Procedimiento administrativo: concepto, tipos, iniciación y resolución

El procedimiento administrativo es el instrumento para la producción de actos administrativos y resulta de un conjunto de normas que prescriben la forma de elaboración, los requisitos de validez y eficacia, los modos de revisión y los medios de ejecución de los actos administrativos, así como las garantías de los particulares en su relación con la administración pública.

El procedimiento administrativo consiste en la combinación de actuaciones realizadas por la administración y por los ciudadanos. De la importancia de disponer de un procedimiento administrativo nos da idea el hecho de que la propia Constitución se ocupe del tema.

1.2. Fines del procedimiento

1. Favorecer la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos de una forma rápida, ágil y flexible.
2. Garantizar los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, que pudieran verse dañados por el actuar de la administración.
3. Posibilitar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones por el poder público.

1.3. Clases de procedimientos

• Procedimiento común: es un procedimiento básico, aplicable con carácter general.

El procedimiento administrativo común ha sido definido por el Tribunal Constitucional como la estructura general del iter procedimental que debe seguirse para la realización de la actividad jurídica de la administración. La regulación del procedimiento administrativo común está encomendada por la Constitución al Estado.

• Procedimientos especiales: limitan su ámbito de aplicación a campos determinados de la actuación administrativa.

En razón de su forma y del tiempo que se emplea en su tramitación se habla de:

• Procedimientos ordinarios.
• Procedimientos de urgencia.

2.1. Iniciación del procedimiento (puede iniciarse de 2 formas)

1. De oficio
2. Mediante solicitud de persona interesada

La iniciación de oficio tiene lugar cuando es la propia administración la que lo pone en marcha. Esto sucederá normalmente cuando se trate de actuaciones administrativas que no tienen alguna relación directa con la actividad de ciudadanos concretos, como es el caso de la realización de una obra pública.

La iniciación mediante solicitud requiere que la persona solicitante tenga capacidad de obrar ante las administraciones públicas. Tal capacidad la tienen los mayores de edad, y los menores si se trata de ejercer o defender algunos de sus derechos o intereses.

También es posible que la solicitud sea hecha a través de un representante, con lo cual se entenderá en adelante con la administración.

Las solicitudes deben contener una serie de datos mínimos:

• a) Nombre y apellidos del interesado, así como su domicilio o indicación de un lugar al que la administración pueda dirigir sus notificaciones.
• b) Descripción concreta y clara de lo que se solicita y de los hechos o razones que llevan a solicitarlo.
• c) Lugar y fecha en que se formula la solicitud.
• d) Firma del solicitante.
• e) Órgano administrativo al que se dirige la solicitud.

2.2. Ordenación del procedimiento

Las actuaciones procedimentales precisan estar adecuadamente organizadas como condición para que el procedimiento cumpla su función de cauce de la actividad administrativa. De ahí que en la ordenación del procedimiento tengan clara repercusión los principios generales de la actuación administrativa: objetividad, eficacia, jerarquía, servicio de los intereses generales y sometimiento pleno a derecho.

La aplicación de estos principios generales determina que:

1. El procedimiento se impulsa de oficio en todos sus trámites. No es necesaria ninguna nueva gestión del interesado para que el procedimiento avance.
2. En la tramitación de los expedientes se guarda riguroso orden entre asuntos de naturaleza similar.
3. En aras de la claridad del procedimiento se establece que todos los trámites que lo permitan por su naturaleza, y no sea obligado su cumplimiento sucesivo, sean realizados simultáneamente.

Resolución: es la denominada forma normal de terminación, mientras que las otras 3 se califican de anormales.

La resolución debe contener los siguientes elementos:

1. Decisión propiamente dicha.
2. Recursos que procedan.
3. Órgano ante el que cabe interponerlos.
4. Plazo para la interposición.