La Parte Acusada, el Ofrecimiento de Acciones y el Derecho a la Asistencia Letrada en el Proceso Penal
1. La parte acusada en el proceso penal
La parte acusada es el imputado, quien recibe la denominación de acusado cuando se ha ejercitado contra él la pretensión penal mediante el escrito de acusación o de calificación provisional, presentado por las partes acusadoras. A dicho imputado se le conoce también bajo la denominación de procesado cuando el juez de instrucción, en el sumario ordinario, dicta contra él el auto de procesamiento, si bien la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) utiliza genéricamente el término procesado como sinónimo de imputado.
En la actualidad pueden ser imputados tanto las personas físicas como las personas jurídicas.
Las personas jurídicas
En el momento actual se hace obligado afirmar la existencia de una responsabilidad penal de determinadas personas jurídicas. Pero la responsabilidad de las personas jurídicas no es equiparable a la de las personas físicas, por cuanto:
- Desde un punto de vista subjetivo: Tan solo es predicable de las personas jurídico-privadas, ya que las personas jurídico-públicas están exentas de responsabilidad penal.
- Desde el punto de vista objetivo: Dicha responsabilidad penal únicamente puede suceder en la comisión de delitos para los que está expresamente prevista, tales como, entre otros: corrupción en el sector privado y en las transacciones comerciales internacionales, pornografía y prostitución infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, etc.
Las personas físicas
El imputado es titular del derecho fundamental de defensa reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución Española y de sus derechos instrumentales, debiendo ostentar capacidad penal, la cual se adquiere formalmente a los 18 años. Por debajo de esa edad:
- La conducta será impune si el imputado es menor de 14 años.
- El mayor de 14 años y menor de 18 podrá ser imputado a través del proceso penal para menores.
6. El ofrecimiento de acciones
Constituye una de las medidas más eficaces de la tutela de la víctima, objeto de protección en la Decisión del Consejo de Europa de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal. A través de este trámite, nuestro ordenamiento procesal cumple sobradamente dicho estatuto al permitir la entrada del perjudicado en el proceso penal con «igualdad de armas» con respecto al Ministerio Fiscal.
Los artículos 109 y 110 de la LECrim contemplan, respectivamente, la «llamada a la causa» ya iniciada y la «intervención adhesiva» de los ofendidos y perjudicados por el hecho punible, a fin de que puedan ejercitar sus correspondientes pretensiones penal y civil con absoluta independencia de la que pueda efectuar el Ministerio Público.
El juez de instrucción ha de realizar el ofrecimiento de acciones al ofendido en su primera declaración, y el artículo 110 de la LECrim autoriza la intervención de los perjudicados en el procedimiento siempre y cuando comparezcan con anterioridad al trámite de calificación.
Actos procesales
Por ofrecimiento de acciones cabe entender la llamada a la instrucción de los ofendidos y perjudicados a fin de que puedan ejercitar su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, compareciendo como partes acusadoras o civiles en orden a sostener la pretensión penal y civil dimanante del delito.
Ofrecimiento y derecho a la tutela
La violación por parte del juez de instrucción de lo preceptuado en los artículos 109 y 761.2 de la LECrim, cuando origine indefensión material al ofendido o perjudicado, produce la infracción de dicho derecho fundamental, siendo susceptible de recurso de amparo constitucional.
Deber de información
La citación ha de efectuarse a todos y cada uno de los ofendidos y perjudicados. De esta regla tan solo cabe exceptuar los supuestos de acciones de grupo en la tutela de los intereses difusos.
La orden de protección
El juez de instrucción viene obligado, en la diligencia de ofrecimiento de acciones, a poner en conocimiento de la víctima los actos procesales que puedan afectar a su seguridad, siempre y cuando se trate de una instrucción por alguno de los delitos contemplados en el artículo 57 del Código Penal.
7. Contenido del derecho a la asistencia de abogado
La defensa penal, a diferencia de la civil, ofrece la singular característica de ser una parte dual, pues está integrada por dos sujetos procesales:
- El abogado defensor, que ejercita la defensa técnica.
- Su defendido o imputado, que puede actuar su defensa privada o autodefensa.
Ambas defensas se manifiestan coincidentes en un único objetivo: hacer valer el derecho a la libertad; pero la causa a la que obedece dicho objeto es distinta: en tanto que el imputado ejercita su derecho a la libertad, la defensa técnica tiene una dimensión objetiva, pues ha de proteger la libertad en tanto que, siendo un valor superior del ordenamiento, está expresamente amparada en el artículo 17 de la Constitución Española.
La autonomía del defensor no significa la exclusión de la autodefensa. El imputado tiene derecho a elegir en primer lugar a su abogado de confianza, y tan solo cuando no quiera ejercitar dicho derecho o reclame un abogado de oficio es cuando intervendrá dicho defensor de oficio.