Principios constitucionales del Poder Judicial en España: Título VI de la Constitución
T.5 Principios constitucionales del Poder Judicial:
El Título VI de la Constitución Española regula el conjunto de tareas consistentes en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El "Poder Judicial" (art. 117.3), así como los órganos a quienes atribuye esta potestad, sus funciones, el estatuto del juzgador y el sistema de órganos del Gobierno del Poder Judicial, se regulan asimismo las pautas básicas de las actuaciones jurisdiccional-judiciales (art. 120): publicidad oral y motivación de las sentencias.
La función judicial ha mudado su naturaleza y se inscribe en el OJ basada en los sederes fundamentales y en el origen democrático de todo poder. El denominado "función jurisdiccional" comprende la aplicación del OJ en los supuestos litigiosos entre personas físicas y jurídicas, y la ejecución de las subsiguientes resoluciones (art. 117.3).
La estructura del poder judicial se compone a partir de la combinación de:
- Territorial: ámbito en el que es competente cada órgano jurisdiccional.
- Material: referida a la naturaleza de la materia en disputa.
Principios de actuación y estructura del Poder Judicial
- Unidad: deriva de la prohibición constitucional de las jurisdicciones especiales, enlazada con la vertiente de igualdad en la aplicación de la ley y del explícito mandato del art. 117.5: "la unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales".
- Exclusividad: la función jurisdiccional busca garantizar al ciudadano a través de la dedicación exclusiva de sus titulares (jueces y magistrados), así como imponiendo la prohibición de ejercicio de jurisdicción a los ajenos al Poder Judicial.
- Totalidad: la competencia total del Poder Judicial es exigencia de la tutela efectiva que consagra el art. 24: "la jurisdicción se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio español".
- Responsabilidad: la Constitución consagra la responsabilidad de los poderes públicos y, en concreto, la del Poder Judicial. Las vías de exigencia de responsabilidad son de carácter exclusivamente jurídico en tres ámbitos: disciplinario, civil y penal. También puede generarse responsabilidad estatal si se ha dado dolo o culpa grave.
Estatuto de jueces y magistrados
El régimen profesional judicial consiste en la pertenencia a un cuerpo funcional único, que deriva en la independencia judicial necesaria para cumplir con el deber fundamental de un juez imparcial. La independencia de jueces y magistrados es una exigencia del Estado de Derecho, ambos sometidos al imperio de la ley.
Los mecanismos que garantizan el estatuto del juzgador tienen como objetivo proporcionar imparcialidad al litigio. Se trata de garantías instrumentales al estatuto del juzgador:
- Prohibición de pertenencia a partidos políticos o sindicatos.
- Inamovilidad.
- Régimen de dedicación exclusiva, incompatible con cualquier otra actividad.
- Atribución constitucional de las competencias administrativas (en materia de estatuto jurídico de jueces y magistrados) a un órgano separado de la Administración General del Estado: "Consejo General del Poder Judicial".
- Reserva de Ley Orgánica en la regulación del Estatuto jurídico.
Consejo General del Poder Judicial
El mandato específico del art. 122.2 le otorga al Consejo General del Poder Judicial la función y las competencias de nombramiento, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Su composición es regulada por el art. 122.2 (de acuerdo con la STC 108/1986). La estructura periférica del Gobierno del Poder Judicial hace de modelo un sistema descentralizado.
Funciones previstas y atribuidas por la Constitución al CGPJ:
- Ascensos.
- Nombramiento oficial de los jueces tras su ascenso.
- Régimen disciplinario: comisión disciplinaria.
- Informar del nombramiento del candidato del Gobierno a Fiscal General del Estado.
- Nombramientos en inspección de dos magistrados del TC y un presidente del TS.
Constitución del jurado popular
El artículo 125 instaura el jurado como complemento del sistema de justicia, al reconocer que "los ciudadanos podrán participar en la administración de justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos que la ley determine". [LO 5/1995 del Tribunal del Jurado, modificada por la LO 8/1995 y la LO 10/1995, configurando el régimen jurídico actual de esta institución].
Esta institución consiste en que un grupo de nueve ciudadanos se incorpora transitoriamente a un órgano jurisdiccional (Audiencia Provincial) para enjuiciar penalmente los tipos delictivos como: delitos contra las personas, funcionarios públicos, contra el honor, la libertad, la seguridad y delitos de incendios. El jurado opera conjuntamente con el magistrado.
Ministerio Fiscal
El artículo 124 contiene la regulación funcional y la estructura básica de esta institución, que es instrumento de la política criminal del Gobierno. La regulación legal se encuentra en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, reformado por la Ley 24/2007, de 9 de noviembre. El Ministerio Fiscal tiene autonomía funcional.
Principios de organización para la defensa de la legalidad:
- Principio de dependencia jerárquica: obligación de respetar las órdenes e instrucciones de los superiores jerárquicos, especialmente las de la Fiscalía General del Estado.
- Principio de unidad orgánica: los funcionarios integrantes del Ministerio Fiscal forman parte de la institución como conjunto, de modo que siempre sea posible su sustitución al no estar dotados de autonomía.
El Ministerio Fiscal actúa mediante órganos propios y tienen como máximo responsable al Fiscal General del Estado.