Recurso Contencioso-Administrativo: Objeto, Plazos Legales y Casación
Objeto y Plazos del Recurso Contencioso-Administrativo
El recurso contencioso-administrativo es admisible con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración que pongan fin a la vía administrativa, sean definitivos o de trámite, si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio a derechos o intereses legítimos. También se admite el recurso contra la inactividad de la Administración.
Asimismo, es admisible la impugnación de los actos que se produzcan en aplicación de estas disposiciones generales, ya que estas disposiciones no son conformes a derecho.
Plazo para Interponer el Recurso
Los plazos según los diferentes casos son los siguientes:
- 2 meses desde el día siguiente de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.
- Si no es expreso, el plazo será de 6 meses y se contará desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
- Si el recurso se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo será de 20 días a contar desde que hubiera sido formulado requerimiento para su cesación.
- El plazo para el recurso de lesividad será de 2 meses a contar desde el día siguiente en que se declara la lesividad.
- En los litigios entre Administraciones, el plazo para interponer el recurso será de 2 meses, salvo que por ley se establezca otra cosa.
Recurso de Casación en Interés de la Ley
Se regula en los artículos 100 y 101 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Puede recaer sobre sentencias de los juzgados de lo contencioso-administrativo, de los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, resolviéndose por el Tribunal Supremo.
Se trata de un supuesto subsidiario al recurso de casación, que no procederá cuando pueda interponerse este último. Asimismo, tiene como peculiaridad la restringidísima lista de legitimados para interponerlo, entre los que se encuentran las Administraciones territoriales, las entidades y corporaciones de derecho público interesadas, y el Ministerio Fiscal.
Solo procederá el recurso cuando se pueda producir un daño al interés general o una errónea aplicación del ordenamiento jurídico, de manera que se configura como una herramienta dedicada a la depuración del ordenamiento al servicio del interés público, más que a la satisfacción de las pretensiones de las partes.