Inmigración en España: beneficios, desafíos y políticas

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El debate sobre la inmigración

España: un país de inmigrantes

Según estudios fundamentados, la inmigración ha de considerarse un hecho positivo, desde el punto de vista económico, demográfico y cultural:

  • En el plano económico, la inmigración beneficia al país de acogida porque aporta una mano de obra joven y dispuesta a realizar los trabajos más diversos en la agricultura, la construcción, la hostelería, el servicio doméstico o el cuidado de las personas mayores, lo que reactiva el mercado laboral interno. Estos trabajadores contribuyen también con sus impuestos y, a la vez, son un importante colectivo de consumidores, que revitalizan el comercio interior y el mercado de la vivienda.
  • En el plano demográfico, la llegada de inmigración extranjera ha contribuido al aumento de la población en un país como España que, desde la década de 1990, ha tenido tasas de natalidad muy bajas. Los inmigrantes, en general, son personas jóvenes que acostumbran a tener más hijos que los residentes del país. Además, las mujeres extranjeras suelen ser madres a edades más tempranas.
  • En el plano cultural, la inmigración supone el contacto con las culturas de países muy diversos y la posibilidad, en consecuencia, de conocer su música, moda, gastronomía, otras maneras de interpretar el mundo... La diversidad cultural representa una riqueza que puede ser contemplada desde la interculturalidad o bien desde la multiculturalidad.

La interculturalidad: dificultades y dilemas

Actualmente, la llegada de población inmigrante es vista por algunos sectores de la población como un problema, por lo que hay que poner restricciones de entrada y controles de todo tipo.

En España, como en otros países de la UE, aceptar la llegada de población inmigrante resulta a veces conflictivo, por el elevado volumen que representa. En muchos casos, los países receptores son relativamente pequeños y temen perder su cohesión social, así como las características propias de su identidad nacional y de su cultura.

Los posibles problemas que pueden generarse han creado actitudes de rechazo, de exclusión social e incluso de xenofobia. Fomentar el rechazo a la inmigración no resulta difícil, cuando se alude a prejuicios culturales, a la competencia laboral o a la inseguridad. Estas circunstancias hacen que los inmigrantes tengan, en el lugar de destino, dificultades de acogida e integración, a las que se añade la falta de promoción social.

Hoy en día, en los países de la UE se enfrentan dos posiciones: el recelo social a la admisión de más emigrantes, lo que obliga a los políticos a limitar y controlar los accesos, y las necesidades de los empresarios que reclaman disponer de más mano de obra. En cualquier caso, la inmigración continuará, pese a las restricciones, porque hay dos derechos básicos que cabe respetar: el derecho a la reagrupación familiar y el derecho de asilo.

La reagrupación familiar

Es un derecho básico que los inmigrantes puedan vivir en familia. En España, actualmente, según una encuesta realizada por el INE, unos 688.000 menores de 16 años, hijos de inmigrantes, residen en su país de origen, y el 81% de los encuestados tienen intención de traer a su familia a España. Sin duda, esta integración deberá hacerse de manera escalonada, porque causará desajustes en la oferta de plazas escolares, demandará más servicios de sanidad, supondrá la necesidad de disponer de viviendas adecuadas y la creación de puestos de trabajo, pero representará un rejuvenecimiento de la población española.

La legislación vigente establece los trámites y requisitos para conseguir de manera oficial la reagrupación familiar. Los extranjeros que residen legalmente en España pueden solicitar traer a sus familiares, una vez ha transcurrido un año de permanencia en el territorio español.

El derecho de asilo

El derecho de asilo de las personas refugiadas fue reconocido en dos documentos de la ONU: la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967, que obligan a admitir a las personas que sufren persecución y establecen sus derechos y deberes.

Actualmente, la conflictividad de muchos países africanos, como Sudán, Somalia y Ruanda, debido al hambre, las luchas étnicas y la corrupción política, ha multiplicado el número de desplazados, que encuentran refugio en los países vecinos. Estas personas también se dirigen hacia los países ricos, como España, pero en numerosas ocasiones sus peticiones de asilo son desestimadas ante la sospecha de que se trate de emigraciones de trabajo encubiertas.

La política de la UE y la inmigración

En 2008, la UE ha aprobado un Pacto Europeo de Inmigración, sobre el que se construirá la futura política común relacionada con las migraciones. El pacto plantea una inmigración legal y ordenada e incluye el control de acceso, la regulación de la permanencia de extranjeros en suelo comunitario, la lucha contra el empleo irregular y el desarrollo de políticas de acogida y de retorno. Propone condicionar la entrada a personas con permisos de trabajo y, para ello, potencia la contratación en origen, una práctica que en Andalucía y en Cataluña ya se ha experimentado con éxito.

El Pacto de Inmigración llega a propuestas más concretas para frenar la inmigración ilegal desordenada, que tiene consecuencias sociales, económicas, políticas y humanas no deseadas. Entre las medidas adoptadas está la vigilancia de los puntos de entrada en Europa y las políticas de retorno a los países de origen de los inmigrantes ilegales.

Para que haya retornos, debe haber países dispuestos a recibir a esas personas, por lo que son imprescindibles acuerdos políticos, tal como viene haciendo España en los últimos años, a cambio de ayudas al desarrollo en los países receptores.

El Pacto de Inmigración también regula y restringe el derecho de asilo, facilitando el reasentamiento a un cupo anual de refugiados establecidos en países limítrofes al de su origen, y donde no tienen garantizada la seguridad. Para definir este cupo y su composición se cuenta con la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Vocabulario

Renta bruta disponible de los hogares:
Parte de la renta (total de ingresos familiares) que queda en poder de los hogares una vez pagados los impuestos directos que recaen sobre ellos y las cuotas obligatorias a la seguridad social, y contabilizadas las transferencias que reciben del Estado. Estos ingresos son los que de hecho pueden aplicarse al consumo o al ahorro, por lo que es un indicador que mide el nivel de vida.
Bienestar social:
Conjunto de sentimientos de satisfacción material e inmaterial que producen en las personas y colectividades una serie de condiciones materiales que no pueden reducirse únicamente al nivel de renta, sino que incluyen otras dimensiones importantes de la existencia humana como la salud, la educación, los servicios, las infraestructuras, la vivienda, la seguridad, el entorno, etc. En esta línea, el Instituto Nacional de Estadística (INE) lo define como "igualdad de oportunidades extendida a todos los bienes, materiales e inmateriales, que se consideran socialmente deseables".
División provincial:
Establecida por Real Decreto en 1833. Cada provincia la integraron los municipios y las comarcas con vínculos geográficos, históricos y económicos comunes.
Ensanche:
Inicialmente era un área residencial de nueva creación destinada a las clases burguesas. Su plano se distinguía por su trazado geométrico, ortogonal o radial y por la anchura y regularidad de las calles.
Metrópoli:
Aglomeración urbana formada por una gran ciudad central y otras localidades menores próximas a ella.
Conurbación:
Conjunto de varias ciudades de importancia similar que acaban formando un continuo urbano y una unidad funcional.
Área metropolitana:
Aglomeración urbana dominada por una gran ciudad en cuyo entorno se integran varios municipios, formando una unidad funcional, con frecuencia institucionalizada.
Esperanza de vida:
La esperanza de vida es la media de la cantidad de años que vive una determinada población en un cierto periodo de tiempo. Se suele dividir en masculina y femenina, y se ve influenciada por factores como la calidad de la medicina, la higiene, las guerras, etc., si bien actualmente se suele referir únicamente a las personas que tienen una muerte no violenta.
Crecimiento real:
Aumento de la población atendiendo a los nacimientos y las defunciones, y el saldo migratorio.
Pirámide de población:
Es un histograma que está hecho a base de barras cuya altura es proporcional a la cantidad que representa la estructura de la población por sexo y edad que se llaman cohortes. Las barras del doble histograma se disponen en forma horizontal y convencionalmente se indican los grupos de edad de la población masculina a la izquierda y los que representan la población femenina a la derecha.
Tasa de desempleo:
En el mercado de trabajo, hace referencia a la situación del trabajador que carece de empleo y, por tanto, de salario. Por extensión, es la parte de la población que, estando en edad, condiciones y disposición de trabajar (población activa), carece de un puesto de trabajo.
Sistema urbano o red urbana:
(S.U.) Conjunto de elementos dinámicos de una ciudad (habitantes, edificaciones, infraestructuras, funciones...) que se interrelacionan.
(R.U.) Conjunto reticular formado por centros urbanos de distintas jerarquías y sus áreas de influencia.
Centro histórico:
Núcleo urbano original de planeamiento y construcción de un área urbana, generalmente el de mayor atracción social, económica, política y cultural, que se caracteriza por contener los bienes vinculados con la historia de una determinada ciudad, a partir de la cultura que le dio origen, y de conformidad en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley.
Desarrollo local:
Proceso de transformación de la economía y de la sociedad local, orientado a superar las dificultades y retos existentes, que busca mejorar las condiciones de vida de su población mediante una acción decidida y concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos locales, públicos y privados, para el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial local y la creación de un entorno innovador en el territorio.
Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.):
Es un instrumento de planeamiento general definido en la normativa urbanística de España como un instrumento básico de ordenación integral del territorio de uno o varios municipios, a través del cual se clasifica el suelo, se determina el régimen aplicable a cada clase de suelo, y se definen los elementos fundamentales del sistema de equipamientos del municipio en cuestión.

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