Política Territorial y Regional en España: Instrumentos y Ordenación del Territorio

Política territorial

La política territorial engloba tanto las actuaciones de política regional orientadas a corregir desequilibrios socioeconómicos como las medidas de ordenación física e integral del espacio.

A) Política regional

La política regional en España tuvo su inicio en los años 60 con los Planes de Desarrollo, basados fundamentalmente en el fomento industrial en áreas atrasadas (polos de desarrollo), aunque obtuvieron escasos resultados. Su revitalización posterior se manifestó a través de varios factores determinantes: la práctica activa del principio de solidaridad interterritorial, la instauración y desarrollo del Estado de las Autonomías y la adhesión de España a la Unión Europea.

El objetivo prioritario es alcanzar un desarrollo regional equilibrado potenciando las regiones desfavorecidas a través de ejes de actuación como:

• La consolidación del crecimiento en las áreas más dinámicas.
• La detención del declive socioeconómico en la cornisa cantábrica.
• El impulso al despegue del eje mediterráneo sur.
• El apoyo reforzado al resto de las regiones rezagadas.

Principales instrumentos de la política regional

1. Fondos de la Unión Europea: Están orientados al desarrollo de las regiones más atrasadas, a la reconversión socioeconómica de zonas agrarias y al fomento de los recursos humanos. Tradicionalmente han destacado cuatro fondos estructurales:
   • FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional): destinado a las regiones de menor desarrollo económico.
   • FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola): financia acciones estructurales en el sector agrario.
   • IFOP (Instrumento Financiero de Orientación Pesquera): centrado en acciones estructurales para el sector de la pesca.
   • FSE (Fondo Social Europeo): dedicado a fomentar la formación profesional, el empleo y la inclusión social.

   A estos se suman las Iniciativas Comunitarias (programas diseñados por la Comisión Europea para solventar problemáticas específicas graves) y los Fondos de Cohesión, que asisten a los países comunitarios de menor renta mediante la financiación de proyectos de protección medioambiental y redes transeuropeas de transporte.

   Repercusiones en España: La recepción de estas ayudas comunitarias ha desempeñado un papel decisivo en la reducción de las brechas y desequilibrios interterritoriales.

2. Incentivos regionales: Amparados por un marco legislativo específico, tienen como finalidad elevar la competitividad empresarial e impulsar la solidaridad interregional mediante subvenciones a la inversión en infraestructuras, equipamientos productivos y áreas vulnerables. Se articulan en tres tipos de zonas:
   • Zonas de Promoción Económica (ZPE): territorios con menor desarrollo relativo por su baja renta per cápita y elevadas tasas de paro.
   • Zonas Industriales en Declive (ZID): espacios fuertemente perjudicados por crisis de reconversión industrial y desempleo derivado.
   • Zonas Especiales: áreas donde las ayudas se orientan a dinamizar actividades viables que permitan diversificar el tejido productivo.
3. Fondo de Compensación Interterritorial (FCI): Es el instrumento de rango constitucional concebido para corregir los desequilibrios entre regiones mediante la aplicación del principio de solidaridad. Sus recursos proceden directamente de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

B) Ordenación del territorio

La política regional requiere de una planificación territorial integral caracterizada por:

• Un notable contraste entre la planificación territorial tecnocrática del pasado y la concepción integral contemporánea.
• Objetivos duales: el desarrollo socioeconómico armónico y la organización racional de los usos del suelo.
• Una doble naturaleza como disciplina científica y tarea de intervención pública y política.
• Instrumentos normativos sustentados en planes rigurosos que parten de un diagnóstico territorial de partida.
• La escala regional como el marco territorial preferente para su aplicación.

En España, las políticas de ordenación territorial cobraron protagonismo decisivo a partir de la década de 1980, reconociendo la Constitución Española la competencia exclusiva en esta materia a las Comunidades Autónomas. En la actualidad, la necesidad de una adecuada coordinación y articulación entre las distintas administraciones públicas continúa siendo uno de sus mayores retos operativos.