Orden de prelación en el derecho castellano: Ley I, Título XXVIII del Ordenamiento de Alcalá

El Orden de Prelación en el Derecho Castellano: Ley I, Título XXVIII

Contenido de la Ley I, Título XXVIII: “El Orden de Prelación”

En 1348, Alfonso XI, el Justiciero, promulgó un ordenamiento conocido como el de Alcalá de Henares. Este ordenamiento establecía un orden de prelación que los jueces y abogados debían respetar, debido a la pugna existente entre el derecho común y el derecho real de Castilla (el derecho universitario, académico, formado en las escuelas). El derecho real de Castilla estaba configurado por las pragmáticas dictadas por el Rey. Para resolver esta controversia, se determinó que el derecho real prevalecería sobre el derecho común, colocando al Rey en primer lugar y dejando el derecho común como supletorio.

Este orden se estableció en la Ley I del Título XXVIII de dicho cuerpo legal.

¿Qué establece esta ley para que los jueces apliquen primero el derecho real y, de forma supletoria, el derecho común?

En esta ley, lo primero que encontramos es que se indica que los tribunales en Castilla deben aplicar con preferencia el derecho real de Castilla, y especialmente las leyes de este ordenamiento. Por lo tanto, los tribunales en Castilla deben aplicar, como primer derecho, el del Rey.

¿Qué dice esta Ley I?

Si el juez no encuentra una norma en este primer orden, queda autorizado y debe buscarla en el segundo orden, es decir, en el derecho local o municipal (fueros). El juez puede buscar la norma en los fueros del lugar donde se está tramitando el juicio. Los autores señalan que también se incluye en este segundo orden el derecho personal (pecheros), con el requisito de que las personas en controversia pertenezcan a la misma clase.

¿Qué ocurre si en un caso el juez no encuentra norma en el segundo orden?

El juez deberá buscar la norma en el tercer orden, donde se encuentra el Código de las Siete Partidas. Podrá aplicar alguna de las leyes de las Partidas, que pasan a ser derecho supletorio en Castilla (porque se aplican después del derecho real y local/personal). Por lo tanto, se cumple lo que había establecido Bártolo de Sassoferrato, donde el derecho propio se aplica primero y el derecho común es supletorio.

Las Partidas representan el derecho en Castilla recepcionado de manera orgánica en un texto jurídico con valor de ley. Como existían dudas sobre si las Partidas habían sido promulgadas antes de su bisnieto Alfonso XI, esta ley lo aclara (como no hay certeza de que las Partidas estén vigentes) y las declara (promulga de forma expresa) vigentes. Por eso se dice que estas se promulgaron de manera fija en el año 1348 por el Ordenamiento de Alcalá.

¿Qué ocurre, según esta ley, si no existen normas para el caso en las Partidas?

En una situación poco común, pero si ocurriese, la misma ley dice que el juez debía entregar el expediente al Rey para que este dictara una ley para el caso concreto (cuarto orden). QUEDA PROHIBIDO A LOS JUECES APLICAR LA COSTUMBRE O LA DOCTRINA DE AUTORES DE DERECHO COMÚN.

Esto es muy importante, ya que este orden, proyectándose en el tiempo, es una ley que, si bien es del siglo XIV, ha perdurado hasta la época de la codificación a fines del siglo XIX (seis siglos).

La codificación en España fue más lenta porque afectaba a ciertos grupos privilegiados. Chile tuvo codificación 32 años antes que España.

¿Se cumplió este orden de forma estricta? ¿Los jueces y abogados respetaron este orden de prelación?

Podemos decir que, si revisamos la ley, esta misma señala que aquí triunfó el derecho real de Castilla por sobre el derecho común. Sin embargo, este triunfo del derecho real de Castilla sobre el derecho común es aparente, no verdadero, puesto que no se da en la práctica. En la práctica, se puede observar que, a pesar de lo que dice la ley, los jueces y abogados seguían dando preferencia al derecho común por sobre el derecho real de Castilla (básicamente a la doctrina, a los autores), a lo que se le denomina recepción inorgánica. Por ejemplo, en una disputa, un juez aplicaba el derecho de Bártolo y no el derecho real.

Esto sucedió porque la historia del derecho demuestra que no se puede cambiar una cultura jurídica automáticamente por una ley (por lo demás, era un derecho muy sistemático).

Los Reyes en Castilla, para solucionar este problema, tuvieron que insistir en que este orden se cumpliera, dictando una serie de leyes que reiteran este orden, estableciendo cada vez sanciones más duras para quienes no lo cumplen. Estas leyes se denominaron leyes de citas, las cuales se dictaron a fines del siglo XIV hasta el siglo XVI (1387-1507).