Ley de procedimiento administrativo

5.2. El Poder Judicial, la función jurisdiccional y la Administración de Justicia.
La función jurisdiccional consiste en «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado», y se desarrolla en
«todo tipo de procesos». Es una actividad cuyo ejercicio queda circunscrito al marco del proceso, e
incluye la potestad de hacer ejecutar lo juzgado, de hacer efectiva la resolución judicial. Los jueces y
magistrados han de tener las facultades precisas para conseguir que efectivamente se ejecute.
Las carácterísticas básicas del ejercicio de la función jurisdiccional son la unidad, la totalidad, la
exclusividad y la responsabilidad.

a.) La unidad jurisdiccional.
La unidad está expresamente recogida en la Constitución en dos sentidos diferentes: respecto de
la función jurisdiccional propiamente hablando, en el art. 117.5 de la CE, que prescribe que «el principio
de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales»; o respecto
de quienes desempeñan dicha función, en el art. 122.1 de la CE, de acuerdo con el cual los jueces y
magistrados de carrera «formarán un cuerpo único».
El reconocimiento constitucional del principio de unidad jurisdiccional tiene dos consecuencias
inmediatas: La primera es que la división territorial del poder operada por la Constitución no afecta al
poder judicial: las Comunidades Autónomas pueden asumir poderes legislativos y ejecutivos, pero el
poder judicial es único en toda España. La segunda consecuencia es la exclusión de todo tribunal que
no esté previamente integrado en la estructura orgánica del poder judicial. Es, por tanto, la prohibición
de los tribunales especiales, así como de los de honor y excepción, de que la Administración civil
imponga sanciones que, directa o indirectamente, redunden en privación de libertad.
Sin perjuicio de que otros órganos ajenos al poder judicial, como el Tribunal Constitucional o el
Tribunal de Cuentas, ejerzan funciones jurisdiccionales, la unidad jurisdiccional no conoce más
excepción que la muy relativa de la jurisdicción militar.

b.) La totalidad de la jurisdicción.
La totalidad también deriva directamente de la Constitución. Todo se plasma en el art. 4 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, a tenor del cual «la jurisdicción se extiende a todas las personas, a todas
las materias y a todo el territorio español». La totalidad de la jurisdicción se proyecta, pues, material,
personal y territorialmente sin que quepan excepciones ni por razón de la persona —salvo el Rey, que
es inviolable (art. 56.3 CE)— ni por razón de la materia ni por razón del territorio.
Deducida cualquier pretensión contra cualquier persona, siempre habrá un órgano judicial que
conozca de ella. Los conflictos de competencia entre los órganos judiciales de distintos órdenes
jurisdiccionales, y las cuestiones de competencia entre los que pertenezcan a un mismo orden, se
dirimen de acuerdo con los procedimientos previstos en los artículos 42 a 52 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial. En cualquier caso, el resultado que éstos procedimientos deberán arrojar será la
determinación de un órgano judicial con competencia y jurisdicción para conocer de la pretensión
actuada. Si a ello se añade lo previsto en el artículo 1.7 del Código Civil, se completa un sistema cerrado
que asegura que cualquier pretensión, dirigida contra cualquier persona, encontrará siempre, siguiendo
el procedimiento legalmente previsto, un órgano judicial para conocer de ella y resolverla. 

Es preciso señalar, con todo, que el alcance total de la jurisdicción se extiende a la aplicación
de las leyes, incluyendo el control de la legalidad de la actuación administrativa. No incluye, sin embargo,
el control de oportunidad. Quedan excluidos del ámbito del control jurisdiccional aquellos actos que,
habiendo sido realizados por los órganos competentes de acuerdo con el procedimiento previsto en
las leyes y siendo materialmente concordes con el ordenamiento sean susceptibles de distintas
valoraciones sobre su conveniencia u oportunidad.

La responsabilidad civil, por su parte, se reduce a supuestos de total singularidad genera
responsabilidad estatal, aun cuando al Estado le asista una acción de regreso frente a los jueces cuando
los daños se produzcan por dolo o culpa grave, y no altera tampoco la resolución ni la posición del
juez.
La única forma real de responsabilidad de jueces y magistrados por el ejercicio de su función
se traduce en la responsabilidad penal y, más concretamente, en el delito de prevaricación. Este delito,
el dictar a sabiendas una resolución injusta, constituye la única responsabilidad material que, sobre el
fondo de su cometido, sobre el contenido de la función juzgadora, cabe realmente imputar a un juez.

5.3. La posición constitucional del Juez: independencia, inamovilidad y
sujeción a la legalidad. El Estatuto de Jueces y Magistrados.
a.) La imparcialidad judicial.
La nota básica que se requiere de la función jurisdiccional es la de imparcialidad. Si la función
jurisdiccional se atribuye a un tercer poder, no es sólo por evitar la concentración del poder: es, sobre
todo, para garantizar que la aplicación del Derecho y la interpretación de las normas corresponde a
alguien que, por ser distinto y ajeno a quien produce las normas y a quien las promueve y ejecuta,
puede resolver con imparcialidad.
La imparcialidad es el rasgo fundamental que debe caracterizar el ejercicio de la función
jurisdiccional, lo que, dado el carácter fragmentario de este poder, es tanto como decir que la
imparcialidad debe ser la carácterística básica de todos y cada uno de los jueces y magistrados. A la
consecución de esa imparcialidad se encaminan las garantías de que se dota a jueces y magistrados.
Sin embargo, tales carácterísticas o atributos son instrumentales, y no son fines en sí mismos:
su objetivo es asegurar la imparcialidad de quien va a «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado».

EL ESTATUTO DE JUECES Y MAGISTRADOS.
Para asegurar la independencia de jueces y magistrados, la Constitución apuntala su posición
jurídica con un núcleo de garantías y con algunas limitaciones de derechos que constituyen un auténtico
estatuto del juzgador. Su contenido en la propia Constitución, y se encuentra desarrollado y ampliado
en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que constituye una reserva en favor de una determinada ley
orgánica, para todo lo referente a la situación estatutaria de jueces y magistrados. Esta reserva es la
primera garantía de la independencia. A ello hay que añadir que la aplicación de la normativa se atribuye
por la propia Constitución a un órgano ajeno a los poderes legislativo y ejecutivo.
El sistema español llega, pues, hasta el punto de ofrecer una «garantía de las garantías», creando
un órgano cuya principal función constitucional es la de velar por las garantías constitucionales asignadas
a los miembros del poder judicial y asegurando, así, que dichas garantías no serán desvirtuadas por su aplicación práctica, al atribuir dicha aplicación a los destinatarios de las resoluciones del poder judicial:
El Consejo General del Poder Judicial.

a.) La inamovilidad.
Consiste en que los jueces y magistrados no pueden ser separados, suspendidos, trasladados
ni jubilados sino por las causas y con las garantías previstas en la ley. El propósito de esta previsión es
impedir que la actuación de un juez o magistrado pueda acarrearle consecuencia desventajosa alguna
para la posición que ostenta, así como evitar que quien tuviere potestad para ello pudiese remover de
su puesto, o separar de un proceso determinado, a un juez cuyo comportamiento no le resulte
satisfactorio, imponiendo en su lugar a alguien más receptivo a sus deseos. La Constitución dispone
que los jueces no podrán ser removidos de sus puestos sino por las causas legalmente previstas. En la
LOPJ se prevén las causas de suspensión en la condición de magistrado y de pérdida de dicha condición.

Tales causas se reconducen, además de la renuncia, a la pérdida de la nacionalidad, la sanción
administrativa, la condena penal o el proceso encaminado a su imposición, la incapacidad y la jubilación.
La suspensión y la separación son competencia del Consejo General del Poder Judicial.
La regulación de la carrera profesional de jueces y magistrados está presidida por el propósito
de asegurar la independencia judicial, evitando que órganos ajenos al poder judicial puedan condicionar
dicha carrera profesional y puedan inclinar en su favor la posición de jueces y magistrados. En España
la carrera profesional de la judicatura está reglada en un altísimo porcentaje de puestos; en otros casos,
en los que el nombramiento es discrecional, la potestad al respecto corresponde al Consejo General
del Poder Judicial. Se impide, con ello, que el ejecutivo pueda influir en la carrera y, por tanto, en la
obligada imparcialidad de los juzgadores.

b.) Limitaciones y prohibiciones.
El estatuto de los jueces y magistrados incorpora positivas: la independencia, la inamovilidad y
la sustracción al ejecutivo de toda potestad sancionadora o de toda facultad sobre las situaciones
administrativas y sobre la carrera profesional son algunas de ellas. A todas ellas habría que añadir una
inmunidad relativa, que reserva al juez competente, salvo en casos de flagrante delito, la facultad de
detener a un juez o magistrado.

Son, además, destinatarios de numerosas prohibiciones personales, como las relativas al
ejercicio de las profesiones jurídicas por parte de sus cónyuges o parientes hasta el segundo grado de
afinidad. La competencia para determinar la concurrencia de la incompatibilidad o la infracción de las
prohibiciones corresponde, también, al Consejo General del Poder Judicial.

5.4. La estructura del Poder Judicial

La estructura del poder judicial se crea conforme a tres criterios: el de la materia del conflicto
a resolver, el territorial y el jerárquico.
El criterio material supone la división de la jurisdicción en cuatro grandes órdenes
jurisdiccionales distintos, civil, penal, contencioso-administrativo y social, aun cuando la jurisdicción
siga siendo única. El criterio organizativo material debe ser completado señalando que también existe
en el Tribunal Supremo una Sala de lo Militar y una serie de juzgados especializados (de Menores, de
Vigilancia Penitenciaria o de Violencia contra la mujer). Por otra parte, hay que tener en cuenta que el
Consejo General del Poder Judicial puede acordar —art. 98.1 LOPJ— que algunos juzgados se ocupen
en exclusiva de determinadas clases de asuntos. Esta previsión puede dar lugar a órganos especializados
en, por ejemplo, asuntos de familia, hipotecarios o mercantiles.

El criterio jerárquico se corresponde con el geográfico, en el sentido de que un ámbito territorial
más extenso y superpuesto implica un mayor nivel jerárquico. Por otro lado, los órganos judiciales
pueden ser, según el número de titulares que los atiendan, unipersonales o colegiados. La
independencia judicial vacía de contenido la noción de jerarquía: ésta se basa exclusivamente en un
mayor nivel profesional y en la posibilidad de revocar, modificar o confirmar las resoluciones de los
órganos inferiores sin que sea posible que los órganos superiores cursen a los órganos inferiores
instrucciones sobre la interpretación o aplicación de las normas. Esta función no se corresponde en
realidad con el ejercicio de jerarquía alguna, sino con el de la función jurisdiccional cuando se tiene
atribuida la competencia de examinar los recursos interpuestos contra las resoluciones de otros
órganos.

5.5. El gobierno del Poder Judicial: El Consejo General del Poder Judicial.
a) El Consejo General del Poder Judicial. Composición.
El Consejo General del Poder Judicial tendrá 21 miembros, 12 de ellos deben ser elegidos
entre jueces y magistrados de todas las categorías. La designación de estos doce vocales de origen
judicial deberá respetar una determinada proporción entre Magistrados del Tribunal Supremo y otros
Magistrados con diversos niveles de antigüedad. Los otros ocho deben ser designados entre juristas
de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio.

La imposibilidad de remover a los miembros del CGPJ antes de la conclusión de su mandato,
que dura cinco años, y la prohibición de que sean reelegidos persiguen eliminar toda posible influencia
sobre ellos. Deberán ser elegidos por tres quintos de las Cámaras.
Una vez nombrados, los veinte vocales eligen por mayoría de tres al Presidente del Tribunal
Supremo. La Constitución remite a la ley los requisitos que éste debe reunir y la LOPJ exige que sea
elegido entre miembros de la carrera judicial con la categoría de Magistrados del Tribunal Supremo, y
que reúnan las condiciones exigidas para ser Presidente de Sala del mismo, o entre juristas de
reconocida competencia con más de veinticinco años de antigüedad en la carrera o en el ejercicio de
la profesión. El Presidente del Tribunal Supremo preside, a su vez, el CGPJ, y es el único miembro de
éste que puede ser reelegido por una sola vez.
b) Funciones.
Participa en la designación de miembros de otros órganos constitucionales, como el Tribunal
Constitucional, designando dos de sus miembros —arts. 159.1 de la CE—, evacua informes sobre otros
nombramientos, como el del Fiscal General del Estado, aprueba una memoria anual y emite informes
sobre determinados anteproyectos de leyes o de disposiciones generales. Tiene competencia exclusiva
en relación con:

• Selección, formación y perfeccionamiento de jueces y magistrados.
• Nombramientos de jueces y magistrados.
• Ascensos de los mismos.

Existen ciertos puestos como los de magistrado del Tribunal Supremo o Presidentes de
Tribunales Superiores de Justicia o de Audiencias Provinciales, que son ocupados por quiénes,
reuniendo los requisitos legalmente exigidos, sean designados por el CGPJ. Los jueces y magistrados
saben que su carrera se regirá, en su mayor parte, por el automatismo legalmente previsto; solo ciertos
y contados puestos —como los Presidentes de Tribunales y Audiencias y los magistrados del Tribunal
Supremo— son cubiertos por designación que, además, corresponde a un órgano ajeno a los poderes
legislativo y ejecutivo.
• También es competencia del CGPJ la inspección y vigilancia de los juzgados y tribunales.
• Ejercicio de las competencias relativas a las situaciones administrativas —activo, servicios
especiales, excedencia, licencias y permisos, etc. — de jueces y magistrados.
• Potestad disciplinaria para las sanciones de mayor gravedad: imponer a los integrantes del
poder judicial las sanciones de traslado forzoso, suspensión y separación.

5.6. El Ministerio Fiscal

a) Configuración constitucional.
El Ministerio Fiscal no forma parte del poder judicial. Es misión del Ministerio Fiscal —art.
124.1 de la CE— «promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los
ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley», y «promover la acción de la justicia». El Ministerio
Fiscal ejerce su función por medio de «órganos propios». Ejecuta las instrucciones que recibe por
medio de órganos propios, y no por los órganos comunes al ejecutivo y a la Administración.

6.1. Composición y organización del Tribunal Constitucional.
COMPOSICIÓN.
El Tribunal Constitucional encarna una auténtica jurisdicción, sometido exclusivamente
a la Constitución y a su Ley Orgánica. El Tribunal Constitucional está configurado directamente
por la Norma Fundamental. Tiene una naturaleza concentrada: sólo el Tribunal Constitucional
puede declarar la inconstitucionalidad de las normas con fuerza de ley. Los órganos judiciales
pueden participar a través del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. El Tribunal
Constitucional no es el único órgano que debe aplicar e interpretar la Constitución: todos los
órganos jurisdiccionales la aplican y la interpretan, pero el Tribunal Constitucional es el órgano
encargado de unificar esa interpretación.
El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros: cuatro a propuesta del
Congreso de los Diputados, cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta del Gobierno, dos
a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Los ocho Magistrados propuestos por las
Cortes han de serlo con mayoría cualificada: tres quintos de los miembros de la Cámara. El
mandato de los Magistrados del Tribunal Constitucional es de nueve años para que su elección
no coincida con las legislaturas. No se renueva de manera global: cada tres años cuatro miembros
del Tribunal deberían ser renovados.

Para ser Magistrado del Tribunal Constitucional hay que cumplir tres requisitos:
1. Ser jurista: Magistrados, Fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos y
Abogados.
2. Mínimo de antigüedad: 15 años de ejercicio profesional.
3. Se exige «reconocida competencia».

6.3. Los procedimientos de declaración de la inconstitucionalidad.
El control de constitucionalidad de las normas con fuerza de ley es el instrumento de
fiscalización jurídica de los poderes públicos que cierra el Estado de Derecho. Las normas a las
que afecta el control de constitucionalidad son: Estatutos de Autonomía, leyes orgánicas, leyes
ordinarias, decretos-leyes, decretos legislativos, tratados internacionales, reglamentos de las
Cámaras y de las Cortes Generales, normas equivalentes a las anteriores categorías que puedan
dictarse por las Comunidades Autónomas (leyes, decretos-ley, decretos legislativos y
reglamentos de sus Asambleas Legislativas), las normas que declaran o prorrogan los estados
excepcionales, normas fiscales dictadas por los Territorios de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, éstas
en virtud de la Disposición Adicional Quinta LOTC.

EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
a) Legitimación.
El recurso de inconstitucionalidad es el primer instrumento procesal para controlar la
constitucionalidad de las normas con fuerza de ley. Están legitimados para interponer recurso
de inconstitucionalidad: el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta
Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades
Autónomas, las Asambleas de las Comunidades Autónomas. De la lectura de esta lista se deduce que la legitimación para recurrir directamente
normas con fuerza de ley está muy restringida. El sentido de la restricción de legitimación en la
impugnación de normas con fuerza de ley radica en el deseo de evitar continuas impugnaciones
de las normas que se consideran elementos básicos del ordenamiento y manifestación de la
voluntad general.

La legitimación otorgada al Defensor del Pueblo podría pensarse que debería restringirse
al campo de la protección de los derechos fundamentales. Ahora bien, no puede olvidarse que
el concepto mismo de protección de los derechos fundamentales tiene un amplísimo alcance, por lo que pocas son las normas que directa o indirectamente no pueden conectarse con dicha tarea.

b) Plazo.
El plazo para interponer el recurso de inconstitucionalidad es de tres meses a partir de
la publicación de la norma impugnada. En el caso de las normas con fuerza de ley de las
Comunidades Autónomas, es la primera publicación la que sirve para computar este plazo de
tres meses. El plazo de tres meses se alarga a nueve meses en los supuestos en los que se ponga
en marcha el mecanismo de cooperación, dirigido a evitar la impugnación de normas estatales
por las Comunidades Autónomas o viceversa.

c) Procedimiento.
El recurso de inconstitucionalidad se inicia mediante el correspondiente escrito de quien
posea legitimación, en el que se ha de concretar la disposición impugnada así como los motivos
del recurso. El Tribunal Constitucional, admitido a trámite, da traslado del recurso al Congreso
de los Diputados, al Senado, al Gobierno y, en el caso de que la norma impugnada sea de una
Comunidad Autónoma, a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo correspondientes. Los que lo
consideren oportuno, pueden personarse y formular alegaciones; a la vista del recurso y de las
alegaciones, el Pleno del Tribunal Constitucional debe dictar sentencia.

d) Efectos.
Desde el punto de vista temporal, las sentencias del Tribunal Constitucional despliegan
sus efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En segundo
lugar, y por lo que se refiere a su contenido, la declaración de inconstitucionalidad supone la
«nulidad» de los preceptos afectados. Esto indica, en primer lugar, que no toda la norma debe
verse afectada por la declaración de inconstitucionalidad, sino solamente aquellos preceptos de
la misma que sufran el vicio de validez. La declaración de inconstitucionalidad no permite revisar
procesos fenecidos mediante sentencia con efectos de cosa juzgada en los que se haya hecho
aplicación de la norma inconstitucional salvo en un caso: que esa aplicación haya supuesto una
sanción penal o administrativa que no existiría o se vería reducida como consecuencia de la
nulidad de la norma aplicada.

LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

6.4. La resolución de los conflictos de competencias.
La Constitución ha previsto que el Tribunal Constitucional resuelva los conflictos de
competencia que surgen entre el Estado y las Comunidades Autónomas, o de éstas entre sí.
Estos conflictos se encuentran regulados por el Título IV de la LOTC.
El objeto de los conflictos de competencia es el de resolver las controversias que puedan
surgir en torno a la interpretación del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas establecido por el bloque de la constitucionalidad. El conflicto puede
ir más allá de la simple reivindicación de una potestad; además de ese supuesto, el conflicto
puede plantearse frente a actuaciones que producen el efecto de dificultar el normal ejercicio
de las competencias ajenas.

Existen dos tipos de conflictos de competencia: los positivos y los negativos. Los
primeros enfrentan al Estado y a la Comunidad Autónoma —o a éstas entre sí— en relación
con el ejercicio de una competencia; los segundos, en cambio, los enfrentan por negar ambas
partes ser titulares de la competencia. Los más habituales son los conflictos positivos.

b) Legitimación.
Para plantear un conflicto positivo de competencias están legitimados exclusivamente el
Gobierno del Estado y los órganos ejecutivos superiores de las Comunidades Autónomas.

c) Procedimiento.
Cuando quien suscita el conflicto es el Gobierno de la Nacíón, éste puede actuar de dos
formas: bien interponiendo directamente el conflicto ante el Tribunal Constitucional, bien, como
es habitual, requiriendo antes a la Comunidad Autónoma para que derogue o anule la disposición
o actos que considera causantes del conflicto. En el supuesto de que quien inicie el conflicto sea
una Comunidad Autónoma, ésta debe necesariamente requerir al Estado o a la otra Comunidad
Autónoma para que proceda en la forma indicada. El requerimiento previo pretende, pues, abrir
una vía de entendimiento que evite el conflicto propiamente dicho. El plazo para plantear el conflicto directamente o para requerir es de dos meses a partir
de la publicación o comunicación del acto o disposición viciados de incompetencia. Cuando ha
existido requerimiento previo y éste no ha dado el resultado esperado, el conflicto de
competencia puede formalizarse ante el Tribunal Constitucional en el plazo de un mes a contar
desde el rechazo del requerimiento.

El objeto del conflicto no podrá exceder del contenido del requerimiento previo.
Si el Gobierno invoca el art. 161.2 de la CE, el acto o resolución supuestamente viciado
queda automáticamente suspendido por un plazo no superior a cinco meses; transcurrido dicho
período, el Tribunal Constitucional, si no ha resuelto el conflicto, puede decretar el
levantamiento o la continuación de la suspensión; no obstante, puede solicitarse por la
Comunidad Autónoma afectada el levantamiento de la suspensión antes de que transcurran los
cinco meses.

d) Contenido y efectos de la sentencia.
Las sentencias que resuelven conflictos de competencia han de determinar a quién
corresponde ejercer la competencia controvertida de acuerdo con lo dispuesto por el bloque
de la constitucionalidad. La sentencia podrá anular la disposición, resolución o acto que dio lugar
al conflicto si estuviere viciado de incompetencia. En cada caso el Tribunal puede modular los
efectos que la decisión haya de tener sobre las situaciones creadas a partir del acto o disposición
anulado.

6.5. El control constitucional de los tratados internacionales.
Otro instrumento procesal que existe para controlar la constitucionalidad de normas
con fuerza de ley es el control previo de tratados internacionales. La carácterística más
importante de esta técnica de control de constitucionalidad radica en el hecho de que la
fiscalización se produce antes de la entrada en vigor de la norma.

a) Objeto.
El control previo de tratados posee una configuración particular, distinta del resto de
los procesos constitucionales. Ello es así porque su objeto no es, o no tiene porqué ser,
exactamente impugnatorio; más bien es de naturaleza consultiva puesto que de lo que se trata
es de comprobar si existe obstáculo constitucional a la prestación del consentimiento a un
tratado internacional, aunque la decisión sea vinculante.

b) Legitimación.
Solamente el Gobierno o alguna de las pueden instar dicho control mediante el
correspondiente requerimiento.

c) Procedimiento.
Realizado el requerimiento, se da traslado de éste al resto de los órganos legitimados
para que efectúen alegaciones; oídos el Gobierno y las Cámaras, el Tribunal Constitucional dicta
la correspondiente resolución que adopta la forma de «declaración» y no de sentencia.

d) Efectos.
El sentido del control previo de inconstitucionalidad es, en parte, evitar que un tratado
internacional contrario a la Constitución entre en vigor. La apreciación de oposición entre
Constitución y tratado supone bien la necesidad de modificar la Norma Fundamental, bien la no
prestación de consentimiento por parte del Estado, bien la necesidad de renegociar el tratado si
ello es posible. Conviene recordar que la existencia del control previo no excluye la posibilidad
de impugnación de tratados internacionales a posteriori, a través del recurso o de la cuestión
de inconstitucionalidad.

6.6. La protección de los derechos fundamentales mediante el

recurso de amparo.

El recurso de amparo es el instrumento procesal más importante de defensa ante el
Tribunal Constitucional de los derechos y libertades de los ciudadanos. Cumple una doble
misión; por una parte, sirve como remedio último interno de protección de los derechos del
ciudadano; por otra, tiene una función objetiva de defensa de la constitucionalidad al servir de
instrumento de interpretación de los derechos fundamentales.

a) Objeto.
El recurso de amparo protege de cualquier acto de los poderes públicos que atente
contra los derechos consagrados en los preceptos siguientes:
• Art. 14 de la CE: principio de igualdad.
• Sección Primera del Capítulo II del Título Primero de la CE: derechos fundamentales y
libertades públicas de los arts. 15 a 29 de la CE.
• Derecho a la objeción de conciencia.

El procedimiento que se sigue ante el Tribunal Constitucional para la resolución del
recurso de amparo consta de dos fases.
La primera fase —fase de admisión— tiene como finalidad asegurarse de que la demanda
de amparo cumple todos los requisitos legalmente exigidos. Al mismo tiempo, sirve también
para valorar la trascendencia constitucional del recurso de amparo. Ello no implica la desprotección de los derechos en aquellos supuestos que no se consideren importantes; lo que
sucede es que la protección la habrán dispensado los jueces y tribunales ordinarios
Cumplido esto, la demanda es admitida a trámite, entrando en la segunda fase; en caso
contrario, la demanda se inadmite.

f) La sentencia de amparo.
Las sentencias de amparo pueden tener un doble contenido: de desestimación de la
demanda (denegación del amparo) o de estimación, total o parcial (otorgamiento del amparo).
Desde el punto de vista del caso concreto prevé un posible triple efecto de la estimación del
amparo. Este triple efecto no es necesariamente alternativo; por el contrario, es habitual que el
fallo de la sentencia incluya más de uno de los efectos previstos. Estos son:
• Declaración de nulidad del acto o resolución impugnado.
• Reconocimiento del derecho o libertad vulnerado.
• Restablecimiento del recurrente en la integridad del derecho, debíéndose adoptar las
medidas que sean necesarias para ello.

6.7. Otras competencias del Tribunal Constitucional.
EL CONTROL DE NORMAS FISCALES FORALES.
El Tribunal Constitucional tiene competencia para controlar las normas fiscales de los
Territorios Históricos vascos. El Tribunal Constitucional parece haberse decantado por la idea
de que se trata de un control singular el de esas normas fiscales, no de cualquier norma foral,
aunque procesalmente se siguen las vías directa e incidental del control de constitucionalidad de
las normas con fuerza de ley.

EL CONTROL PREVIO DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA.
Este control pretende evitar la tensión política y la inseguridad jurídica que puede
generar la aprobación de un Estatuto o de su reforma hasta la resolución de un hipotético
recurso de inconstitucionalidad planteado contra el mismo, y el choque de legitimidades que se
produce si dicha reforma es de las que deban realizarse con aprobación por referéndum.
El objeto de control son los Estatutos de Autonomía que puedan elaborarse o las
reformas que pretendan realizarse a los ya vigentes.
La legitimación para recurrir se otorga a quien la tiene para el planteamiento del recurso
de inconstitucionalidad.
El momento del control es la aprobación por parte de las Cortes Generales y antes de
que producida dicha aprobación prosiga el procedimiento legislativo y se perfeccione la norma.
El plazo es muy breve: tres días desde que se publique en el Boletín de las Cortes
Generales el texto resultante de la deliberación parlamentaria y el efecto de la interposición del
recurso es la suspensión de procedimiento.
El procedimiento ante el Tribunal es el que se sigue en el recurso de inconstitucionalidad,
aunque se trata de un proceso absolutamente prioritario que debe resolverse en el plazo de seis

meses. Si el fallo es desestimatorio, el procedimiento de aprobación —referéndum incluido en
su caso— vuelve a ponerse en marcha. Si, por el contrario, la sentencia es estimatoria, “ésta
deberá concretar los preceptos a los que alcanza, aquellos que por conexión o consecuencia
quedan afectados por tal declaración y el precepto o preceptos constitucionales infringidos. En
este supuesto, la tramitación no podrá proseguir sin que tales preceptos hayan sido suprimidos
o modificados por las Cortes Generales” (art. 79.8 LOTC).
Se declara la compatibilidad del control previo con recursos o cuestiones de
inconstitucionalidad que puedan plantearse una vez que el Estatuto o su reforma hayan entrado
en vigor.

LAS IMPUGNACIONES DEL TÍTULO V DE LA LOTC.
El Título V de la LOTC establece la posibilidad de recurrir actos o disposiciones con
rango infralegal de las Comunidades Autónomas que el Estado considere contrarios a la
Constitución por motivos distintos del reparto de competencias. Los actos recurridos deben
poseer naturaleza jurídica, manifestación de la voluntad institucional de una Comunidad
Autónoma, que no sean actos de trámite y que tengan capacidad de producir efectos jurídicos.
Sólo el Estado, a través del Gobierno, puede plantearlas; a las Comunidades Autónomas
no les es posible usar esta vía procesal para recurrir actos o disposiciones del Estado.
Una segunda particularidad viene dada por la suspensión automática del acto recurrido
que la impugnación trae consigo durante cinco meses. Transcurrido ese plazo la suspensión
puede levantarse por el Tribunal Constitucional si así lo estima conveniente, siendo posible que
la Comunidad Autónoma solicite el levantamiento antes de los cinco meses. La tramitación
procesal de las impugnaciones es la misma que la de los conflictos positivos de competencia.

LOS CONFLICTOS EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL..
a) Objeto.
Mediante la misma no puede impugnarse cualquier vulneración de la autonomía local; el
objeto de este conflicto se encuentra doblemente limitado. Por un lado, sólo la vulneración de
la autonomía local «constitucionalmente garantizada». Quedan fuera de este conflicto las
lesiones del contenido de la autonomía local que venga directamente configurado por normas
infraconstitucionales. Sólo pueden dar lugar al conflicto las lesiones que sean directamente
imputables a normas con fuerza de ley, estatales o de las Comunidades Autónomas.

b) Legitimación.
En primer lugar, se legitima a los entes locales (municipio o provincia) que sean
destinatarios únicos de la norma.. En los demás casos, cuando el destinatario no es único, se
impone una legitimación colectiva consistente.
Para los municipios, la acción la deben ejercer al menos 1/7 de los existentes en el ámbito
territorial de aplicación de la norma, debiendo representar al menos a 1/6 de la población
existente en dicho ámbito territorial.
Respecto de las provincias, los criterios son similares, debiendo plantearse el conflicto
al menos por la mitad de las provincias afectadas que representen a la mitad de la población. Las Disposiciones Adicionales de la LOTC establecen una serie de reglas especiales para los Cabildos
y Consejos insulares, y para las instituciones de los Territorios Históricos del País Vasco.
Los acuerdos de interposición del conflicto deberán adoptarse por mayoría absoluta de
los miembros del Pleno del correspondiente órgano de cada corporación local.

c) Procedimiento.
La LOTC prevé en estos conflictos la necesidad de evacuar un trámite previo a la
interposición efectiva del conflicto. Antes de producirse ésta, el Consejo de Estado u órgano
consultivo de la correspondiente Comunidad Autónoma debe preceptivamente emitir un
dictamen no vinculante sobre la procedencia o no del correspondiente conflicto. La solicitud de
emisión del mismo debe formalizarse dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la
norma con fuerza de ley supuestamente lesiva de la autonomía local. Dentro del mes siguiente
a la emisión del dictamen puede substanciarse el conflicto ante el Tribunal Constitucional.
Planteado formalmente el conflicto la LOTC establece una fase de admisión, en la cual
el Tribunal podrá decretar la inadmisión del conflicto tanto por razones procesales
insubsanables.
Admitido a trámite el conflicto se notifica al Gobierno y a las Cámaras, oídas las
alegaciones de los órganos personados, el Pleno del Tribunal dicta sentencia.

LOS CONFLICTOS DE ATRIBUCIONES.
La LOTC regula la resolución de los conflictos entre órganos del Estado o conflictos de
atribuciones.

a) Objeto.
El objeto de estos conflictos es resolver las controversias que, dentro de los poderes
del Estado, surgen sobre el reparto de atribuciones entre ellos. El conflicto de atribuciones surge
sólo cuando alguno de esos órganos constitucionales entiende que otro de ellos ha invadido su
esfera de actuación; no obstante se ha interpretado que su finalidad no es sólo reivindicar una
potestad concreta sino proteger la esfera de actuación de un órgano constitucional frente a la
acción de otro.

b) Legitimación.
La legitimación está restringida a los plenos del Gobierno, Congreso de los Diputados,
Senado y Consejo General del Poder Judicial.

c) Procedimiento.
El órgano legitimado, mediante acuerdo de su Pleno, se lo hará saber al órgano
presuntamente invasor, solicitado que revoque la decisión o decisiones correspondientes. Si éste
último afirmara de manera expresa o tácita que ha actuado dentro de sus atribuciones, quedará
abierta la vía al planteamiento del conflicto ante el Tribunal Constitucional. Éste, oídos el órgano 

requerido y el requirente, dicta sentencia determinando a qué órgano corresponde la atribución
constitucional controvertida; asimismo declara la nulidad de los actos viciados de incompetencia.

DEFENSA DE LA JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
La reforma de la LOTC dotó al Tribunal Constitucional de una nueva competencia: la
defensa de su propia jurisdicción. El Tribunal es «único en su orden y extiende su jurisdicción a
todo el territorio nacional». Ello comporta que sea el propio Tribunal Constitucional el que
determine cuáles son los límites de su competencia y jurisdicción, y el que decide que sus
decisiones no puedan ser revisadas ni enjuiciadas por ningún otro órgano del Estado.

7.1. La forma territorial del Estado. La autonomía de nacionalidades y

regiones.

a.) La forma territorial del Estado.
La CE asume la protección de “los pueblos de España en el ejercicio de los derechos
humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones” y emprende el camino hacia la
reorganización territorial del Estado. En el Título “De la Organización Territorial del Estado, de
la CE sientan las bases para la construcción de lo que hoy conocemos como Estado Autonómico.
Sin embargo, en ninguno de estos preceptos constitucionales encontramos una definición precisa
de la forma territorial del Estado ni tampoco un modelo definitivo de distribución territorial del
poder.
La CE abre el proceso de descentralización política afirmando el derecho a la autonomía
de las regiones y nacionalidades españolas (art. 2 CE) que podrían constituirse como
Comunidades Autónomas siguiendo alguno de los procedimientos regulados en el Título VIII. La
forma territorial de nuestro Estado, el Estado autonómico, es una forma singular de
descentralización política que no responde exactamente al modelo clásico de Estado Federal ni
al modelo clásico de Estado regional, y no es más ni menos descentralizada que un estado federal. 

7.2. La distribución de competencias entre el Estado y las

Comunidades Autónomas.

El marco constitucional de distribución de competencias es el mismo para todas las
CCAA, pero la CE determina que las CCAA constituidas por la vía ordinaria se limitan a escoger
sus competencias dentro del listado del art. 148 CE. Por su parte, las CCAA constituidas por la
vía rápida (art. 151 CE) disfrutan de un mayor nivel de autogobierno ya que podían asumir, de
entrada, las competencias contenidas en el art. 149 CE siempre que no correspondiesen al
Estado con carácter excluyente. El resto de CCAA sólo pudo asumir este tipo de competencias
mediante las reformas estatutarias operadas transcurridos cinco años desde su constitución.
Respecto la cláusula residual de cierre del sistema de competencias, una consecuencia
lógica del principio dispositivo de la distribución de competencias es la previsión constitucional
de que las competencias que no han sido asumidas por las CCAA corresponden al Estado.
Además, las CCAA podrán asumir las materias omitidas por cualquiera de las dos listas de los
artículos 148 y 149.

a.) Competencias exclusivas y competencias compartidas.
En el modelo de distribución de competencias del Estado autonómico una materia puede
estar asignada íntegramente al Estado o CA (competencia exclusiva) o puede ser asumida en
parte por el Estado y en parte por la CA (competencia compartida). De este modo, el Estado y
las CCAA intervienen sobre el mismo ámbito competencial asumiendo distintas funciones.
Las competencias exclusivas del Estado: El art. 149 CE enumera hasta 32 competencias
que quedan reservadas al Estado. Dentro de este listado podemos distinguir un conjunto de
competencias reservadas al Estado de manera excluyente, que en ningún caso pueden ser
asumidas por las CCAA, y otro grupo de competencias que, aunque su titularidad corresponde
al Estado, pueden ser asumidas parcialmente por las CCAA (competencias compartidas).

b.) Competencias compartidas.
Reserva legislativa a favor del Estado: dentro del art. 149 CE podemos encontrar un
conjunto de materias cuyo desarrollo legislativo corresponde al Estado, pero cuya ejecución
puede ser asumida por las CCAA.
La reserva estatal de la legislación básica: la reserva legislativa de la CE a favor del Estado
puede no ser íntegra. En algunos supuestos del art. 149 CE, el Estado sólo tiene competencia
exclusiva para regular “las normas básicas”, la “legislación básica” o “las bases” de la materia en
cuestión. De este modo, la CE abre una puerta al desarrollo legislativo autonómico dentro del
marco de la legislación básica nacional.
Competencias de las Comunidades Autónomas: Las competencias propias de las CCAA
son las que se enumeran en sus respectivos EEAA. Las CCAA han integrado en sus EEAA las
competencias enumeradas en el listado del art. 148 CE como la Organización de sus instituciones
de autogobierno; La agricultura y ganadería; La gestión del medio ambiente; o la Sanidad.

Las CCAA también han asumido progresivamente en su EEAA funciones de desarrollo
legislativo y funciones ejecutivas de ámbitos competenciales compartidos, de titularidad estatal,
enumerados en el art. 149 CE. En los supuestos en que las CCAA asumen la potestad legislativa
sobre determinada materia, corresponde al parlamento autonómico. Las leyes autonómicas son
normas con fuerza de ley, que sólo pueden objeto de control por el juez constitucional. Las 93
CCAA también asumen competencias ejecutivas gestionadas por la administración autonómica,
dirigida por el ejecutivo de la CA.

7.3. Los Estatutos de Autonomía

Las regiones y nacionalidades acceden al autogobierno y se constituyen en CCAA
mediante la aprobación de su Estatuto de Autonomía (EA). Los EEAA tienen una doble naturaleza
jurídica, pues el EA es la norma que expresa el ejercicio del derecho de autonomía de la
Comunidad Autónoma y que regula sus instituciones de autogobierno, es decir, es “la norma
institucional básica de cada CA”. Además, el EA es formalmente una Ley Orgánica aprobada por
las Cortes Generales (art. 81 CE), subordinada a la Constitución e integrada en el ordenamiento
jurídico español.
La CE determina el contenido mínimo de los EEAA en el art. 147:
a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
b) La delimitación de su territorio.
c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las
bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

El art. 152 CE dispone que la organización institucional autonómica se basará en una 86
Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación
proporcional que asegure la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de
Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea; y
un Tribunal Superior de Justicia.

→ Elaboración, aprobación y reforma de los EEAA.
• La iniciativa del proceso autonómico.
La “vía ordinaria” de acceso a la autonomía está regulada en el art. 143 CE. En el ejercicio
del derecho a la autonomía, las provincias limítrofes con carácterísticas históricas, culturales
y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional
histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas. La
iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al
órgano interinsular (art 143 CE).
Además, la CE reserva a las Cortes Generales, mediante LO, la posibilidad de impulsar
el proceso de iniciativa autonómica en los supuestos regulados en su art. 144:
a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere
el de una provincia. B) Autorizar un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la
organización provincial
c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales.
El art. 151 CE establece una iniciativa del proceso autonómico más compleja para las
regiones y nacionalidades que querían acceder de entrada a un régimen de autogobierno más
intenso. Esta iniciativa debía contar con el apoyo de las tres cuartas partes de los municipios de
cada provincia y debía ser refrendada por la mayoría absoluta de los ciudadanos electores de
cada provincia. Andalucía es la única CA que siguió este procedimiento.

→ La elaboración y aprobación de los EEAA.
La elaboración de los Estatutos se realizará conforme al procedimiento del art. 146 CE,
cuando la iniciativa del proceso autonómico siguió la vía ordinaria del art. 143, y el proceso de
elaboración de los EEAA sigue los siguientes pasos:
-Elaboración del proyecto de Estatuto por una asamblea integrada por los miembros de
la Diputaciones provinciales y los Diputados y Senadores en las Cortes Generales que provénían
de la CCAA.
-Remisión a Cortes para su aprobación definitiva como Ley Orgánica.

La elaboración de los EEAA conforme al procedimiento del art. 152 CE cuando las
nacionalidades que habían plebiscitado su Estatuto en la II República (Cataluña, Galicia y País
Vasco) y Andalucía, que ejerce la iniciativa del proceso autonómico por la vía rápida del art.
151 CE, elaboran su EA siguiendo el procedimiento establecido por el art 151:
-Elaboración del proyecto de Estatuto por los Diputados y Senadores en las Cortes
Generales que provénían de la CCAA
-Estudio del proyecto en Comisión de Asuntos Constitucionales (Congreso).
-Celebración de referéndum en las provincias que componen la Comunidad; necesaria
concurrencia de la mayoría de los votos afirmativos en todas las provincias.
-Remisión definitiva a Cortes para su ratificación definitiva.

→ La reforma de los Estatutos.
Todos los EEAA deben contener necesariamente un procedimiento para su propia
reforma, como indica el art 147 CE. En el procedimiento de reforma regulado por los 89 EEAA
intervienen necesariamente la Asamblea Legislativa de la CA y las Cortes Generales.
Sobre la iniciativa de la reforma ante el parlamento autonómico, cada EEAA determina
quiénes son los sujetos que pueden impulsar su reforma. La iniciativa de reforma corresponde
normalmente al Gobierno y a la propia Asamblea legislativa de la CA, a propuesta de un número
determinado de parlamentarios.
Respecto la rigidez de la reforma estatutaria, los procedimientos de reforma estatutaria
exigen la aprobación de los proyectos por una mayoría reforzada en el parlamento autonómico. En algunas Asambleas legislativas el proyecto debe ser aprobado por mayoría absoluta, en otros
por 3/5 de los parlamentarios autonómicos y en otros por la mayoría de 2/3. 

7.4. El Estatuto de Autonomía de Canarias

El Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) es la “norma institucional básica” de la
Comunidad Autónoma de Canarias (CAC). Las Islas Canarias ejercen su derecho al
autogobierno conforme al procedimiento establecido en los arts. 143 y 146 CE.
El EAC integra la denominación de la Comunidad; la delimitación de su territorio; la
denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias; las competencias
asumidas dentro del marco establecido en la Constitución; y el proceso de su reforma.
La propuesta de reforma debe ser presentada ante el Parlamento de Canarias. Respecto
a los titulares para presentar la propuesta de reforma, la titularidad corresponde al Gobierno
de Canarias, al propio Parlamento de Canarias y a las Cortes Generales. Tiene que ser planteada
inicialmente por cinco diputados, un grupo parlamentario o un diputado y debe ser tomada en
consideración por el Pleno de la Cámara para perfeccionarse.
Después la propuesta de reforma debe ser aprobada por la mayoría absoluta de la
Cámara en una votación final sobre el conjunto del texto. Al exigir la aprobación por mayoría
absoluta, el EAC fija un procedimiento de reforma relativamente rígido. La propuesta de reforma estatutaria aprobada por el Parlamento de Canarias es remitida
por el Presidente de la Cámara a las Cortes Generales donde será tramitada como proposición
de ley. El Parlamento de Canarias designa hasta tres diputados para defender la propuesta
durante el debate de toma en consideración en el Congreso de los Diputados. 

El EAC ha previsto que si la propuesta de reforma es objeto de enmiendas sustanciales
durante su tramitación en las Cortes deberá remitirse nuevamente al Parlamento de Canarias,
para una nueva deliberación
Concluida la fase central del procedimiento legislativo, el Congreso de los Diputados
debe aprobar la propuesta de reforma como ley orgánica para lo que se requiere la mayoría
absoluta de votos. En el supuesto de que la propuesta de reforma no sea aprobada en la Cámara
regional o en las Cortes Generales, no podrá ser planteada nuevamente hasta que finalice la
Legislatura de las Cortes Generales. 

7.5. Las instituciones autónomas de Canarias

a.) El Parlamento de Canarias.
El Parlamento es un órgano de naturaleza representativa que goza de legitimidad
democrática directa y se sitúa por ello en una posición política central. El Parlamento de
Canarias, como el resto de las Asambleas legislativas de la CA, asume la función legislativa sobre
las competencias asumidas por la CA, elige al Presidente del Gobierno, controla su acción y la
de los miembros del Consejo de Gobierno y puede retirar la confianza.
Los miembros del Parlamento de Canarias son elegidos mediante sufragio universal,
directo, libre y secreto. Las elecciones al Parlamento de Canarias son periódicas, donde el
mandato representativo dura cuatro años. El EAC determina las bases del sistema electoral canario escogiendo la isla como
circunscripción electoral y determinando el número mínimo y máximo de Diputados a elegir en
las elecciones autonómicas. Cada una de las Islas constituye una circunscripción electoral; y el
número de diputados autonómicos no será inferior a 50 ni superior a 70.

En la EAC se fija en sesenta el número de diputados y se procede al reparto de escaños
entre las circunscripciones insulares. La distribución de escaños no se fundamenta en la población
de las circunscripciones insulares, sino en la regla de la triple paridad: igual representación de las
dos provincias (30-30), igual representación de las islas capitalinas (15-15), igual representación
de las islas capitalinas y el resto de las islas (30-30). También se determinan las barreras
electorales que operan en las circunscripciones insulares y a nivel de la CA: sólo se podrán
asignar diputados a las listas que obtengan, al menos, el 30% de los votos válidos emitidos en la
circunscripción insular o, al menos, el 6% de los votos válidos emitidos en toda la CA.
El Parlamento de Canarias, en el ejercicio de su autonomía reglamentaria, regula la
composición, organización y funciones de sus órganos de gobierno (Presidente, Mesa, Junta de
Portavoces), órganos de funcionamiento (Pleno y Comisiones), y de los grupos parlamentarios
y la Diputación Permanente. El Parlamento, en la primera reuníón de cada legislatura, elegirá una
Mesa formada por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios; y el Presidente será
elegido por mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.

-Las funciones del Parlamento: Según el EAC el Parlamento de Canarias:
a. Ejerce la potestad legislativa de la Comunidad Autónoma.
b. Aprueba sus presupuestos.
c. Controlar políticamente la acción del Gobierno Canario.
d. Elige a los Senadores representantes de la Comunidad Autónoma.
e. Solicita al Gobierno del Estado la adopción y presentación de proyectos de Ley, y
presentar directamente proposiciones de Ley ante las Cortes Generales.
f. Interpone recursos de inconstitucionalidad.

d.) El Diputado del Común.
Sería la misma figura del defensor del pueblo pero en el ámbito autonómico, y es elegido
por el Parlamento. El Diputado del Común es el alto comisionado del Parlamento de Canarias
encargado de la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas.

e.) El Consejo Consultivo de Canarias.
Sería la misma institución que el Consejo del Estado, pero en el ámbito autonómico, por
lo que es una de las instituciones de autogobierno previstas en el EAC. Está constituido por
juristas y señala en sus dictáMenes si las leyes Canarias sean adecuadas, evitando que no tratan
materias del Estado.

f.) El Consejo Económico y Social.
Es la institución que canaliza el diálogo social en nuestra CA, con la participación de los
agentes sociales (sindicatos, organizaciones empresariales, cámaras de comercio, asociaciones
de consumidores) en la definición de las políticas económicas, sociales y laborales de la CA.

g.) La Audiencia de Cuentas.
Es un órgano independiente y colegiado que reciba las cuentas de los entes públicos
Canarias, y los auditores de cuantas son elegidos por el Parlamento Canario.

7.6. Los Cabildos como instituciones autonómicas.
Los Cabildos son los órganos de gobierno y administración de las Islas Canarias. Los
Cabildos, como los Ayuntamientos o las Diputaciones Provinciales, son Corporaciones locales,
con funciones de Gobierno y administración en cada una de las Islas Canarias, el Estatuto de
Autonomía declara al Cabildo como una institución de la Comunidad Autónoma.
Está integrado por Consejeros elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto
para un mandato de cuatro años.
La circunscripción para la elección de Consejeros es la isla. Las reglas relativas a la
atribución de escaños y las barreras electorales son las mismas que las que rigen las elecciones
de concejales en los municipios
Los órganos que integran el Cabildo son el Pleno, el Presidente y el Consejo de
Gobierno Insular. Se celebran sesiones plenarias ordinarias mensualmente y se convocan
automáticamente en el supuesto de moción de censura.
Los Cabildos Insulares tienen asignadas competencias en su condición de Corporaciones
Locales que gozan de autonomía local y además otro conjunto de competencias adicionales
como Instituciones de la Comunidad Autónoma:

a) Gobierno, administración y representación de cada isla y gozar de plena
autonomía para el ejercicio de sus competencias propias.