Marco Regulatorio y Políticas Públicas para la Defensa de los Derechos del Consumidor

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Políticas Públicas de Protección al Consumidor

El Estado establece un conjunto de acciones y normativas esenciales para garantizar un mercado justo y seguro para los ciudadanos.

  1. El Estado protege la salud y seguridad de los consumidores a través de una normativa apropiada y actualizada. Promueve el establecimiento de normas para la producción y comercialización de productos y servicios.
  2. El Estado garantiza el derecho a la información de los consumidores.
  3. El Estado orienta acciones a defender los intereses de los consumidores contra las prácticas que afectan sus legítimos intereses.
  4. Reconoce la vulnerabilidad de los consumidores en el mercado y en las relaciones de consumo (ej. gestantes, niños, ancianos).
  5. Formula programas de educación escolar y capacitación para los consumidores.

Derechos Fundamentales de los Consumidores

Todo consumidor goza de derechos irrenunciables que deben ser garantizados por los proveedores y el Estado.

  1. A una protección eficaz respecto de productos y servicios que representen riesgo o peligro para la vida.
  2. Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una elección de consumo ajustada a sus intereses.
  3. A la protección de sus intereses económicos contra las cláusulas abusivas o cualquier mala práctica sobre los productos y servicios.
  4. A un trato justo y equitativo en toda transacción comercial, a no ser discriminado por motivo de…
  5. A la reparación o reposición del producto, a una nueva ejecución del servicio o a la devolución.
  6. A elegir libremente entre productos y servicios idóneos y de calidad.
  7. A la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, céleres o ágiles, con formalidades mínimas.

Protección a la Salud y Seguridad de Consumidores

La seguridad de los productos y servicios es una prioridad regulatoria, exigiendo a los proveedores el cumplimiento de estándares rigurosos.

  • Los productos no deben conllevar riesgo injustificado o no advertido para la salud o seguridad del consumidor o de sus bienes. Se debe cumplir con los estándares de calidad.
  • Si el riesgo es previsible para el proveedor, este debe tomar las medidas y advertir al consumidor de los riesgos, indicando advertencias e indicaciones claras.
  • Los productos químicos y peligrosos se deben comercializar cumpliendo con normas pertinentes, en envases salubres y consignando indicaciones de uso y advertencias.
  • Si se colocan productos en el mercado y luego se detectan riesgos no previstos, el proveedor debe eliminar o reducir el peligro inmediatamente.
  • La advertencia debe ser difundida con celeridad, en un plazo prudencial de acuerdo a la gravedad del riesgo. Debe usarse un encabezado o advertencia adecuado al riesgo. Se debe especificar la naturaleza del riesgo o peligro, utilizando un lenguaje accesible y entendible por el consumidor.

Aprobación Administrativa y Cláusulas Contractuales

El marco legal establece mecanismos para la revisión y validación de los términos contractuales ofrecidos a los consumidores.

  • Se rige por el Código de Protección y Defensa al Consumidor y por el Código Civil.
  • La aprobación de las cláusulas administrativas está a cargo del organismo regulador competente, conforme a la ley de la materia.
  • En caso de contratos celebrados por empresas sometidas a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS/AFP), la aprobación administrativa corresponde a dicha entidad. Solo puede ser cuestionada vía judicial.
  • La autoridad debe difundir las cláusulas generales de contratación aprobadas y las abusivas identificadas. Se nos debe informar de manera transparente.

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