Reformas Liberales y Desmantelamiento del Antiguo Régimen en la España de Isabel II

Marco Constitucional y Legislativo Inicial

Se establecieron Cámaras colegisladoras, Congreso y Senado (este último designado por el Rey), y se concedían amplios poderes a la Corona. Como la desamortización y la supresión del diezmo dejaron sin recursos económicos a la Iglesia, el Estado estableció el compromiso de financiación del culto católico y su clero. Otras leyes culminaron el entramado jurídico constitucional: la Ley de Imprenta (1837), que eliminó la censura previa, y la Ley Electoral (1837), que fijó un sistema de sufragio censitario muy restringido.

2.3 El Desmantelamiento del Antiguo Régimen

Tras la llegada al poder de José María Calatrava y los progresistas, estos se encargaron de desmantelar las instituciones del Antiguo Régimen e implantar un sistema liberal, constitucional y de monarquía parlamentaria. Una de sus actuaciones fundamentales fue la reforma agraria liberal, que se articuló en torno a tres grandes medidas:

• La disolución del régimen señorial: Implicó la pérdida de las atribuciones jurisdiccionales de los señores. Estos mantuvieron la propiedad de aquellas tierras sobre las que los campesinos no pudieron acreditar derechos de propiedad. De este modo, muchos señores se convirtieron en grandes propietarios agrarios, y los campesinos pasaron a ser arrendatarios o jornaleros.
• La desvinculación de la propiedad: Significó el fin de los patrimonios vinculados obligatoriamente y a perpetuidad a una familia (mayorazgos) o institución (manos muertas). Sus propietarios adquirieron plena libertad para venderlos en el mercado.
• La desamortización eclesiástica y civil: Concebida como un medio fundamental para conseguir recursos para el Estado mediante la venta de las tierras expropiadas a la Iglesia y, posteriormente, a los ayuntamientos.

En este contexto, Juan Álvarez Mendizábal, figura clave del progresismo, decretó en 1836 la disolución de la mayoría de las órdenes religiosas (excepto las dedicadas a la enseñanza y la asistencia hospitalaria) y la incautación del patrimonio de las comunidades afectadas. Los bienes desamortizados fueron puestos a la venta mediante subasta pública. Se podían adquirir pagando en metálico o utilizando títulos de la deuda pública.

Con estas medidas, Mendizábal pretendía alcanzar varios objetivos:

• Conseguir los recursos necesarios para financiar al ejército liberal en su lucha contra el carlismo.
• Disminuir el volumen de deuda pública al permitir su amortización con los títulos adquiridos.
• Reducir el déficit presupuestario del Estado.
• Crear una base de propietarios afectos al régimen liberal.

Además, se esperaba que a largo plazo estas medidas fomentaran el desarrollo de la agricultura, al pasar la tierra a manos de propietarios supuestamente más emprendedores y dispuestos a invertir, aunque sus resultados sociales fueron controvertidos.

Liberalización Económica

Junto a la reforma agraria, se adoptaron otras medidas encaminadas a establecer el libre funcionamiento del mercado y completar la liberalización de la economía:

• Abolición de los privilegios de la Mesta.
• Libertad de arrendamientos agrarios.
• Libertad de precios y de almacenamiento de productos.
• Abolición de los privilegios gremiales.
• Reconocimiento de la libertad de industria y comercio.
• Eliminación de las aduanas interiores.
• Abolición definitiva del diezmo eclesiástico.

Estas acciones completaron la implantación del liberalismo económico en España.

2.5 La Alternancia en el Poder y el Papel Militar

A partir de este momento, se consolidó un sistema basado en dos grandes partidos dinásticos, el Partido Moderado y el Partido Progresista, que se alternaron en el poder durante la mayor parte del reinado de Isabel II. Sin embargo, el funcionamiento del modelo político se vio fuertemente mediatizado por la intervención de destacados militares (los llamados espadones) que habían acumulado gran poder y prestigio durante las guerras carlistas, como Baldomero Espartero, Leopoldo O'Donnell o Ramón María Narváez.

Los Moderados en el Gobierno (1837-1840)

Una vez aprobada la Constitución de 1837, se convocaron elecciones, que fueron ganadas por los moderados. El gobierno moderado intentó desvirtuar los elementos más progresistas de la legislación de 1837. Para ello, prepararon una nueva ley electoral aún más restrictiva, limitaron la libertad de imprenta y, de especial importancia, impulsaron una Ley de Ayuntamientos (1840) que otorgaba a la Corona la facultad de nombrar a los alcaldes de las capitales de provincia, restando poder a la Milicia Nacional, de base popular y ligada a los progresistas. Además, se inició una legislación...