Mogollón de obligaciones, contratos y cuasicontratos

Muerte del deudor o acreedor

En principio, la muerte de una de las partes de la obligación no supone la extinción de esta, sino que los contratos surten efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos. Por tanto, como regla general, puede decirse que la muerte del acreedor o deudor tan solo supondrá que el heredero del difunto pasa a ocupar en la obligación la posición jurídica que tenía su causante.

Sin embargo, esta regla general tiene algunas excepciones en las que la muerte de las partes puede suponer la extinción de la obligación:

• Cuando sea la otra parte de la obligación la que hereda al difunto, en cuyo caso se produce una confusión.
• Cuando la persona del deudor haya sido considerada como esencial al establecer la obligación, lo que puede resultar del carácter infungible de la prestación o de que se trate de una obligación basada en la confianza.
• Cuando las partes de la obligación hayan pactado su extinción a la muerte de una de ellas.

Efectos de la resolución y concurso de acreedores

Momento de la resolución: …

Resolución y concurso de acreedores

Señala la Ley Concursal (LC) en su artículo 61.2 que “La declaración de concurso por sí sola no afecta a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, tanto a cargo del concursado como de la otra parte. Las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa”.

Ahora bien, conforme al artículo 62.1, “La declaración de concurso no afectará a la facultad de resolución de los contratos a que se refiere el apartado 2 del artículo precedente por incumplimiento posterior de cualquiera de las partes”.

La responsabilidad patrimonial universal: el artículo 1911 del Código Civil

Ante el posible incumplimiento del deudor, el ordenamiento arbitra determinadas medidas para garantizar el cumplimiento de su obligación. Estas garantías pueden estar directamente predisuestas por la ley o bien haber sido pactadas por las partes.

La garantía última que tiene todo acreedor del pago de su crédito es el patrimonio del deudor, no solo el patrimonio actual, sino también el futuro. Por eso señala fundamentalmente el artículo 1911 que “del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”.

Si el deudor tiene varios acreedores, a priori no existe preferencia alguna entre ellos. Es este el llamado principio de la par conditio creditorum. Ello significa que, en principio, el deudor puede pagar sus deudas en el orden que estime más conveniente, no teniendo que respetar su antigüedad ni hacer distinción según la relación jurídica que la haya originado.

Acción directa

Sin regla de carácter general, en algunos casos concretos concede la ley la facultad de que el acreedor ejerza en nombre propio los derechos de su deudor para cobrarse.

Se habla entonces de acción directa frente a la subrogación o indirecta, pues en esta última se ejercen los derechos en nombre del deudor para hacerlos ingresar en su patrimonio, y posteriormente instar la ejecución sobre ellos.

Doctrina general de los cuasicontratos

Al estudiar las fuentes de las obligaciones conforme al artículo 1089 vimos que una de ellas eran los cuasicontratos. Se definen como “los hechos lícitos y puramente voluntarios, de los que resulta obligado su autor para con un tercero y a veces una obligación recíproca entre los interesados”.

Los casos concretos que recoge el Código son la gestión de negocios ajenos sin mandato y el cobro de lo indebido, que la doctrina del Derecho Común considera muy parecidos a los contratos de mandato y préstamo y por ello los llama cuasicontratos.

No obstante, el concepto del "cuasi" en el Código es muy criticado, señalándose entre otros los siguientes efectos:

• En primer lugar, se dice que el acto ha de ser siempre lícito, pero por ejemplo, en el cobro de mala fe de lo indebido, hay cuasicontrato aun cuando sea ilícito.
• En segundo lugar, es demasiado amplio y podría referirse a supuestos tan distintos que no resistirían un tratamiento unitario.
• En tercer lugar, no hay unas normas generales para los cuasicontratos, con lo que la calificación como tales es irrelevante, como la categoría misma.

Por ello, la doctrina considera que la categoría del cuasicontrato como concepto general es inútil. Lo único en común entre los dos supuestos es que en ellos se da a veces un enriquecimiento injusto de un patrimonio a costa de otro; enriquecimiento que debe ser compensado. En este sentido se habla a veces de obligaciones derivadas de enriquecimiento injusto.

Gestión de negocios ajenos sin mandato

Concepto

La gestión de negocios ajenos se produce siempre que una persona, espontáneamente, sin obligación ni facultad especial alguna, se ocupa de los asuntos ajenos realizando para otra persona aquellos actos que cree útiles. Se trata, pues, de una actuación en interés y por cuenta de un tercero sin haber recibido mandato suyo.

La gestión puede ser de lo más variada, pudiendo referirse a un asunto determinado o incluso al conjunto del patrimonio de otra persona.

El supuesto tipo en el que está pensando el Código, de acuerdo con las fuentes romanas, es el del inmueble que tiene necesidad de una reparación urgente cuando su dueño no está en el lugar y un vecino encarga a un contratista o albañil hacer lo necesario. No obstante, se puede aplicar a otros muchos casos.

La regulación del Código destaca por lo exigente que es con el gestor oficioso, debido a la desconfianza con la que mira el hecho de inmiscuirse en los asuntos ajenos.

El pago de lo indebido

Concepto y antecedentes

Junto a la gestión de negocios ajenos sin mandato, regula el Código Civil un segundo cuasicontrato al que denomina “cobro de lo indebido”, que tiene su origen en el Derecho romano.

El Derecho romano clasificaba diversas hipótesis en las que alguien recibía alguna cosa sin causa que justificara la entrega, concediendo al tradens una acción llamada condictio para recuperar lo dado por él. Se trataba de supuestos en los que se había verificado una adquisición de propiedad con arreglo al Derecho estricto, pero que social y moralmente no estaban justificados.

Una de esas condiciones era la condictio indebiti, que podía ser ejercitada por quien había pagado algo indebidamente para readquirir la cosa o cantidad que pagó.

El Código Civil recoge esta tradición al señalar que “Cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar y que por error ha sido indebidamente entregada, surge la obligación de restituir”. No es una acción reivindicatoria, sino de recuperación de carácter personal.