momento en que se acuerda porque, sí, la anulabilidad tiene efectos constitutivos.
2. Igualmente, la doctrina sostiene que la primera categoría se reserva para infracciones más graves del ordenamiento jurídico. Las nulidades se califican como vicios de orden público, en todo caso con trascendencia erga omnes más allá de sus destinatarios concretos, y se defiende que pueden apreciarse de oficio.

9.4 Límites de la Invalidez: La Restricción (o la Reducción) de la Invalidez de los Actos Administrativos. En Particular, las Irregularidades No Invalidantes

A) Introducción: La Vigencia de un Principio General de Conservación de los Actos Administrativos

Las razones de seguridad en el tráfico jurídico acaban de indicarse con carácter general. La seguridad en el tráfico jurídico impone una cierta contención: lejos estaría de garantizarse aquella si los actos jurídicos son susceptibles de fácil reproche y resultaran fáciles de eliminar. No solo se comprometería la confianza de una determinada operación, quebraría también la confianza en el sistema entero. En definitiva, la ilegalidad es una situación patológica y como tal hay que evitar su propagación y también que las consecuencias propias de la invalidez de los actos jurídicos se desencadenen sin más.

En el ordenamiento administrativo, estas mismas exigencias actúan de un modo más acusado. Los actos administrativos más típicos y característicos, que son las resoluciones, no se producen sin más, sino que son el resultado de un procedimiento en el curso del cual se suceden una pluralidad de trámites con vistas a asegurar la legalidad, el acierto y la oportunidad de la resolución. El ordenamiento administrativo es cauteloso con las exigencias procedimentales. Se trata así de asegurar la validez del acto administrativo y de proteger la confianza que despierta su adopción al estar precedida de un procedimiento.

Una de las prerrogativas que la Administración tiene reconocidas respecto de los actos administrativos que adopta es que el ordenamiento jurídico les atribuye la cualidad de ser ejecutivos o, si se prefiere, de producir efectos inmediatos. Se imponen con cierta prudencia.