Jurisdicción, Competencia Judicial y el Proceso en el Derecho Procesal Español

1. Jurisdicción y Competencia de los Tribunales

Extensión y Límites de la Jurisdicción de los Tribunales Españoles

La competencia es el conjunto de reglas que determinan la atribución de un asunto concreto a un órgano jurisdiccional particularizado. Estas reglas determinan qué clase de órgano, de qué instancia y de qué demarcación territorial (ciudad o población) será el competente para conocer de cada pretensión.

En los límites de la jurisdicción española deben tenerse en cuenta las normas de Derecho Internacional Público relativas a la inmunidad de jurisdicción. En este sentido, es fundamental el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el cual dispone:

«Los Juzgados y Tribunales españoles conocerán de los juicios que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte. Se exceptúan los supuestos de inmunidad de jurisdicción y de ejecución establecidos por las normas del Derecho Internacional Público.»

Asimismo, resultan determinantes las normas de competencia judicial internacional en sentido estricto (reguladas en el artículo 22 de la LOPJ) y los preceptos derivados de la Convención de Viena.

La Jurisdicción por Razón del Objeto

Constituye el criterio que regula la distribución de las causas entre las distintas ramas de la jurisdicción ordinaria, determinando a cuál de los órdenes jurisdiccionales corresponde el conocimiento del litigio. De conformidad con el artículo 9.1 de la LOPJ:

«Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por esta u otra Ley.»

La distribución por órdenes jurisdiccionales se estructura del siguiente modo:

• Orden Civil: Posee carácter residual y general. Conforme al artículo 9.2 de la LOPJ, conocerá, además de las materias que le son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas expresamente a otro orden jurisdiccional.
• Orden Penal: Le corresponde el conocimiento de las causas y juicios criminales, con excepción de aquellos atribuidos a la jurisdicción militar (artículo 9.3 de la LOPJ).
• Orden Contencioso-Administrativo: Conocerá de las pretensiones deducidas en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los reales decretos legislativos en los términos previstos en el artículo 82.6 de la Constitución Española. Igualmente, conocerá de los recursos contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho (artículo 9.4 de la LOPJ).
• Orden Social: Conocerá de las pretensiones deducidas en el ámbito de la rama social del Derecho, abarcando tanto conflictos individuales como colectivos, reclamaciones en materia de Seguridad Social o litigios dirigidos contra el Estado cuando le sea atribuida responsabilidad por la legislación laboral (artículo 9.5 de la LOPJ).

Conflictos de Competencia y su Resolución

Los conflictos de competencia son los que se suscitan entre juzgados y tribunales de distintos órdenes jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial (es decir, entre los órdenes civil, penal, contencioso-administrativo y social).

Dichos conflictos son resueltos por una Sala Especial del Tribunal Supremo, presidida por el Presidente del Tribunal Supremo y constituida por dos magistrados (uno por cada orden jurisdiccional en conflicto), designados anualmente por la Sala de Gobierno. Actúa como secretario el Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo.

Pueden clasificarse en:

• Negativos: Un órgano jurisdiccional se abstiene de conocer (de oficio o a instancia de parte) y el tribunal considerado competente, al recibir las actuaciones, declara igualmente su incompetencia.
• Positivos: Un órgano requiere a otro para que se inhiba del asunto por considerar que ostenta la competencia preferente o exclusiva.

Los conflictos de competencia pueden promoverse de oficio, a instancia de parte o por el Ministerio Fiscal, mientras el proceso no haya concluido por sentencia firme, salvo que el conflicto se refiera a la ejecución del fallo (artículo 43 de la LOPJ). Debe considerarse que el orden jurisdiccional penal es siempre preferente; ningún juzgado o tribunal puede suscitar conflicto de competencia frente a los órganos de dicho orden (artículo 44 de la LOPJ).

Suscitado el conflicto mediante escrito razonado con invocación de los preceptos legales correspondientes, el juez o tribunal, oídas las partes y el Ministerio Fiscal por un plazo común de diez días, decidirá mediante auto si procede declinar el conocimiento o requerir de inhibición al órgano que estuviere conociendo de la causa (artículo 45 de la LOPJ).

Criterios de Determinación de la Competencia

Competencia Objetiva

Determina la distribución de los asuntos en función del objeto del proceso, atendiendo a la materia litigiosa o a la cuantía. La ley procesal distribuye los órganos de acuerdo a cada orden:

• Orden Civil: Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de lo Mercantil, Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y Sala Primera (de lo Civil) del Tribunal Supremo.
• Orden Penal: Juzgados de Instrucción, Juzgados de lo Penal, Audiencias Provinciales, Juzgados Centrales y Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y Sala Segunda del Tribunal Supremo.
• Orden Contencioso-Administrativo: Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, Sala de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Sala Tercera del Tribunal Supremo.
• Orden Social: Juzgados de lo Social, Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

Competencia Territorial

Distribuye el conocimiento del litigio entre los diversos tribunales del mismo grado o tipo radicados en diferentes circunscripciones geográficas:

• En el ámbito civil: Predominan las normas de carácter dispositivo, operando la sumisión expresa o tácita de las partes, salvo en los casos en que la ley imponga fueros inderogables de carácter imperativo.
• En el ámbito penal: Rige el principio de legalidad e inderogabilidad (normas imperativas). Conforme al artículo 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), son competentes por orden de preferencia para delitos conexos: el territorio donde se cometió el delito de mayor pena; el del órgano que primero comenzó a instruir si las penas son idénticas; o el designado por la Audiencia Provincial o Tribunal Supremo subsidiariamente.

Competencia Funcional

Determina qué órgano jurisdiccional conocerá de las incidencias, recursos, etapas procedimentales y ejecución en relación con un proceso ya iniciado en una instancia determinada.

Cuestiones de Competencia

Las cuestiones de competencia que se susciten entre juzgados y tribunales de un mismo orden jurisdiccional se resolverán por el órgano inmediato superior común, según las normas procesales (artículo 51 de la LOPJ). En la resolución que declare la falta de competencia se indicará el órgano considerado competente.

No pueden suscitarse cuestiones de competencia entre órganos subordinados entre sí. El superior jerárquico fijará su propia competencia, de plano y sin ulterior recurso, tras oír a las partes y al Ministerio Fiscal por un plazo común de diez días (artículo 52 de la LOPJ).

2. El Proceso Jurisdiccional

Concepto y Elementos Configuradores

El proceso jurisdiccional es la serie o sucesión ordenada de actos jurídicos regulados por la ley, tendente a la satisfacción de pretensiones mediante la aplicación del Derecho objetivo por parte de los órganos investidos de potestad jurisdiccional.

La pretensión es la petición fundamentada dirigida al tribunal para que otorgue una tutela judicial determinada frente a un demandado o investigado. Supone el objeto del proceso: desde la admisión de la pretensión y los actos de comunicación procesal, hasta la resolución judicial definitiva (sentencia) y su ulterior satisfacción forzosa.

Precisiones Terminológicas: Proceso, Juicio y Procedimiento

• Proceso y Juicio: En la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), el término «juicio» se emplea frecuentemente como sinónimo de proceso. No obstante, técnicamente el juicio alude al acto intelectual y decisorio de juzgar, mientras que el término enjuiciamiento abarca tanto el proceso dinámico que conduce al fallo como la decisión misma. En la LECrim, la palabra «proceso» puede comprender todo el enjuiciamiento criminal o restringirse a determinadas fases (sumario o plenario).
• Proceso y Procedimiento: El procedimiento describe la vertiente formal y extrínseca: la sucesión cronológica de trámites. Puede darse tanto en el ámbito judicial como en sede administrativa. El proceso, en cambio, denota la relación jurídica triangular garantizada por la intervención de un tercero imparcial dotado de jurisdicción.

Tipología de Procesos Jurisdiccionales

1. El Proceso de Declaración

Instrumento mediante el cual el órgano jurisdiccional resuelve sobre la conformidad a derecho de la pretensión ejercitada, procurando la debida contradicción y la igualdad de armas entre las partes. Se clasifica según la naturaleza de la tutela requerida:

• Pretensiones meramente declarativas: Buscan constatar formalmente la existencia o inexistencia de una relación o situación jurídica. La eficacia de la sentencia se agota con el propio pronunciamiento judicial estimatorio, sin requerir ejecución ulterior ni constituir título ejecutivo propiamente dicho.
• Pretensiones constitutivas: Dirigidas a crear, modificar o extinguir una situación jurídica previa. Pueden ser necesarias (cuando el cambio jurídico solo puede operar mediante sentencia judicial) o no necesarias (cuando los sujetos habrían podido obtener el cambio de forma voluntaria extrajudicialmente, requiriéndose la voluntad concurrente).
• Pretensiones de condena: Exigen ordenar al demandado la realización de una prestación positiva o negativa (dar, hacer o no hacer). Si el obligado no cumple voluntariamente, la sentencia habilita el despacho de la ejecución forzosa.

2. El Proceso de Ejecución

Consiste en hacer cumplir de manera coactiva lo juzgado (artículo 117.3 de la CE):

• En el ámbito civil: Si el condenado no realiza voluntariamente la prestación, procede la ejecución forzosa dineraria o específica según el tipo de deber (dar, hacer o no hacer). Existen asimismo títulos de ejecución extrajudiciales que acceden a esta vía sin requerir declaración procesal previa.
• En el ámbito penal: Rige la exclusividad de la ejecución judicial de las penas impuestas por sentencia firme condenatoria (Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, arts. 76-78, con la creación del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria). No cabe cumplimiento meramente dispositivo: la sentencia penal es el título ejecutorio y la vía es estrictamente coactiva.

3. El Proceso Cautelar (Medidas Cautelares)

Destinado a garantizar la eficacia práctica del pronunciamiento que recaiga en el proceso principal, evitando que la dilación temporal frustre la efectividad de la resolución judicial. Presenta autonomía funcional al no constituir un proceso estrictamente declarativo ni ejecutorio. Comprende medidas tales como el embargo preventivo en el orden civil o la prisión provisional en el proceso penal.

Procesos Ordinarios, Especiales y con Especialidades

• Tutela Ordinaria: Procesos diseñados con carácter general y supletorio para el enjuiciamiento de cualquier pretensión civil o penal sin distinción sustantiva de objeto:
  • En lo Civil: Juicio Ordinario y Juicio Verbal (estructurados principalmente con base en la cuantía o materia general).
  • En lo Penal: Procedimiento Sumario ordinario para delitos con pena privativa de libertad superior a nueve años, y Procedimiento Abreviado para penas inferiores a dicho límite legal.
• Tutelas Privilegiadas (Procesos Especiales): Cauces procesales específicos instaurados por el legislador debido a la naturaleza material de la pretensión o por requerir mayor celeridad procesal (ejemplos en materia de capacidad, filiación o tutelas sumarias privilegiadas).
• Procesos Ordinarios con Especialidades: Procedimientos que mantienen la estructura ordinaria pero incorporan reglas específicas por razón de la materia litigiosa (e.g., propiedad industrial o patentes) o por la condición pública del encausado (aforamientos procesales de Diputados y Senadores ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con el preceptivo trámite de concesión de suplicatorio).