Privatización del Mar Chileno: El Escándalo de Corrupción Detrás de la Ley de Pesca

El Origen de la Ley Longueira y la Crisis Pesquera (2010)

A finales de 2010, la situación del mundo pesquero estaba colapsando, pues la sobreexplotación de recursos provocó que hubiera más peces en el supermercado que en el mar mismo. Por eso, el expresidente Piñera le pidió a su entonces ministro de Economía, Pablo Longueira, redactar una nueva ley que regulara y se adaptara al nuevo escenario pesquero del país.

Las Licencias Transables de Pesca (LTP)

Esta ley instaló las Licencias Transables de Pesca (LTP), lo que en resumen significa otorgar licitaciones a quienes poseen los recursos en la industria pesquera. Estas licencias son de duración indefinida y completamente transferibles (es decir, se pueden vender a otros).

Impacto en la Pesca Artesanal

Por otro lado, a los pequeños pescadores artesanales también se les aseguró algo, pero mínimo: solo una milla para explotar y trabajar. Por esta razón, se afirma que esta ley se encargó de privatizar los recursos marinos, entregando el derecho de pesca y explotación a quienes tienen recursos de manera gratuita y casi total.

El Costo de la Expropiación

Si en el futuro el Estado quisiera expropiar estos recursos, tendría que indemnizar por miles de millones de dólares a la industria pesquera. Es decir, se debe indemnizar con millones de dólares a quienes ya tienen millones de dólares y podrán heredar sin posibilidad de competir a sus parientes.

Aprobación y Escándalo de Corrupción

Movilización Ciudadana y Votación

Durante 2012 se levantaron fuertes campañas en contra de esta ley, alzándose una potente movilización a nivel nacional, pero no sirvió de mucho, pues terminó aprobándose de todas formas. Es decir, la oposición no tuvo efecto. Prácticamente, el Estado le regaló el mar a un par de empresas privadas.

El Descubrimiento del Cohecho

Tres años después de estos sucesos, las cosas comienzan a tener algo de sentido. Gracias al remezón político de los casos SQM y Penta, se descubrió que diversas empresas pesqueras estuvieron corrompiendo económicamente a parlamentarios que, en ese entonces, tramitaban la “Ley Longueira”.

Lobby y Financiamiento Ilegal

La investigación reveló un lobby horroroso que existía entre el mundo privado y los congresistas. Se supo que, mientras se discutía la ley, muchos abogados y lobistas de empresas pesqueras fueron acreditados como “asesores” de los diputados dentro del Parlamento.

Casos de Parlamentarios Involucrados:

• Marta Isasi (UDI): En 2013, fue la primera en caer. Fue acusada de recibir 25 millones de pesos para una campaña electoral de manos de Corpesca, poco antes de la tramitación de la ley.
• Jaime Orpis (UDI): Fue uno de los involucrados más notorios. Se introdujo sutilmente en las sesiones de la Comisión de Pesca del Senado, a pesar de no ser parte de ella. Orpis recibió casi 100 millones de pesos entre 2008 y 2013 de manos de Corpesca, a través de tres de sus asesores y de una fundación que preside su esposa.

Reacción Política y Posibilidad de Derogación

Frente a las acusaciones, la entonces presidenta Bachelet anunció la participación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para la revisión de esta ley.

El Rol Limitado de la FAO

Sin embargo, la FAO no es un ente fiscalizador internacional; es solo una ONG que presta servicios a nivel técnico. Por lo tanto, es imposible hasta el momento que la ley sea derogada, pese a las múltiples pruebas que demuestran que su aprobación atendió a intereses del sector privado y fue concebida bajo el seno del cohecho.