La Primacía del Derecho de la Unión Europea: Implicaciones Normativas
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La Vertiente Normativa de la Primacía
La primacía no expresa una relación de jerarquía entre el Derecho de la Unión y los ordenamientos jurídicos nacionales.
En caso de incompatibilidad, el Derecho de la Unión impone al Estado miembro concernido la obligación de expulsar esa norma nacional de su ordenamiento jurídico; esto se denomina Vertiente Normativa.
A. Primacía sobre Normas Constitucionales
El TJ ha declarado que las normas europeas priman sobre todas las disposiciones del Derecho nacional, incluidas las constitucionales.
Excepción: El art. 4 TUE prevé que la Unión respetará la identidad nacional de los Estados miembros, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales, también en lo referente a la autonomía local y regional.
Respetará las funciones esenciales del Estado, como garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional.
B. Primacía sobre Normas Parlamentarias y Administrativas
Debe aplicarse el mismo resultado a las normas parlamentarias y administrativas de los Estados miembros.
Otro concepto: Una intervención del legislador nacional respaldando una interpretación errónea del Derecho de la Unión que los tribunales nacionales han declarado lícita o ilícita, puede ser objeto de enjuiciamiento con el fin de constatar la corrección de tal intervención.
C. Primacía sobre Actos Públicos y Privados
Los actos administrativos adoptados por las administraciones públicas se encuentran igualmente sujetos al contenido del Derecho de la Unión. Sin embargo, el TJ ha admitido que, en el caso de los actos administrativos firmes, el Derecho de la Unión puede plegar ante situaciones de seguridad jurídica.
En este caso, la inaplicación del acto administrativo firme dependerá del régimen de revisión de oficio previsto en el ordenamiento nacional. Si se articula en el Derecho nacional como una facultad potestativa de la administración, el Derecho de la Unión exige que dicha facultad se interprete como una obligación.
Si el Derecho nacional solo admite la revisión en casos de manifiesta ilegalidad, el Derecho de la Unión impone una interpretación en casos también de mera incompatibilidad.
Los actos jurídicos entre particulares y los actos jurídicos unilaterales están sujetos a la primacía del Derecho de la Unión. Pero no todas las disposiciones del Derecho de la Unión surten efectos entre particulares. El deber de interpretación conforme con el Derecho de la Unión se extiende a cualquier acto, incluidos los privados. Por ejemplo, un contrato con alguna cláusula que no se ajuste al ordenamiento europeo.