Obligación de resolver en la Administración Pública: plazos y suspensión (LPAC)

Resumen

El texto explica el deber de la Administración de dictar y notificar una resolución en todo procedimiento administrativo, según la LPAC (Ley 39/2015). Recoge el plazo máximo general, que no puede superar los 6 meses salvo norma con rango de ley o comunitaria, y las causas que suspenden el cómputo del plazo, como los requerimientos de subsanación o las consultas previas a órganos de la Unión Europea.

Puntos clave

La Administración tiene la obligación de dictar y notificar una resolución en todo procedimiento administrativo (art. 21 LPAC).
El plazo máximo lo fija la norma específica del procedimiento según su complejidad.
Como regla general, el plazo máximo no puede ser superior a 6 meses, salvo que una ley o norma comunitaria europea disponga otra cosa (art. 21.2 LPAC).
El plazo de resolución incluye tanto dictar la resolución como notificarla al interesado.
El cómputo del plazo se suspende en los casos previstos en el art. 22.1 LPAC, y la suspensión debe acordarse formalmente en cada procedimiento.
Se suspende el plazo cuando la solicitud tiene deficiencias que deben subsanarse, desde la notificación del requerimiento hasta que el interesado cumple lo pedido.
Se suspende también cuando se requiere un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea.

Ponte a prueba

Obligación de Resolver en la Administración Pública

1. Deber de Resolución

La Administración, en todo procedimiento, tiene la obligación de dictar una resolución dentro de un plazo determinado. Este deber legal de resolver, independientemente de la forma de inicio del procedimiento, está regulado en el artículo 21 de la LPAC (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Implica la obligación de dictar una resolución en todo procedimiento administrativo.

Este deber legal de resolver en plazo abarca tanto la emisión de la resolución como su notificación. Por lo tanto, dentro del plazo establecido para resolver, la Administración debe dictar y notificar el acto al interesado. Por ejemplo, si el plazo de resolución es de 3 meses, la Administración debe dictar y notificar el acto dentro de ese período.

2. Plazos para Resolver y Notificar

La regulación actual establece la obligación de dictar resolución en todos los procedimientos que tramite la Administración, imponiendo un plazo máximo para ello. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento será:

En principio, el que fije la norma que regule específicamente el procedimiento, según su grado de complejidad.
Este plazo no podrá ser superior a 6 meses, salvo que una norma con rango de Ley o norma comunitaria europea disponga otra cosa (Art. 21.2 LPAC).

3. Suspensión de Plazos

El artículo 22.1 de la LPAC detalla las causas que pueden suspender el cómputo del plazo máximo de notificación. La suspensión debe ser decidida y acordada formalmente por la Administración en cada procedimiento. Esto ocurre:

Cuando la solicitud del interesado contenga deficiencias que deban subsanarse o se requiera la aportación de documentos u otros elementos de juicio necesarios. En tal caso, el plazo se suspende desde la notificación del requerimiento hasta que el interesado cumpla con lo solicitado.
Cuando el asunto del procedimiento deba someterse a un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea. En este caso, la suspensión se produce desde la fecha en que se solicita el pronunciamiento hasta que se notifique a la Administración.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el plazo máximo para resolver un procedimiento administrativo?

Con carácter general, el que fije la norma específica del procedimiento según su complejidad, pero no puede ser superior a 6 meses salvo que una ley o norma comunitaria europea disponga otra cosa (art. 21.2 LPAC).

¿Qué plazo incluye la obligación de resolver?

Incluye tanto la emisión de la resolución como su notificación al interesado, por lo que ambas deben producirse dentro del plazo establecido.

¿Cuándo se suspende el plazo para resolver?

Se suspende cuando la solicitud tiene deficiencias que deben subsanarse o se requieren documentos o elementos de juicio, y también cuando debe obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea (art. 22.1 LPAC).