Recursos Administrativos: Características, Tipos y Procedimientos

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Lección 12: Los Recursos Administrativos

12.1 Características Generales de los Recursos Administrativos

A) Objeto y Requisitos del Escrito de Interposición

El art. 110.1 LRJPAC dispone que en el escrito de interposición del recurso administrativo habrá de figurar el nombre y apellidos del recurrente, el acto que se recurre y la razón de su impugnación; el lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y del lugar; el órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige.

B) Suspensión de la Ejecución del Acto Recurrido

El art. 111 LRJPAC prevé la suspensión de la ejecución del acto recurrido. Como regla general, la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. Queda abierta la posibilidad de que el órgano competente para conocer de la suspensión de la ejecución del acto pueda acordarla, bien de oficio o a instancia del recurrente. La decisión deberá fundarse de manera razonada en una previa ponderación entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido.

El órgano que acuerda la suspensión de la ejecución podrá simultáneamente adoptar otras medidas encaminadas a asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado. De ahí que pueda acordarse que la suspensión solo surtirá efectos si previamente el recurrente beneficiado por la misma procede a prestar caución o garantía suficiente.

La suspensión de la ejecución del acto cesará con la resolución del recurso. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que se insertó.

C) Audiencia a los Interesados

Se dará audiencia al interesado o interesados cuando concurran determinadas circunstancias. Si hubiere otros interesados, se les dará traslado del recurso para que aleguen cuanto estimen procedente.

D) Resolución del Recurso

Establece el art. 113.1 LRJPAC que la resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. Ahora bien, cuando la estimación del recurso se deba a la existencia de un vicio de forma, el órgano que resuelve puede considerar no procedente pronunciarse sobre el fondo del asunto.

2. Clases de Recursos

Existen dos clases de recursos, que pueden denominarse ordinarios (recurso de alzada y recurso de reposición), y un tercero de carácter extraordinario (recurso de revisión).

  1. El Recurso de Alzada

El recurso de alzada procede contra las resoluciones y actos de trámite en los que concurran las circunstancias que especifica el precedente art. 107.1, siempre que tales actos no pongan fin a la vía administrativa. El recurso de alzada es un recurso que se ha de interponer ante el órgano superior jerárquico del que lo dictó.

El art. 109 LRJPAC establece cuándo los actos administrativos ponen fin a la vía administrativa, enumerando los siguientes:

  • Las resoluciones de los recursos de alzada
  • Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el art. 107.2 LRJPAC
  • Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico
  • Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca
  • Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento

En todos estos supuestos, dado que los actos ponen fin a la vía administrativa, queda excluido el recurso de alzada, y el recurso a utilizar será el recurso de reposición.

El rasgo más característico del recurso de alzada es que del mismo conocerá el superior jerárquico del órgano que haya dictado el acto recurrido. El recurso lo resolverá el superior jerárquico, sin perjuicio de que el recurso pueda interponerse también ante el órgano que dictó el acto que se impugna, el cual lo remitirá al competente para resolverlo en el plazo de 10 días.

Según se trate de recurrir contra un acto expreso o contra un acto presunto:

  • El plazo será de un mes, si el acto fuera expreso.
  • El plazo será de 3 meses si no hubiera resolución expresa y se contará a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos, lo que significa que el ulterior recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa no será viable.

Por otra parte, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso es de 3 meses. La resolución del recurso de alzada es un acto que pone fin a la vía administrativa y, por tanto, frente a esa resolución no cabe ningún otro recurso administrativo, a excepción del recurso extraordinario.

  1. El Recurso Potestativo de Reposición

Frente al acto administrativo que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso de reposición. El recurso de reposición se configura como un recurso potestativo, sin que la no interposición sea obstáculo para la plena viabilidad del recurso contencioso-administrativo. Plazos para la interposición del recurso y para su resolución, los siguientes:

  • El plazo para la interposición del recurso será de un mes si el acto fuera expreso.
  • El plazo para la interposición del recurso será de tres meses si no hubiera resolución expresa y se contará a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. Contra la resolución del recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

  1. El Recurso Extraordinario de Revisión

El recurso administrativo de revisión se configura como un recurso extraordinario, dado que permite impugnar actos que han alcanzado firmeza. Las siguientes son causas de revisión:

  • Que al dictarse el acto o resolución, el órgano administrativo hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
  • Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que evidencien el error de la resolución recurrida.
  • Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
  • Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así virtud de sentencia judicial firme.

Por lo que se refiere a los plazos de interposición del recurso, cuando este se funde en la primera causa deberá interponerse dentro del plazo de 4 años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de 3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial hubiera alcanzado firmeza.

El órgano competente para la resolución del recurso es el mismo que hubiera dictado el acto o resolución recurrida. El recurso ha de ser resuelto en el plazo de 3 meses, pero transcurrido el plazo sin haberse dictado y notificado la resolución se entenderá desestimado, quedando abierta la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

4. Las Reclamaciones Previas al Ejercicio de Acciones Civiles y Laborales

Las llamadas reclamaciones previas al ejercicio o planteamiento de acciones civiles y laborales contra la Administración guardan cierta semejanza con los recursos administrativos, por cuanto se trata de procedimientos que se tramitan ante la misma con carácter previo al planteamiento de las acciones de las que han de conocer los órganos de la jurisdicción civil o social. La reclamación en vía administrativa es requisito previo al ejercicio de acciones fundadas en derecho privado o laboral contra cualquier Administración pública, salvo los supuestos en que dicho requisito esté exceptuado por una disposición con rango de ley.

Las reclamaciones no tienen carácter impugnatorio de un acto o resolución, dado que los conflictos de los que traen causa no suponen en todos los casos la existencia de un previo acto o decisión de la Administración.

La reclamación ha de plantearse ante la correspondiente Administración territorial o ante las Entidades institucionales de ella dependientes con personalidad jurídico-pública.

Cuando se trata de la reclamación previa a la vía judicial civil, el art. 122 dispone que se dirigirá al órgano competente de la Administración pública de que se trate y podrá presentarse en cualquiera de los lugares previstos para la presentación de escritos o solicitudes.

Por lo que se refiere a la instrucción, el órgano ante el que se haya presentado la reclamación la remitirá en el plazo de 5 días al órgano competente que tenga que resolver y que lo hará en unión de todos los antecedentes del asunto. Si la Administración no notifica la resolución de la reclamación en el plazo de 3 meses, el interesado podrá considerarla desestimada al efecto de formular la correspondiente demanda judicial.

Las previsiones relativas a la reclamación previa a la vía judicial laboral son prácticamente idénticas, si bien se aprecia una diferencia en lo relativo al plazo del silencio, por cuanto se reduce a un mes.

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