Causas y consecuencias de la sublevación militar del 18 de julio de 1936

La rebelión militar del 18 de julio de 1936: El inicio de la Guerra Civil Española

La rebelión militar del 18 de julio de 1936 fue el punto culminante de un enfrentamiento iniciado con la proclamación de la Segunda República en abril de 1931, que se había agudizado en los meses anteriores, tras el triunfo del Frente Popular. El 18 de julio se sublevaron los sectores más conservadores de la sociedad española: la oligarquía industrial y financiera y los terratenientes, apoyados por buena parte de la Iglesia y por un sector importante del Ejército, contra un gobierno democrático, elegido en febrero de 1936, dispuesto a reactivar el reformismo republicano que los gobiernos del Bienio Negro habían paralizado.

Causas de la sublevación

La sublevación militar fue la manera de frenar las reformas democráticas que el gobierno del Frente Popular comenzaba a desarrollar:

• La reforma agraria: había suscitado la oposición de los terratenientes tras la aprobación de la Ley de Bases de la Reforma Agraria en septiembre de 1932. Volvió a provocar la oposición de los terratenientes tras la ocupación de latifundios por los trabajadores rurales en los meses posteriores al triunfo del Frente Popular. El Instituto para la Reforma Agraria se limitó a legalizar estas ocupaciones. A ellas se refiere Franco en el DOC.1, cuando señala que “las autoridades de zona gubernativa presiden, cuando no fomentan, las revueltas”.
• El restablecimiento de la Autonomía de Cataluña, suspendida en 1934, y el reconocimiento del derecho a la autonomía al País Vasco y a Galicia (que aprobará su Estatuto en referéndum popular el 28 de junio). A esto se oponían los defensores de la “unidad de España”, para quienes el proceso autonómico era un síntoma de la desintegración de España en manos de los separatistas (en el DOC.1, Franco se refiere a la amenaza de la “desmembración territorial”).
• La instauración de un Estado laico: chocó frontalmente contra los intereses de la Iglesia católica, que veía eliminados sus privilegios y reducida su capacidad de influencia en la vida política del Estado.
• El fomento de la instrucción pública: considerada por el gobierno del Frente Popular un atributo irrenunciable del Estado, motivó una fuerte oposición de la Iglesia, que perdía su capacidad de adoctrinamiento moral de las masas a través de sus centros de enseñanza.
• El reformismo social: tenía por objetivo mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores industriales y rurales (mejorando los salarios y dificultando los despidos) y fortalecer las organizaciones obreras. Fue duramente criticado por las organizaciones patronales, que veían reducido su poder.

Radicalización y violencia

En los meses anteriores a la sublevación militar, los empresarios adoptaron una actitud hostil frente al gobierno, forzando el cierre de empresas y evadiendo capitales fuera del país. Esto agravó el aumento de los precios, la caída de la peseta y el aumento del desempleo, situación que llevó a los sindicatos a la movilización del proletariado entre mayo y junio. Se produjo una radicalización de las posturas políticas: en la izquierda, entre los anarquistas y el sector más radical de la UGT triunfaban las posiciones revolucionarias; en la derecha autoritaria, dirigida por Calvo Sotelo, se afianzó el discurso de la subversión y de la insurrección armada.

Semejante posicionamiento político de la derecha autoritaria provocó una creciente espiral de violencia en los meses de junio y julio, alentada principalmente por las milicias armadas falangistas. La sublevación militar fue la culminación de ese periodo de agitación social y política, que transformó la tensión social en un enfrentamiento armado al fracasar la sublevación militar tal y como estaba planificada por sus dirigentes.

Justificaciones de los sublevados

Aunque el motivo real de la sublevación era, como señalaba el día 2 de agosto de 1936 (ya iniciada la guerra civil) el presidente de las Cortes republicanas, Diego Martínez Barrio (DOC.2), “sustituir la voluntad general del pueblo entero por la de una clase social deseosa de perpetuar sus privilegios”, en la medida en que "toda rebelión descansa sobre un supuesto de falsedad”, los sublevados justificaron su actitud precisamente con los argumentos que criticaba Martínez Barrio en su reflexión: la difusión de la sensación de que España estaba secuestrada por poderes ilegítimos.

Algunos de los argumentos empleados por Franco para justificar la rebelión contra el gobierno republicano (DOC.1) insisten en la idea de que España está gobernada por agentes soviéticos. Asimismo, en la alocución transmite una idea que será una constante en la España sometida por el ejército sublevado: convertir a los defensores de la legalidad republicana en traidores, cuando, tras transmitir una imagen falsa de la situación, finaliza: “¿Es que podemos abandonar a España a los enemigos de la patria con proceder cobarde y traidor, entregándola sin lucha y resistencia? Eso no. Que lo hagan los traidores, pero no los que juramos defenderla”.

Consecuencias

Como señala Martínez Barrio, la legalidad republicana fue defendida por la clase trabajadora, representada por sus partidos y sindicatos, así como por los republicanos que contribuyeron a la instauración de la República en abril de 1931, entre los que se encontraban muchos trabajadores de profesiones liberales y pequeños comerciantes e industriales. Frente a ese amplio sector de la población, la oligarquía industrial y financiera, los terratenientes y la jerarquía eclesiástica encontraron en un importante sector del ejército al aliado con el que derribar un gobierno legítimo que atendía a los intereses generales del pueblo español en detrimento de sus intereses particulares: la defensa de sus privilegios tradicionales.

El 18 de julio de 1936 los sublevados esperaban un rápido triunfo, pero la resistencia de las fuerzas leales a la República y de los milicianos y milicianas de las organizaciones políticas y sindicales hizo fracasar la sublevación en muchas ciudades, lo que desencadenó una larga guerra civil que se prolongó hasta el 1 de abril de 1939. A partir de ese momento, España permaneció sometida a un gobierno dictatorial durante 40 años, los que el poeta Celso Emilio Ferreiro definió como una “longa noite de pedra”.