Procedimiento de Revisión de Oficio de Actos Administrativos: Concepto y Alcance

La Revisión de Oficio de Actos Administrativos

1. Concepto de Revisión de Oficio

La revisión de oficio puede realizarse en cualquier momento; es decir, no existe un plazo preestablecido para revisar un acto administrativo de oficio. Esta revisión puede ser iniciada por iniciativa propia de la Administración o a petición del interesado.

Requisitos para la Revisión de Oficio

Para que proceda la revisión de oficio, es imprescindible contar con el informe favorable del Consejo de Estado o del órgano equivalente en la Comunidad Autónoma correspondiente (por ejemplo, el Consejo de Navarra). Este requisito aplica tanto a los actos administrativos como a las disposiciones generales. Dicho informe es un garante de la legalidad de la revisión; si no se obtiene, esta se entenderá desestimada.

Una vez obtenido dicho informe favorable, las Administraciones Públicas podrán declarar la nulidad de los actos administrativos que:

• Hayan puesto fin a la vía administrativa.
• Contra los cuales no se haya interpuesto el recurso correspondiente.

Esto siempre y cuando se trate de supuestos previstos en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015. Lo mismo aplica a las disposiciones generales, conforme a lo estipulado en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015.

Plazos en la Revisión de Oficio

Cuando la revisión de oficio se inicia a instancia de la Administración, el procedimiento caduca si transcurren seis meses sin resolver y notificar. Si la revisión se inicia a petición del particular, se entiende desestimada al transcurrir esos mismos seis meses.

2. El Alcance de la Revisión de Oficio

Según el artículo 106.1 de la Ley 39/2015, la revisión de oficio alcanza a todos los actos administrativos que son nulos de pleno derecho. Estos actos son los recogidos en el artículo 47 de dicha ley, e incluyen:

• Los actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
• Los actos dictados por un órgano manifiestamente incompetente, ya sea por materia o por territorio.
• Los actos que tengan contenido imposible (física, material o lógicamente).
• Los actos que constituyan una infracción penal.
• Los actos que prescindan completamente del procedimiento administrativo.
• Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico, por los cuales se adquiere una facultad o derecho careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición.

Finalmente, en los casos en que proceda, las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de un acto, podrán establecer en la misma resolución las indemnizaciones que deban reconocerse a los interesados, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 32.2 de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público.

3. La Declaración de Lesividad de los Actos Anulables

Las Administraciones Públicas tienen la potestad de impugnar ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (JCA) los actos favorables para los interesados que sean anulables, conforme a lo dispuesto en el artículo 48, pero solo previa su declaración de lesividad para el interés público. Es importante recordar que las disposiciones generales, en su caso, son siempre nulas, nunca anulables.

Plazos y Recursos en la Declaración de Lesividad

El plazo para realizar la declaración de lesividad es de cuatro años. Por otro lado, el plazo para resolver es el mismo que en la revisión de oficio: seis meses. Hay que tener en cuenta que la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a efectos meramente informativos.