Primacía del Derecho de la Unión Europea y Responsabilidad del Estado por Incumplimiento: Principios Clave

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Primacía

La primacía es el principio emanado de las instituciones comunitarias que prevalece sobre el derecho nacional. Se fundamenta en la cesión de soberanía que los Estados miembros realizan en favor de las instituciones europeas. Tal cesión solo es posible dotando de supremacía jerárquica a la norma comunitaria.

Algunos autores defienden la norma comunitaria primaria incluso sobre aquellas normas nacionales de rango constitucional.

La primacía es de aplicación obligatoria por parte del poder judicial. Sea cual sea el juez competente en la materia determinada, este está obligado a aplicar íntegramente el derecho comunitario y proteger los derechos que se confieren a los particulares.

El principio de primacía surge inicialmente como construcción jurisprudencial, en el afán del TJ por garantizar la autonomía y unidad del derecho comunitario frente al derecho de los Estados miembros. Esta primacía finalmente se ha visto institucionalizada a nivel normativo.

Además, en algunos casos, con reformas constitucionales estatales a favor de la primacía del derecho europeo (Irlanda), en cambio, no se da en aquellas constituciones que no se han reformado en dicho sentido (española), por lo que mantienen su supremacía normativa respecto al derecho europeo derivado.

De esta forma, los tribunales constitucionales nacionales han aceptado la primacía del derecho comunitario derivado frente a las propias constituciones, siempre y cuando sea respetuoso con la democracia, los derechos fundamentales y la descentralización territorial.

La primacía de la norma comunitaria prima sobre cualquier norma nacional, ya sea una ley, un reglamento, un decreto, etc., y las constituciones nacionales también estarán sujetas a dicho principio.

Resistencias y principios generales

No obstante, surge la reticencia de algunos órganos jurisdiccionales nacionales a tal aplicación, dando lugar a la instauración por parte del TJ de un conjunto de principios generales del derecho que engloban los derechos fundamentales en el ámbito del derecho comunitario. El TJ considera que tal principio beneficia a las normas del derecho primario y a las del derecho derivado.

Responsabilidad por incumplimiento

Surge a raíz de la sentencia del TJ de 19 de noviembre de 1991, en el asunto Francovich y Bonifaci. Se admite que cuando el Estado miembro incumple las obligaciones de transposición de una directiva comunitaria, genera una desprotección de los particulares por la ausencia de aplicación práctica de los derechos que les corresponden conforme al ordenamiento jurídico comunitario.

Ante esta desprotección, puede surgir la responsabilidad del Estado, de manera que el particular podrá obtener una reparación, indemnización que garantiza la plena eficacia de las normas y la plena protección de los derechos.

Requisitos para que nazca la responsabilidad de un Estado miembro

  1. Los fines y objetivos de la directiva deben tener como consecuencia la atribución de derechos al particular.
  2. El contenido de tales derechos deberá poder ser identificado utilizando las propias disposiciones de la directiva.
  3. Deberá poder establecerse una relación de causalidad entre el daño producido al particular afectado y el incumplimiento de la obligación que pesa sobre el Estado miembro.

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