Ley orgánica de procedimiento Administrativo

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1.- La Ley de Protección de Datos 3/2018 limita el uso de la informática para proteger un derecho, ¿de qué derecho estamos hablando? Garantiza:

Derecho al honor.

Derecho a la intimidad personal y familiar.

Derecho a la propia imagen.


2.- ¿Cuál es el objeto de la ley?


Hay dos objetivos principales:

La presente ley orgánica tiene por objeto adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE.) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, del 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en la que respecta a tratamiento de sus datos y a la libre circulación de estos datos.

Garantiza los derechos digitales de la ciudadanía.


3.- ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la ley?

La presente ley se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente autorizado de datos personales, así como al tratamiento no autorizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.


4.- Nombra los derechos que reconoce la ley de protección de datos a los ciudadanos?

Derecho de transparencia e información.

Derecho de acceso.

Derecho de suspensión.

Derecho de rectificación.

Derecho a la limitación del tratamiento.

Derecho a la portabilidad.

Derecho de oposición.


5.- ¿Qué debe indicar el afectado en su solicitud al ejercer el derecho de reclasificación?

Al ejercer el derecho de rectificación el afectado deberá indicar en su solicitud a que datos se refiere y la correlación que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.

6.- ¿Quiénes pueden ejercer los derechos que reconoce la Ley de protección de datos? ¿Y a qué está obligado el responsable del tratamiento?

Los derechos, podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario.

El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio.

Las actualizaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento serán siempre gratuitas.


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