Organización Política y Estructura del Estado Español: Constitución de 1978

Organización política e instituciones de España

La organización política de España está regida por la Constitución de 1978, que recoge los derechos y deberes de la ciudadanía y regula el funcionamiento del Estado y sus instituciones. Las libertades y los derechos reconocidos por la Constitución son muy amplios.

La soberanía reside en España, de la que emanan todos los poderes. El pueblo la delega en representantes elegidos por sufragio universal, directo y secreto, entre diversos partidos políticos. El Estado español es un Estado social, democrático y de derecho, configurado como una monarquía parlamentaria, en la que el Rey es la más alta representación del Estado y tiene funciones limitadas, como sancionar las leyes. En España rige el principio de la división de poderes, representados y ejercidos por diferentes instituciones.

División de poderes

• Las Cortes (Poder Legislativo): Formadas por dos cámaras elegidas cada 4 años por sufragio universal. Sus funciones son elaborar las leyes, aprobar los presupuestos del Estado y controlar al Gobierno.
• El Gobierno (Poder Ejecutivo): Sus instituciones son la Presidencia, la Vicepresidencia y varios ministerios. Sus funciones son aplicar las leyes, dirigir la política de interior y exterior, y la defensa del Estado.
• Los Tribunales de Justicia (Poder Judicial): Formados por magistrados y jueces independientes que velan por el cumplimiento de las leyes. El Tribunal Supremo es el órgano máximo de justicia.

Administración territorial: Municipios y provincias

Municipios

Son las unidades territoriales del Estado, formadas por uno o varios núcleos de población y el territorio dependiente.

• El Ayuntamiento: Es el órgano de gobierno de los municipios, formado por el alcalde o alcaldesa y varias concejalías, cuyos miembros son elegidos por la población. Su función principal es prestar servicios a los habitantes.

Provincias

Es un territorio formado por varios municipios.

• La Diputación: Es el órgano de gobierno, con una presidencia elegida por los diputados y ayuntamientos. Sus funciones son velar por los intereses provinciales, asegurar la prestación de los servicios de competencia provincial y coordinar y cooperar con los municipios.