El Procedimiento Administrativo: Concepto, Principios y Actores Clave en la Gestión Pública

El Procedimiento Administrativo: Concepto, Principios y Actores Clave

1. Concepto, Evolución Histórica y Regulación Actual del Procedimiento Administrativo

El procedimiento administrativo es el cauce formal que la norma predetermina para la producción de disposiciones o resoluciones administrativas. Dicho de otro modo, son trámites de distinto alcance y contenido, cuyos efectos jurídicos están vinculados entre sí para la producción de una decisión administrativa.

La obligación de seguir un procedimiento determinado se concibe como una garantía fundamental tanto para la Administración Pública (AP) en la realización de intereses públicos, como para los administrados en la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Históricamente, la primera ley del procedimiento administrativo en España es la conocida como Ley de Azcárate del 19 de octubre de 1898. Actualmente, la regulación principal se encuentra en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que deroga y actualiza la anterior Ley 30/1992.

2. Fundamento y Principios del Procedimiento Administrativo

El procedimiento administrativo encuentra su fundamento constitucional en los artículos 105 y 149.1.18 de la Constitución Española (CE) y su desarrollo legal en la mencionada Ley 39/2015. En esta ley coexisten numerosas reglas especiales de procedimiento aplicables a la realización de cada tipo de acto administrativo.

Los principios que rigen el procedimiento administrativo son obligaciones para la Administración Pública y, a su vez, garantías esenciales para el administrado. Entre los más destacados se encuentran:

• Principio de Contradicción: Es un principio capital desde el punto de vista de las garantías particulares, asegurando que todas las partes puedan presentar sus argumentos y pruebas.
• Principio in dubio pro actione: Favorece la interpretación más favorable al ejercicio de la acción por parte del ciudadano.
• Principio de Oficialidad: Impulsa el procedimiento de oficio por parte de la Administración, sin necesidad de impulso constante de los interesados.
• Principio de Publicidad: Garantiza la transparencia y el acceso a la información del procedimiento, con las limitaciones legalmente establecidas.
• Principio de Eficacia y Eficiencia: Busca la consecución de los fines públicos con el menor coste de recursos y tiempo posible.
• Principio de Proporcionalidad: Las medidas adoptadas deben ser adecuadas y necesarias para el fin perseguido.
• Principio de Buena Fe y Confianza Legítima: Exige una actuación leal y coherente por parte de la Administración.

3. Clases de Procedimiento Administrativo

Los procedimientos administrativos pueden clasificarse atendiendo a diversos criterios:

3.1. Por su Grado de Vinculación

• Procedimientos de Primer Grado: Son aquellos en los que la Administración Pública está ejercitando directamente una potestad administrativa (ej., otorgar una licencia, imponer una sanción).
• Procedimientos de Segundo Grado: Son los que están vinculados a un procedimiento anterior, generalmente para revisar o impugnar una decisión ya adoptada (ej., el procedimiento para resolver un recurso administrativo).

3.2. Por la Posición de la Administración

• Procedimientos Ordinarios: La Administración Pública actúa como "juez" frente a los interesados, resolviendo una cuestión que le afecta directamente (ej., un procedimiento sancionador).
• Procedimientos Triangulares: La Administración Pública actúa como "árbitro" entre particulares con intereses contrapuestos, buscando una solución equitativa (ej., procedimientos de mediación o arbitraje en ciertos ámbitos).

3.3. Por la Naturaleza de la Decisión

• Procedimientos Selectivos o de Concurrencia Competitiva: La resolución requiere la comparación de diferentes propuestas o solicitudes en un mismo procedimiento, atendiendo a los criterios fijados en la norma (ej., procedimiento de selección de funcionarios públicos, concursos para la adjudicación de contratos).

4. Los Interesados en el Procedimiento Administrativo

La Ley 39/2015 establece quiénes tienen la condición de interesados en un procedimiento administrativo. Se consideran interesados:

• Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
• Quienes, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
• Quienes, con sus intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

Tradicionalmente, se distinguía entre titulares de derechos subjetivos (interesados necesarios) y de intereses legítimos (interesados facultativos). Sin embargo, como resultado de lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Española, se difumina esta distinción, y tanto la Administración Pública como la jurisprudencia interpretan las cláusulas del interés de manera amplia y extensiva, facilitando la participación ciudadana.

4.1. Derechos de los Ciudadanos en el Procedimiento Administrativo

Los ciudadanos, en su condición de interesados, gozan de una serie de derechos fundamentales en el procedimiento administrativo, entre los que destacan:

• A conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copias de los documentos.
• A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
• A obtener una copia sellada de los documentos que presenten, así como la devolución de estos cuando proceda.
• A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma.
• A formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
• A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento del que se trate o que ya obren en poder de la Administración.
• A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos que se propongan realizar.
• Al acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en los términos previstos en la Constitución y las leyes.
• A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios.
• A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.

Estos derechos se complementan con el resto de garantías y derechos reconocidos en la Constitución Española y las leyes específicas.