Procedimiento Sancionador Administrativo: Fases, Sanciones y Garantías en España

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Procedimiento sancionador administrativo

Las sanciones administrativas se imponen a través de un procedimiento, que debe cumplir una doble función: por un lado, su funcionalidad para la correcta determinación de los hechos y de las circunstancias personales del inculpado; y, por otro, la prestación de un conjunto de garantías de defensa.

La LRJAP regulaba solo sus principios y permitía a las normas sectoriales que, para cada caso, pudieran dictar el Estado y las CC.AA. Así surgió el Real Decreto 1398/1993, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en el que se establece de forma completa el procedimiento. Aunque dicho Reglamento se autoatribuye valor meramente supletorio de las que se regulen en las normas sectoriales que dicten no ya el Estado y las CC.AA., sino incluso las entidades locales.

Estructura del procedimiento

a) Actuaciones previas

Se establece que, antes de iniciar el procedimiento, los órganos que tengan atribuidas las funciones de investigación e inspección en la materia podrán realizar actuaciones dirigidas a determinar previamente si concurren circunstancias que justifiquen la incoación del procedimiento.

b) Iniciación

Se inicia de oficio por el órgano competente (art. 11 RPS). El acuerdo de iniciación debe contener:

  • La identificación del sujeto o sujetos presuntamente responsables.
  • Los hechos, su posible calificación y las sanciones aplicables.
  • El nombre del instructor y del secretario, y el órgano competente para resolver, con la norma que le atribuye dicha competencia.
  • Las medidas provisionales que se acuerden.

Si el inculpado reconoce voluntariamente su responsabilidad, y no efectúa alegaciones en el plazo previsto, dicho contenido podrá considerarse propuesta de resolución, siempre que contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada (art. 13 RPS).

El acuerdo de iniciación se notificará al instructor, al denunciante y a los interesados.

c) Medidas provisionales

El órgano competente podrá adoptar las medidas provisionales necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final (art. 136 LRJPAC y 15 RPS).

d) Instrucción

La instrucción se inicia con las alegaciones del interesado sobre el acuerdo de iniciación, que deberá formular en el plazo de 15 días desde el día siguiente a la notificación de la iniciación (arts. 16 y 17 RPS).

Cuando el órgano instructor reciba el escrito de alegaciones, puede acordar abrir un periodo de prueba por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10.

En cuanto a las pruebas, debemos mencionar el valor probatorio que se les reconoce a los hechos constatados por funcionarios y que se formalicen en documento público (art. 137 LRJPAC).

La instrucción termina con la propuesta de resolución que formula el órgano instructor, en la que debe fijar los hechos declarados probados, la persona o personas que resulten responsables y la sanción.

La propuesta de resolución y la copia del expediente se dan a los interesados, quienes tienen 15 días para formular alegaciones. Cuando acaben las alegaciones, se remitirán todos los documentos al órgano competente (arts. 18 y 19 RPS).

e) Terminación

El procedimiento terminará con la resolución que dicte el órgano competente en un plazo de 10 días, que debe ser motivada y decidir todas las cuestiones, y se notificará a los interesados en el plazo máximo de 6 meses desde la iniciación (art. 20 RPS y art. 138 LRJPAC).

Concepto de sanción

La sanción es el mal infligido por la Administración al administrado como consecuencia de una conducta ilegal. Su finalidad es represiva o de castigo de la infracción, y preventiva para evitar conductas similares.

Las sanciones administrativas son actos de gravamen. Tienen finalidades como la de restaurar la cosa alterada por la conducta ilícita, la de reponer las cosas a su situación legal, o la revocación de una licencia de actividad.

Medidas sancionadoras

Multa

Es la medida más habitual. La sanción pecuniaria consiste en la imposición al infractor de la obligación de pagar una cantidad de dinero. El principio de legalidad impone que, en el ámbito sancionador, la cuantía de la multa esté predeterminada por la ley, aplicando el principio de proporcionalidad, de modo que en ningún caso la infracción pueda suponer un beneficio económico para el infractor.

La prohibición de penas de privación de libertad

En la actualidad se prohíbe en el ámbito administrativo la imposición de sanciones que impliquen privación de libertad (art. 25 CE y art. 131.1 LRJPAC).

Medidas accesorias

Incapacitaciones o inhabilitaciones

Consisten en privar al sujeto sancionado de la capacidad para ser titular de relaciones administrativas (RDL 3/2011), lo que prohíbe al sujeto responsable contratar con las administraciones públicas, a los sancionados con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado o por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.

La norma puede prever como medida accesoria a la sanción la inhabilitación del sujeto infractor para ser beneficiario de subvenciones o ayudas públicas.

Responsabilidad civil derivada de las infracciones administrativas

Los sujetos infractores pueden incurrir en responsabilidad civil por los daños causados a la Administración. El infractor tiene la obligación de resarcir a la Administración por los daños causados. El art. 130.2 LRJPAC dice que las responsabilidades derivadas del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de reponer a su estado original la situación alterada y con la indemnización por daños y perjuicios causados.

La incidencia de la Constitución

Tras la promulgación de la Constitución se produce la modificación del modelo de Estado, lo que comportará que la Administración pública y laboral deba someterse a una profunda reestructuración.

Primer lugar

Hay que partir de las importantes prescripciones que contienen los artículos 9, 103 y 106 CE.

Segundo lugar

La creación del modelo autonómico, la existencia de las tres administraciones territoriales (Administración del Estado, Administración de las CC.AA. y Administración local). El artículo 137 CE establece que las administraciones gozarán de autonomía para la gestión de sus propios intereses. Se reorganizará la Administración local, distribuyéndose entre el Estado y las CC.AA. según los artículos 148 y 149 CE.

Tercer lugar

El artículo 117 CE proclama que el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a jueces y tribunales, establece la independencia del poder judicial y el principio de unidad jurisdiccional. De ello se desprende que ningún otro poder puede ejercer funciones jurisdiccionales.

Cuarto lugar

La Constitución contiene una serie de preceptos directamente relacionados con la materia laboral y social, que conectan indefectiblemente con ciertos ámbitos de intervención de la Administración pública en esta materia. Destacamos los siguientes:

  • En su Título Preliminar, los preceptos relativos a los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales, y al deber de los poderes públicos de respeto y libertad del individuo y de los grupos en que se integra (arts. 7 y 9).
  • Título I, de los derechos y deberes fundamentales: art. 10, relativo a la dignidad de la persona y a la interpretación de las normas sobre derechos fundamentales y libertades públicas de conformidad con la Declaración de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España.
  • Capítulo 2, Título I: derechos y libertades (art. 14).
  • Sección 1, Capítulo 2, Título I: de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (arts. 19, 139.2 y 28).
  • Sección 2, Capítulo 2, Título I: de los derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 35, 37, 38).
  • Capítulo 3, Título I: de los principios rectores de la política social y económica (arts. 40, 41, 42, 43, 49, 50).

No obstante, además de los preceptos constitucionales mencionados, hay otros muchos que pueden tener incidencia en materia laboral y social, de los que igualmente puede desprenderse la necesidad de intervencionismo público en este ámbito, tales como: art. 21, relativo al derecho de reunión pacífica; art. 20.1, derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones; art. 13.1, sobre el reconocimiento a los extranjeros de las libertades públicas; y art. 24.1, relativo al derecho a la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales.

Competencias en materia laboral y social

La Constitución consolida el Estado autonómico, lo que implicaría la distribución de competencias en materia laboral y social entre el Estado y las CC.AA., y la organización de la administración laboral en base al nuevo modelo.

El Estado tiene competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (art. 149.1.1ª CE).

El Estado, conforme al art. 149.1.7ª, tiene competencia exclusiva sobre legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las CC.AA., que tendrán atribuida la competencia para ejecutar la normativa laboral. La competencia legislativa estatal comprende tanto la aprobación de leyes formales como la elaboración de reglamentos (SSTC 18/1982, 39/1982, 249/1988).

Según el art. 148.1.1ª, las CC.AA. podrán dictar normas de autoorganización, ya que podrán asumir competencias en lo que respecta a la organización de sus instituciones de autogobierno.

El art. 149.1.2ª determina la competencia exclusiva del Estado en materia de inmigración, emigración y extranjería.

El art. 149.1.3ª otorga la competencia para la celebración y ratificación de tratados internacionales en materia laboral y social.

El art. 149.1.16ª otorga al Estado la competencia exclusiva en cuanto a la sanidad exterior y a las bases y coordinación general de la sanidad.

El art. 149.1.17ª le atribuye la competencia en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social. También hay que tener en cuenta el art. 149.3.

En relación con las CC.AA.

  • El art. 148.1.13ª señala que las CC.AA. podrán asumir competencias en lo referente al fomento del desarrollo económico de la comunidad dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.
  • El art. 148.1.20ª determina que podrán asumir competencias en materia de asistencia social.
  • El art. 148.1.21ª establece que podrán asumir competencias en materia de seguridad e higiene.

Principio de proporcionalidad

El principio de proporcionalidad exige la adecuación de los medios empleados a los fines perseguidos y es de trascendental importancia en el derecho administrativo sancionador, ya que lo normal es que se regulen las sanciones de forma flexible, otorgando a la Administración un cierto margen de apreciación para la graduación de la sanción según la entidad de la infracción y de sus efectos.

La LRJPAC recoge este principio en el art. 131.3, al disponer que «en la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas, se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:

  • a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
  • b) La naturaleza de los perjuicios causados.
  • c) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme».

El mismo principio se ha tenido en cuenta al decir en el art. 131.2 que «el establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas».

Non bis in idem

El non bis in idem supone la imposibilidad de imponer, sobre la base de los mismos hechos, dos o más sanciones administrativas, o una administrativa y otra penal. Cabe destacar que el Tribunal Constitucional lo declara como un principio general derivado de los principios de legalidad y tipicidad recogidos en el artículo 25.1 CE (STC de 30 de enero de 1981).

La LRJPAC en el art. 133 expresa que «no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento». Aunque se admite la doble sanción penal y administrativa en los supuestos de las relaciones de sujeción especial cuando los hechos tengan distinto fundamento.

Ante la concurrencia, prima la sanción penal: si en cualquier momento del procedimiento se estima que los mismos hechos pueden ser constitutivos de sanción penal cuando exista además identidad de sujeto y fundamento, el procedimiento administrativo sancionador se suspenderá hasta tanto no recaiga resolución judicial penal (art. 7). Cuando la sanción judicial penal fuese absolutoria, se puede continuar con los trámites del procedimiento administrativo sancionador, y la Administración está vinculada a los hechos probados que la sentencia penal contenga (art. 137.2 LRJPAC).

En el caso de que los mismos hechos estén tipificados en dos leyes administrativas, se aplicará la norma que imponga la sanción más grave, por lo que no son sanciones independientes entre sí, o la sanción más grave.

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