Principios organizativos de las Administraciones Públicas: descentralización, desconcentración y jerarquía
Principios organizativos de las Administraciones Públicas
1. Principio de descentralización
La Constitución, en su artículo 103.1, declara la descentralización como uno de los principios que informan el sistema de la Administración Pública. La doctrina entiende por descentralización la transferencia de competencias entre dos Administraciones Públicas. Se distinguen dos clases:
a) Descentralización territorial
Es la tradicional y opera entre Administraciones Públicas territoriales con un marcado carácter político. Está vinculada a la configuración del Estado español como Estado autonómico, que garantiza el pluralismo político territorial.
b) Descentralización funcional
También denominada institucional o especializada, responde a una finalidad exclusivamente técnica: se trata de crear un instrumento al servicio de una gestión más ágil y eficaz de los servicios y funciones públicas. Al atribuirse personalidad jurídica propia a una parte de la organización administrativa, los actos de la nueva entidad se imputan jurídicamente a ella y no a la Administración matriz, lo que permite a esta última la gestión especializada de los servicios y funciones públicas.
La doctrina señala que la llamada descentralización funcional constituye una descentralización ficticia, pues la entidad que se crea presenta un carácter instrumental frente a la entidad matriz, de modo que su autonomía es meramente formal.
La traslación de competencias de la Administración general a la especializada no parece obedecer al principio constitucional de descentralización, sino a los principios de eficacia y objetividad, según se trate de Administraciones instrumentales o independientes, respectivamente.
El principio de descentralización, como expresión del pluralismo político territorial, presenta dos vertientes:
- Estructural: consiste en la creación de las comunidades políticas y, en consecuencia, de Administraciones Públicas generales. Así se organiza el Estado de forma estable.
- Dinámica: consiste en la transferencia de competencias de una comunidad política mayor a otra menor y, en consecuencia, entre sus Administraciones Públicas generales. La entidad que cede sus competencias se reserva la titularidad última sobre las mismas, así como determinadas potestades de control sobre la entidad delegataria, si bien debe respetar la autonomía de gestión de esta última.
2. Principio de desconcentración
Se entiende que existe desconcentración cuando hay una mayor atribución de competencias resolutorias en los órganos inferiores. El artículo 103.1 de la Constitución declara su preferencia por la desconcentración como principio del sistema administrativo.
Consiste en trasladar competencias de órganos superiores a órganos jerárquicamente dependientes. Es una operación que se agota en el seno de una Administración Pública y presenta un marcado carácter técnico, con la finalidad de descongestionar el trabajo de los órganos superiores.
El principio de desconcentración presenta dos manifestaciones:
- Las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos, en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.
- Si alguna disposición atribuye competencia a una Administración sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio y, de existir varios de estos, al superior jerárquico común.
La desconcentración propiamente dicha debe significar algo más, y ese algo más se encuentra en que la operación de desconcentración debe tener una relevancia directa para los ciudadanos. Esta relevancia existirá cuando la traslación de competencias opere tanto entre órganos subordinados como entre órganos centrales y órganos periféricos de la Administración de que se trate, pues en tal caso se produce un claro beneficio para los administrados al contar con una Administración más próxima.
3. Principio de jerarquía
Concepto y ámbito
Desde el punto de vista de su organización interna, cada Administración constituye una estructura de órganos vinculados por relaciones de supra y subordinación que conforman una organización de tipo piramidal. Esta subordinación no es contraria al principio democrático, sino que es una exigencia de este, pues garantiza que las decisiones adoptadas en el vértice de la pirámide organizativa por los órganos de gobierno sean ejecutadas por los órganos y agentes de la Administración Pública.
El artículo 103.1 de la Constitución recoge el principio de jerarquía como uno de los principios que informan el sistema administrativo. Su ámbito se reduce al seno de la misma Administración, es decir, a las relaciones intraorgánicas. Incluso no juega en todo tipo de relaciones intraorgánicas, pues cuando se establece la distribución funcional de la competencia o teniendo las mismas competencias materiales, sus competencias se circunscriben a ámbitos territoriales diversos. En tales casos, el principio que va a presidir la relación será el de competencia.
Funcionamiento
El principio de jerarquía no funciona siempre de forma incondicionada, pues en ocasiones la relación jerárquica se presenta debilitada. Esto sucede cuando el órgano inferior es titular de competencias de carácter exclusivo debido a su condición técnica, como ocurre en las actividades prestacionales basadas en la competencia profesional. Algunas normas sectoriales establecen que determinados funcionarios o agentes de la autoridad actúan en el ejercicio de sus funciones con autonomía. No existe entonces una verdadera relación de jerarquía, sino de dirección, que únicamente permite a los órganos superiores un condicionamiento externo de la actividad.
Técnicas de mando o dirección
El principio de jerarquía es fundamento de diversas potestades o técnicas de dirección y control de la actividad de los subordinados por parte de los superiores. Estas técnicas tienen por objeto dirigir u ordenar la actividad de los órganos inferiores.
- La orden de servicio consiste en la imposición de una conducta al órgano o unidad inferior en relación con un asunto o conjunto de asuntos. Su incumplimiento o desobediencia puede constituir una infracción disciplinaria de carácter grave o muy grave, e incluso, si es una desobediencia abierta, de carácter penal. El incumplimiento de la orden de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos.
La instrucción
Las instrucciones y circulares presentan un carácter general, pues se dirigen a una serie de órganos subordinados. Estas técnicas tienen como finalidad establecer pautas, criterios de actuación y de interpretación de la legislación por la que deben regirse los órganos y las unidades administrativas dependientes del órgano que las dicta, al objeto de garantizar una aplicación homogénea de las normas.
No constituyen normas reglamentarias, por lo que pueden ser dictadas por órganos administrativos que carezcan de potestad reglamentaria, sin necesidad de seguir el procedimiento de elaboración de los reglamentos y no precisan ser publicadas en un diario oficial. No obstante, la LRJPAC dispone que cuando la disposición legal o reglamentaria así lo establezca, o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones se publicarán en el periódico oficial que corresponda. Así, serán objeto de publicación las instrucciones que comporten la interpretación de Derecho positivo o de los procedimientos vigentes, a efectos de que puedan ser alegadas por los particulares en sus relaciones con la Administración. Si bien es claro que esta publicación no constituye requisito de eficacia de las instrucciones, sino que tiene la función de transparencia e información administrativa.
En cuanto a sus efectos, las instrucciones no vinculan a los particulares, aunque su incumplimiento podrá constituir una infracción disciplinaria de carácter leve por incumplimiento de deberes y obligaciones. El incumplimiento de las instrucciones no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, teniendo como únicos destinatarios a los órganos jerárquicamente subordinados a los que imparten determinados criterios de actuación.