El monopolio de la jurisdicción en España: análisis y funciones

El monopolio de la jurisdicción en España

El monopolio de la jurisdicción consiste en juzgar y ejecutar lo juzgado, y debe estar presente en todas las fases del proceso judicial: declarativa, ejecución y sentencia.

Fase declarativa

Según el artículo 24.2 de la Constitución Española, todos los conflictos y litigios deben ser resueltos por un juez predeterminado por la ley y mediante un proceso adecuado. Exceptuando al Rey, cuya persona es inviolable, la prerrogativa de inviolabilidad de diputados y senadores por sus opiniones en el ejercicio de sus funciones, y el personal diplomático, todos los demás ciudadanos y poderes públicos están sometidos a la potestad jurisdiccional.

Fase de ejecución

Esta fase consiste en hacer ejecutar lo juzgado. Este fundamento está implícito en el derecho a la tutela judicial efectiva. La resistencia a la ejecución de la sentencia permitirá ejercitar el oportuno recurso de amparo. Ningún otro poder está autorizado por la Constitución a ejecutar las resoluciones judiciales. Los ciudadanos y demás poderes del Estado están obligados a cumplir las sentencias y resoluciones firmes de jueces y tribunales, y a prestar la colaboración necesaria.

Autotutela administrativa y potestad sancionadora

Autotutela administrativa

A la Administración Pública le corresponde dictar actos y reglamentos administrativos, ejerciendo de algún modo funciones declarativas y ejecutivas. Este acto administrativo debe ser congruente, motivado y fundado en derecho, y directamente ejecutivo. Esta facultad no supone una excepción al principio de exclusividad jurisdiccional, ya que si el administrado considera que el acto no se ajusta a derecho, puede recurrir al proceso contencioso-administrativo para obtener su revisión judicial.

Potestad sancionadora

La potestad sancionadora de la Administración Pública tiene dos limitaciones:

• Negativa: No puede imponer penas privativas de libertad, solo sanciones como multas o suspensión de empleo.
• Positiva: El administrado puede recurrir la sanción mediante el recurso contencioso-administrativo.

El procedimiento administrativo sancionador respeta la Constitución y no infringe el principio de exclusividad jurisdiccional.

Funciones no jurisdiccionales atribuidas a jueces y tribunales

• El Registro Civil

  Está a cargo de los Juzgados de Primera Instancia y de Paz. Su función es inscribir los hechos relativos al estado civil de las personas. Se divide en cuatro secciones: nacimiento y general, matrimonios, defunciones, y tutelas y representaciones legales. Independientemente, los consulados realizan las inscripciones del personal español residente en el extranjero. Los actos de calificación registral no son susceptibles de recurso de inconstitucionalidad.

• La investigación penal

  Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el sumario lo constituyen las actuaciones encaminadas a preparar el juicio oral, para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos. Esta actividad investigadora, dirigida a la averiguación del delito y a la identificación del presunto autor, la asumen los jueces de instrucción. No es una función procesal, sino policial o administrativa, de ahí que en algunos casos intervenga la policía o el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es el director de la investigación, mientras que el juez de instrucción se encarga de la prueba anticipada, la prisión provisional, el auto de entrada y registro, la intervención telefónica, etc.

• La jurisdicción voluntaria

  Se refiere a aquellos actos en los que es necesaria la intervención del juez, sin que exista conflicto entre partes. Son actos de mera comprobación en los que el juez interviene para dotar de fehaciencia y autenticidad a determinados actos de voluntad de los particulares.

• Otras funciones

  El legislador delega en jueces y magistrados determinadas funciones que no son estrictamente jurisdiccionales:

  • Criterio objetivo: Para proteger el derecho de sufragio activo y pasivo, se refuerza la imparcialidad de la autotutela administrativa en materia electoral mediante la configuración de Juntas Electorales, que resuelven reclamaciones de electores y elegidos, como órganos mixtos, judiciales y administrativos. Los Jurados de Expropiación están presididos por un magistrado.
  • Criterio subjetivo: Las leyes atribuyen, en muchas ocasiones, a los jueces la resolución de cuestiones que limitan derechos fundamentales.