Decomiso y responsabilidad civil derivada del delito en el Código Penal español

El Decomiso en el Código Penal Español

Los artículos 127 y siguientes del Código Penal (CP) regulan la institución del decomiso. Este consiste en la pérdida de los efectos del delito, de los bienes, medios o instrumentos con que se haya ejecutado, o de las ganancias que provengan del mismo. Los bienes decomisados se venden para cubrir la responsabilidad civil del penado y, si no se pueden vender, se les dará el destino que se disponga legal o reglamentariamente.

Decomiso Ampliado (Art. 127 bis CP)

Destaca el denominado decomiso ampliado, que conlleva el decomiso de bienes, efectos y ganancias pertenecientes a una persona condenada por uno de los delitos indicados en este mismo precepto.

Decomiso sin Condena Penal (Art. 127 ter CP)

También se contempla el decomiso sin condena penal, que permite al juez o tribunal acordar el decomiso cuando la situación patrimonial ilícita quede acreditada en un proceso contradictorio.

Decomiso de Bienes Transferidos a Terceros (Art. 127 quater CP)

Otro supuesto diferente es el regulado en el art. 127 quater CP. En este precepto se establece el decomiso de bienes, efectos o ganancias que hayan sido transferidos a terceras personas, o de un valor equivalente a los mismos.

Excepciones al Decomiso

Finalmente, existen dos excepciones para no decretar el decomiso:

• Que los efectos o instrumentos que provienen del delito pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito, que los haya adquirido legalmente.
• Que los efectos o instrumentos sean de lícito comercio y su valor no guarde proporción con la naturaleza o gravedad de la infracción penal, o se hayan satisfecho completamente las responsabilidades civiles.

La Responsabilidad Civil Derivada del Delito

Al sujeto que comete un hecho delictivo se le exige responsabilidad criminal, pero, además, se deriva responsabilidad ex delicto o extracontractual. Ambas responsabilidades serán declaradas en la sentencia por el Juez de lo Penal. El Código Civil señala la distinción entre acto ilícito civil y acto ilícito penal (arts. 1092 y 1903). No toda comisión de un delito o falta genera responsabilidad civil, sino únicamente cuando se deriven daños o perjuicios de la infracción penal.

La responsabilidad penal y la responsabilidad civil atienden a fines diferentes: con la pena se responde frente al Estado y a la colectividad, mientras que mediante la responsabilidad civil se pretende reparar o compensar los efectos que el delito ha tenido sobre la víctima y sobre cualquier otro perjudicado.

Formas de Hacer Efectiva la Responsabilidad Civil (Art. 110 CP)

El artículo 110 del CP establece tres vías para hacer efectiva la responsabilidad civil:

1. Restitución: Consiste en la devolución del bien a su legítimo poseedor. Es la primera vía por la que se debe optar de acuerdo con el art. 111 CP.
2. Reparación del daño: Según el art. 112 CP, podrá consistir en obligaciones de dar, de hacer o de no hacer que el Juez o Tribunal establecerá atendiendo a la naturaleza de aquél y a las condiciones personales y patrimoniales del culpable.
3. Indemnización de perjuicios materiales y morales: El art. 113 CP establece que se indemnizarán “no sólo los que se hubieren causado al agraviado, sino también los que se hubieren irrogado a sus familiares o a terceros”.

Sujetos Civilmente Responsables (Arts. 116 a 122 CP)

Los arts. 116 a 122 CP indican quiénes son las personas civilmente responsables por la comisión de un delito. Los arts. 120 y 121 CP regulan la denominada responsabilidad civil subsidiaria, asumida por personas distintas a las que cometen el delito para suplir la insolvencia de los responsables criminales.

Receptación Civil (Art. 122 CP)

Finalmente, el art. 122 CP contempla la denominada receptación civil. Está prevista para aquellos sujetos que, sin intervenir en la comisión del delito, tienen la posesión de una cosa o se benefician del delito. La receptación civil presupone que una persona se beneficia de los efectos del delito, pero sin conocimiento de su origen ilícito.

Las Costas Procesales

El proceso judicial lleva consigo una serie de gastos que debe asumir, generalmente, el condenado. En principio, cada parte debe abonar los gastos que vaya generando la defensa de sus intereses en el juicio. Será la sentencia que ponga fin al procedimiento penal la que imponga al que pierde el juicio la obligación de abonar al vencedor las costas que le ha originado la tramitación del procedimiento.