Reforma del Código Penal: El debate sobre la prohibición del proxenetismo en España

En abril de 2024, las Cortes Generales publicaron una proposición de Ley Orgánica que propone prohibir el proxenetismo en todas sus formas, mediante la modificación del artículo 187 del Código Penal. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Justicia, pretende sancionar penalmente no solo el proxenetismo coactivo o violento, sino también el que se produce con consentimiento; es decir, incluso cuando la persona que ejerce la prostitución lo hace de forma voluntaria y sin ser víctima de trata o explotación.

El conflicto ético y filosófico

Esta propuesta ha generado un profundo debate en torno a los derechos humanos, particularmente en lo que respecta a la tensión entre la dignidad humana, el consentimiento y la autonomía personal:

• Perspectiva kantiana: La dignidad es un valor intrínseco que impide tratar a la persona como medio para un fin, lo cual justificaría una prohibición absoluta del proxenetismo, independientemente del consentimiento.
• Visión liberal o utilitarista: La capacidad de decidir sobre el propio cuerpo es una expresión de libertad personal. Penalizar el proxenetismo consentido podría suponer una limitación injustificada de derechos como la autonomía, la libre elección profesional y la no injerencia del Estado en decisiones íntimas.

Perspectivas feministas y marco internacional

Asimismo, desde una perspectiva feminista, existen posiciones enfrentadas:

• El abolicionismo ve en toda prostitución una forma de violencia estructural contra las mujeres.
• El regulacionismo defiende la legalización y protección laboral de quienes ejercen el trabajo sexual voluntariamente.

El marco internacional también es complejo: el Protocolo de Palermo obliga a combatir la trata de personas, pero organizaciones como Amnistía Internacional advierten que criminalizar el entorno de la prostitución puede aumentar la inseguridad y vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales.

Conclusión

Por tanto, esta iniciativa legislativa plantea un conflicto entre valores fundamentales: la protección contra la explotación y la libertad individual. Una solución equilibrada requeriría distinguir claramente entre trata y trabajo sexual autónomo, asegurando que toda medida legal sea proporcional, respetuosa con los derechos fundamentales y eficaz en la lucha contra la explotación.