Recurso por omisión ante el TJUE: funcionamiento y procedimiento

Resumen

El documento explica el recurso por omisión, mediante el cual se controla la legalidad de la inactividad de las instituciones de la Unión Europea frente a los Tratados. Describe quién está legitimado para interponerlo, las dos fases del procedimiento (precontenciosa y jurisdiccional ante el TJUE) y los efectos limitados que tienen las sentencias del Tribunal.

Puntos clave

El recurso por omisión busca poner fin a la inactividad de las instituciones de la UE contraria a los Tratados.
Los Estados miembros y las demás instituciones pueden interponerlo; los particulares también, pero solo sobre actos de los que serían destinatarios y que serían impugnables por anulación.
La fase precontenciosa exige un requerimiento previo a la institución; sin él, el recurso no es admitido.
Si la institución no define su posición en 2 meses desde el requerimiento, el recurso puede interponerse en un nuevo plazo de 2 meses ante el TJUE.
Las sentencias solo declaran la existencia de la inactividad; no sustituyen la voluntad de la institución competente.
La institución debe adoptar las medidas necesarias para ajustarse a la sentencia, sin perjuicio de la posible responsabilidad extracontractual de la Unión.

Ponte a prueba

1. Recurso por omisión

El recurso por omisión tiene como finalidad controlar la legalidad de las omisiones de las instituciones de la Unión Europea. A través de este mecanismo, se busca poner fin a cualquier inactividad que resulte contraria a los Tratados.

Legitimación

En caso de que cualquier institución, órgano u organismo de la Unión se abstenga de pronunciarse sobre una violación de los Tratados, los Estados miembros y las demás instituciones de la Unión podrán recurrir al TJUE con el objeto de que declare dicha violación.

Asimismo, toda persona física o jurídica podrá interponer este recurso. En el caso de los particulares, el objeto es la no emisión de un acto del que debieran ser destinatarios, siempre que dicho acto, de haberse producido, fuese susceptible de ser impugnado a través del recurso de anulación.

Fases del recurso

Fase precontenciosa o administrativa: Consiste en el requerimiento previo a la institución, órgano u organismo correspondiente para que dicte el acto que, según los Tratados, debe emitir. Sin este requerimiento, el recurso por omisión no será admitido.
Fase jurisdiccional ante el TJUE: Si, transcurrido un plazo de 2 meses a partir de dicho requerimiento, la institución no ha definido su posición, el recurso por omisión puede ser interpuesto dentro de un nuevo plazo de 2 meses, iniciándose así la fase jurisdiccional ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Efectos de la sentencia

Las sentencias del TJUE únicamente pueden declarar la existencia de una inactividad contraria al Derecho de la Unión. En ningún caso pueden suplir la voluntad de la institución competente para dictar el acto. Serán estas instituciones quienes deban adoptar las medidas necesarias para adecuar su comportamiento a los Tratados en ejecución de la sentencia, todo ello sin perjuicio de la eventual obligación de reparar los daños causados en virtud de la responsabilidad extracontractual de la Unión.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el recurso por omisión?

Es un mecanismo para controlar la legalidad de las omisiones de las instituciones de la Unión Europea, con el fin de poner fin a una inactividad contraria a los Tratados.

¿Es obligatorio el requerimiento previo antes de interponer el recurso por omisión?

Sí. La fase precontenciosa consiste en requerir previamente a la institución para que dicte el acto; sin este requerimiento, el recurso por omisión no será admitido.

¿Qué plazos hay en el recurso por omisión?

Tras el requerimiento, la institución dispone de 2 meses para definir su posición. Si no lo hace, el recurso puede interponerse en un nuevo plazo de 2 meses ante el TJUE.

¿Puede el TJUE obligar a la institución a dictar el acto omitido?

No. Las sentencias solo pueden declarar la existencia de una inactividad contraria al Derecho de la Unión y no pueden suplir la voluntad de la institución competente.