El reformismo político-administrativo de los Borbones en España: Felipe V, Fernando VI y Carlos III

El reformismo político-administrativo de los Borbones

L: El reformismo político-administrativo de los Borbones

El reinado de Felipe V

Felipe V fue incapaz de desempeñar sus funciones (1700-1746), dejando el gobierno en valido, como el cardenal Alberoni o el barón de Ripperdá, sustituidos después por la burocracia española absolutista y reformista, entre la que destacó José Patiño. Su reinado estuvo interrumpido por un breve reinado de su hijo (1724), Luis I.

Centralización: El objetivo era, siguiendo el modelo francés, la uniformización y la centralización.

• a) Creación de una nueva administración central: El sistema de consejos fue relegado, pero no suprimido. El Consejo de Castilla pasó a ser el de todo el reino y, lo más importante, los secretarios se transformaron en técnicos con gran poder de decisión en sus ámbitos y se convierten en un antecedente del cargo de ministro. Las 5 secretarías más importantes eran la de Estado, de Guerra, de Marina e Indias, de Gracia y Justicia y de Hacienda.
• b) El nuevo orden territorial: Los Decretos de Nueva Planta se aplicaron a Valencia y Aragón en 1707, a Mallorca en 1715 y a Cataluña en 1716. Suprimían no solo los fueros y las instituciones de estos reinos, sino que imponían las leyes, los cargos y las instituciones de Castilla. Los virreyes fueron suprimidos, el catalán fue relegado de los tribunales, se suprimieron las aduanas y puertos secos entre reinos que obstaculizaban el comercio, y se impuso un nuevo sistema tributario con un impuesto único.

A pesar de todo, la uniformidad no fue total. En los reinos de la Corona de Aragón se conservaron buena parte de su derecho civil y el reclutamiento de tropas no pudo llevarse a cabo por la oposición popular. El País Vasco y Navarra, por su parte, conservaron sus fueros y aduanas. En el caso de Navarra se mantuvieron sus Cortes y el virrey. Las Cortes pasaron a ser inútiles (con la excepción de Navarra) y casi no se convocaron: solo en 3 ocasiones en todo el siglo, con motivo de la jura del heredero al trono.

Reformas administrativas: Felipe V impuso una nueva administración territorial en todo el reino. Como hemos visto, los virreinatos desaparecieron y el territorio se dividió administrativamente en provincias y capitanías generales. Se adoptó el cargo de intendente, que ya existía en Francia, como representante real que daba dirigir cada una de las provincias, en cuya capital residían. Es un antecedente de los gobernadores civiles del siglo XIX. Sus funciones eran amplias y variadas: recaudación de impuestos, reclutamiento de tropas, el orden público, vigilancia de las autoridades locales, supervisión de las obras públicas y el fomento de la producción en su provincia.

Los capitanes generales se nombraron ya en territorios "poco delicados" (por ejemplo, en los reinos de la antigua Corona de Aragón); se nombraron, en lugar de intendentes, capitanes generales que remplazaron a los virreyes. Tenían funciones militares y judiciales, pues generalmente presidían la Audiencia correspondiente.

También hubo cambios importantes en la organización del ejército: ya durante la Guerra de Sucesión se suprimieron los tercios, sustituidos por la nueva unidad de combate, el regimiento. El objetivo era la creación de un ejército permanente mediante un triple reclutamiento:

• Voluntarios, sobre todo extranjeros.
• Levas obligatorias de vagos y maleantes.
• La quinta o quintas, reemplazo de varones de todos los pueblos que suponían una quinta parte del ejército.

Era precisa también una poderosa armada para defender los intereses españoles en las Indias y el Mediterráneo. Se fundaron 3 departamentos marítimos: El Ferrol, Cartagena y Cádiz, donde se construyeron astilleros.

El regalismo: Al igual que en Francia, los Borbones aplicaron una política regalista que culmina con el Concordato de 1753, que concedía el derecho de patronato universal y que estuvo vigente hasta el siglo XIX: el rey presentaba al papa sus candidatos a obispo y otros cargos. Además, el Estado ingresaba en sus arcas las rentas de los obispados que quedaban vacantes, en lugar de enviarlas al papado.

El reinado de Fernando VI: los proyectos reformistas del marqués de la Ensenada

Fernando VI, indolente como su padre, dejó el gobierno en manos de competentes consejeros españoles, entre los que destacaron el marqués de la Ensenada y José de Carvajal. El principal artífice de la política del periodo fue el marqués de la Ensenada, que permaneció en el poder runiendo las secretarías de Hacienda, Indias, Guerra y Marina, lo que permitió coordinar con mayor eficacia las medidas de gobierno.

Su propósito fue mejorar la prosperidad del país administrando adecuadamente los territorios americanos y, a la vez, reorientar la política exterior hacia el Atlántico, incrementar los ingresos del Estado y reforzar la marina y el ejército. Ya defendió la neutralidad de España para permitir la reconstrucción interior, lo que no consiguió del todo por los compromisos del III Pacto de Familia. Esta neutralidad exigía defender su independencia frente a Francia con un ejército moderno, aunque los proyectos de Ensenada en este sentido no pudieron realizarse del todo hasta el reinado de Carlos III.

Un proyecto también muy importante del marqués de la Ensenada fue tratar de implantar en Castilla una contribución única, proporcional a la riqueza, eliminando los antiguos impuestos difíciles de recaudar e intentando establecer una fiscalidad más justa. Ya mandó hacer el conocido como Catastro de Ensenada (1750), que fue un amplio estudio de los pueblos y ciudades de Castilla para la evaluación de la riqueza de cada uno y recaudar en consecuencia los impuestos. Finalmente, la contribución única no pudo ser aplicada por la oposición de los privilegiados, aunque las mejoras que se introdujeron en la organización de Hacienda mejoraron la recaudación a favor de la Corona de 5 a 27 millones de ducados anuales.

Otros aspectos del programa reformador de Ensenada fueron:

• Un amplio programa de obras públicas: un plan de construcción de carreteras de carácter radial partiendo de Madrid, del que se construyó la carretera a La Coruña, y el Canal de Castilla dentro de un plan para hacer navegable la red fluvial y mejorar los regadíos. Buena parte de estos planes se acabaron en periodos posteriores.
• Concordato con la Santa Sede: de carácter regalista, permitía el derecho de patronato universal para los altos cargos de la Iglesia, reforzando el poder real.

Finalmente, las intrigas diplomáticas hicieron caer a Ensenada, que fue destituido fulminantemente y desterrado a Granada por los supuestos planes del marqués de guerra contra Inglaterra.

El reinado de Carlos III

A la muerte de Fernando VI accedió al trono su hermano Carlos III, que venía de Nápoles, donde había reinado desde 1739, impulsando con sus colaboradores un conjunto de reformas muy marcadas por elementos de racionalización y progreso ilustrado. Carlos III significó para España la experiencia del despotismo ilustrado. Esta corriente reformista utilizaba el poder absoluto de los reyes para llevar adelante algunas de las reformas propugnadas por la Ilustración. Esta combinación de autoridad y espíritu de progreso fue más necesaria en España, ya que los ilustrados eran un grupo pequeño creado por los intereses de los nobles o por la ignorancia de las clases populares.

A pesar de todo, los ilustrados no eran revolucionarios, sino que querían mejorar la situación del pueblo y limitar los privilegios, si bien como condición para alcanzar su principal objetivo: fortalecer al Estado y el poder de los reyes. En todo caso, no estaban dispuestos a cuestionar los principios básicos sobre los que se asentaba el Antiguo Régimen.

Fases reformista o de despotismo ilustrado

Carlos III mantuvo a los secretarios de su hermanastro Fernando VI, aunque puso a un italiano, el marqués de Squillace, al frente de Hacienda. Además, ascendió a políticos de la baja nobleza como Campomanes y Floridablanca. Los nuevos ministros querían poner en marcha un programa de reformas que modernizase el país y, ya en sus informes, criticaban la amortización de las tierras, los privilegios fiscales de nobleza e Iglesia y las trabas existentes al comercio. Así, comenzaron a tomar medidas, como la recuperación de señoríos para la Corona y de nuevo estudiaron la introducción de un impuesto único.

En 1765 se decretó la libertad del precio del trigo con el propósito de incrementar la competencia y la producción, pero la medida coincidió con una mala cosecha, lo que provocó especulación, aumento de precios y escasez. El descontento subsiguiente fue aprovechado por los que se oponían a las reformas, dando lugar al conocido como Motín de Esquilache en marzo de 1766. Este motín fue una revuelta popular contra la carestía de alimentos y contra las medidas tomadas por el ministro Esquilache: limpieza urbana, alumbrado público, prohibiciones sobre el juego y sobre el uso de armas, como también sobre los sombreros gachos o inclinados y las capas largas. Sofocado el alzamiento, el rey continuó (auxiliado por Campomanes, Aranda y Floridablanca) el programa de reformas. Además, para reafirmar su autoridad decidió la expulsión de los jesuitas, acusados de haber instigado la revuelta.

Giro conservador: A partir de 1766, Carlos III dio un giro conservador a su orientación política, confiando el gobierno a hombres que evitaran cambios radicales y mantuvieran la paz social. Durante 10 años, el conde de Aranda gobernó de forma moderada, con reformas superficiales tendentes a reforzar el poder del rey y el mantenimiento del Imperio colonial. A Aranda le sucedió Floridablanca en 1776, pero éste había abandonado su posición reformista y adoptó cada vez más una postura conservadora. Los partidarios de cambios más radicales, como Olavide o Jovellanos, vieron cómo se abandonaban algunos proyectos de reforma.

En general, hubo un abismo entre el análisis de las reformas que eran necesarias en el país y las medidas que se llevaron a cabo. En la agricultura, durante todo el reinado se habló de la necesidad de reforma agraria, incluso hay un informe brillante de Jovellanos que denunciaba los perjuicios de la amortización de la tierra, pero los privilegiados se opusieron a cualquier intento de reforma que atentara contra sus privilegios y el rey tampoco estaba dispuesto a ello, por lo que finalmente hubo pocos cambios sustanciales. En cuanto a las manufacturas, se aumentó la producción de los astilleros y las fábricas de armas, y se continuó la producción de las manufacturas reales, las Reales Fábricas, grandes talleres que querían ser modelo a imitar por la industria privada, que fuesen rentables y cuyos productos pudieran exportarse. En general fabricaban productos de lujo destinados al rey y a la corte. La producción privada siguió concentrada en los talleres gremiales, con la excepción de Cataluña. La única medida significativa fue que en 1783 se declararon honestas todas las profesiones. En 1778 un decreto amplió el libre comercio colonial a la mayor parte de los puertos españoles, lo que benefició sobre todo a la industria barcelonesa. Para reorganizar las finanzas se emitieron vales reales (al 4% anual) y se creó el Banco de San Carlos.

La idea central de los ilustrados españoles fue elevar la cultura del país, elemento indispensable para superar el atraso y poder prosperar. Hombres como Feijoo, Jovellanos y sobre todo Carlos III y sus ministros se esforzaron (en contra de los jesuitas) por imponer una enseñanza útil y práctica, e incluso obligatoria en los primeros niveles, para ambos sexos. También propugnaron la reforma profunda de la enseñanza universitaria: nuevos temarios que daban importancia a las ciencias de aplicación práctica (biología, física, geología…), la concesión de becas para estudiar en el extranjero y la unificación de la enseñanza bajo el control del Estado.