Principio Non Bis In Idem y Jurisdicción Penal: Claves y Límites

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Principio «Non Bis In Idem»

El principio de prohibición «non bis in idem», o de que no pueda una misma persona ser condenada más de una vez por la comisión de un mismo hecho, ha recibido una expresa consagración constitucional. Si bien el Tribunal Constitucional ha considerado a dicho principio incluido en el de legalidad del artículo 25 CE, el cual, en esta manifestación, veda la imposición de una dualidad de sanciones en los casos en que se aprecie la identidad de sujeto, hecho y fundamento.

El artículo 133 de la ley (LRJPAC) dispone que no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. Asimismo, el artículo 7 consagra el principio de preferencia de la jurisdicción penal sobre el procedimiento administrativo, estableciendo la obligación de la administración, cuando el hecho fuere constitutivo de delito, de denunciar el hecho ante la jurisdicción penal y de suspender el procedimiento sancionador hasta tanto recaiga sentencia penal.

En la práctica forense, las vulneraciones a la prohibición del «non bis in idem» suceden ante los concursos aparentes de leyes penales y administrativas o cuando un mismo hecho es susceptible de ser sancionado simultáneamente por los tribunales penales y por la administración, lo que suele ocurrir, tanto en el ámbito de las descriminalizaciones como en el de la criminalización de conductas, así como en la esfera de las relaciones especiales de sujeción y, en particular, en todo lo relativo al derecho penal y administrativo sancionador de funcionarios.

Límites Territoriales de la Jurisdicción Penal

En el orden jurisdiccional penal, con la sola excepción del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, que son órganos que extienden su jurisdicción sobre todo el territorio nacional, los demás órganos jurisdiccionales lo hacen en el ámbito territorial de cada una de las comunidades autónomas (Tribunales Superiores de Justicia), en la demarcación territorial de una provincia (Audiencias Provinciales, Juzgados de lo Penal, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria), en la de un partido judicial (Juzgados de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer) o en la de un municipio, salvo que este sea cabeza de partido (Juzgados de Paz).

Fuero Preferente

Atribuye a los Juzgados de Paz del lugar en que se hubieren cometido el conocimiento de determinadas faltas; al Juez de Instrucción del partido en que el delito se hubiere cometido, la instrucción de las causas; y a los Juzgados de lo Penal y a las Audiencias Provinciales de la circunscripción donde el delito fue cometido, el conocimiento y fallo de las causas por delito.

Fueros Subsidiarios

Cuando no conste el lugar en que haya podido cometerse el hecho punible, la competencia territorial para el conocimiento de la causa corresponde a los siguientes jueces:

  • a) El del término municipal en que se hayan descubierto las pruebas materiales del delito.
  • b) El del término municipal en que el presunto reo haya sido aprendido.
  • c) El de la residencia del reo presunto.
  • d) El de cualquiera que hubiera tenido noticia del delito.

Fuero Específico

La Ley de Violencia de Género añadió un fuero específico, cual es el domicilio de la víctima.

Las Partes Acusadoras en el Proceso Penal

Nuestro ordenamiento procesal se caracteriza por una extremada generosidad en la legitimación activa. Y así, junto al Ministerio Fiscal, pueden comparecer diversos querellantes que, en relación con la titularidad del bien jurídico protegido por la norma penal, pueden clasificarse en:

Acusadores Populares

Reciben esta denominación los ciudadanos que, sin ser ofendidos por el delito, deciden ejercitar «civis ex populo» la acción penal en forma de querella. Los acusadores populares son titulares del derecho constitucional contenido en el artículo 125 CE y no del derecho de tutela judicial efectiva, razón por la cual no pueden impetrar el recurso de amparo.

Acusadores Particulares

Son quienes, por ostentar la titularidad del bien jurídicamente protegido por la norma penal y ser sujetos pasivos del delito, pueden acceder al proceso en su cualidad de ofendidos por el delito. En ellos, junto al presupuesto de la capacidad, ha de concurrir el de la legitimación activa, que viene determinada precisamente por ostentar la titularidad de dicho bien jurídico. En los delitos privados (en los que no hay acusación pública ni popular), la acusación del ofendido se denomina acusación privada. El Ministerio Fiscal se constituye en acusación pública.

La Acción Penal Privada

El artículo 104 establece ciertas derogaciones a los principios de legalidad y publicidad en el ejercicio de la acción penal, que autorizan a afirmar la existencia en nuestro proceso penal, al igual que en otros ordenamientos, de ciertas acciones privadas que, informadas por el principio de oportunidad, otorgan al ofendido en cualquier caso un derecho a la no perseguibilidad del delito.

En la actualidad, el único valor que contiene el artículo 104 es, de un lado, el de erigirse en una norma procesal en blanco que precisa ser integrada con las correspondientes disposiciones del Código Penal, y, del otro, el de discriminar dos tipos de acciones penales privadas:

  • a) Las exclusivas: originan el nacimiento del proceso penal por delito privado en el que el querellante asume las condiciones de único acusador privado con derecho a la renuncia de la acción o perdón del ofendido.
  • b) Las relativas: pueden surgir ante la comisión de un delito semipúblico en el que el ofendido es dueño del ejercicio de la acción penal, la cual puede ejercitarla no solo en forma de querella sino también de denuncia. Ya no lo es absolutamente de la pretensión penal, a la que está llamado a sostener en cualquier caso el Ministerio Fiscal, sin que pueda el acusador particular ocasionar su finalización anormal.

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