El Principio de Supremacía Constitucional y su Evolución en el Derecho Comparado

El Principio de Supremacía Constitucional

Según el principio jurídico de supremacía constitucional, se considera que la Constitución es la ley superior que obliga por igual a gobernantes y a gobernados. Es decir, la Constitución es la norma de cabecera del ordenamiento jurídico y todas las demás normas se tienen que interpretar con respecto a ella.

La Constitución rígida es la norma de la que derivan su existencia y sus competencias todos los órganos del Estado (es decir, los poderes constituidos) y es la norma que garantiza la legalidad vigente mediante mecanismos de control de la constitucionalidad de las leyes.

La Tradición Norteamericana

Este modelo se ha caracterizado desde el principio por establecer con claridad la titularidad y el modo de ejercicio del poder constituyente del pueblo. Ya desde mediados del siglo XVIII se respira un ambiente de revuelta política en las colonias. Es en América donde, por primera vez, la Constitución se presenta como una auténtica ley superior y donde con más claridad el principio político de soberanía popular se transforma en la fórmula jurídica de supremacía constitucional.

Para ello, había que establecer medios técnicos para la distinción entre:

• Poder constituyente vs. Poder constituido.
• Ley constitucional vs. Ley ordinaria.

Al tener el principio de supremacía constitucional y el concepto de rigidez jurídicamente reconocido, hay que blindar, defender, proteger e impedir cualquier intento de violación por parte del legislativo; para ello, se establecen mecanismos sancionadores adecuados. Originalmente, se dio una laguna constitucional porque se olvidaron de establecer mecanismos sancionadores por si eran vulnerados.

Si el poder legislativo cambiase una norma constitucional, el principio de supremacía constitucional no debería ceder, porque el poder de interpretación y el control de la Constitución reside en el Tribunal Supremo. De este modo, se consagra la Judicial Review: la facultad del Tribunal Supremo de no aplicar las leyes contrarias a la Constitución. Este control judicial es el origen del Estado de derecho.

La Tradición Europea

En la concepción de la soberanía que domina el constitucionalismo continental durante el siglo XIX, imperaba el principio monárquico (donde el monarca es el poder soberano y concede al Estado una Constitución) o bien el principio de soberanía compartida (que reside en la Corona y en el órgano del Estado mediante el cual se expresa la nación, el Parlamento).

Esto dio lugar a las Constituciones pactadas, que en realidad son una especie de contrato donde el acto constituyente es un acuerdo entre el Rey y el Parlamento. Tanto en las Constituciones pactadas como en las otorgadas, la noción del poder constituyente como poder previo desaparece, porque no existe la idea de supremacía constitucional y también falta el principio de soberanía popular.

La no distinción entre poder constituyente y constituido se traduce en una indistinción o indiferenciación paralela entre Constitución y ley ordinaria. Es el constitucionalismo del siglo XX el que finalmente consagra el principio de supremacía constitucional. Hoy en día, la existencia de un procedimiento especial de reforma y, por tanto, la distinción entre ley ordinaria y ley constitucional, es lo que se conoce como un axioma jurídico universal, excepto en el caso del Reino Unido, que se escapa a la norma de la rigidez.

El Caso Inglés: Rule of Law

En el sistema británico impera el Rule of Law (el imperio de la ley), es decir, la supremacía del derecho ordinario. La característica fundamental es que excluye toda actuación arbitraria del gobierno. Ese derecho ordinario se llama Law of the Land y se divide en:

1. Statute Law: Es la legislación, el conjunto de leyes llamadas constitucionales por su contenido.
2. Common Law: Derecho y costumbres del reino que han obtenido reconocimiento judicial mediante decisiones de jueces.

El Statute Law prima sobre el Common Law por tener contenido material, aunque el Common Law podría ser modificado por legislación. La Constitución británica es, por tanto, un conjunto de leyes constitucionales en sentido material (derecho ordinario).

En Gran Bretaña, la opinión del Parlamento no prescinde de la opinión pública; el pueblo actúa indirectamente de manera tácita como poder constituyente permanente a través de la prensa, meetings y peticiones. En conclusión, una reforma de un elemento clave no se llevaría a cabo sin un referéndum.

En caso de conflicto entre una decisión judicial y una ley del Parlamento, este deberá aprobar una legislación en consonancia con el nuevo precedente, lo que define el sentido jurisprudencial del derecho inglés. Las leyes aprobadas son derecho cuando los jueces las confirman y aplican.