Historia de la Segunda República Española: Del Bienio Reformista al Golpe de Estado de 1936

1. La proclamación de la República y la Constitución de 1931

En febrero de 1931, el rey Alfonso XIII nombró presidente al almirante Aznar con la finalidad de que el país volviera a la legalidad constitucional tras la experiencia dictatorial de Primo de Rivera. Como un primer paso hacia la normalidad, el almirante Aznar convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931, registrándose en ellas una participación muy alta.

La mayoría de los concejales elegidos fueron monárquicos, pero en las grandes ciudades hubo un triunfo claro de la coalición republicano-socialista. Aunque estas elecciones no constituían legalmente un referéndum sobre la permanencia de la monarquía, la victoria republicana se interpretó como una señal inequívoca a favor del cambio de régimen. El 13 de abril el pueblo se echó a las calles cantando el Himno de Riego y ondeando la bandera tricolor. Al almirante Aznar se le atribuyó la célebre frase: «España se ha acostado monárquica y se ha levantado republicana».

El 14 de abril comenzó a proclamarse la República, primero en Éibar y sucesivamente en otras ciudades. Ese mismo día, el rey Alfonso XIII reconoció su fracaso al renunciar a la jefatura del Estado y partir hacia el exilio, mientras que Niceto Alcalá-Zamora proclamaba la República desde el Ministerio de la Gobernación, en la Puerta del Sol de Madrid.

En ese instante se formó un Gobierno Provisional presidido por el propio Alcalá-Zamora, que agrupaba a:

• Republicanos de derecha: dirigidos por Niceto Alcalá-Zamora.
• Republicanos radicales: liderados por Alejandro Lerroux.
• Republicanos de izquierda: encabezados por Manuel Azaña.
• Socialistas, así como nacionalistas catalanes y gallegos.

Fuera de este gabinete quedaron la derecha monárquica, los nacionalistas vascos del PNV y los sectores obreros de filiación comunista y anarquista. Dicho gobierno adoptó medidas urgentes como la concesión de una amnistía política, la proyección de reformas estructurales para el campesinado, la modernización del ejército y la tramitación de las autonomías de Cataluña y el País Vasco. Asimismo, se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes para junio de 1931, las cuales otorgaron un rotundo triunfo a la coalición de republicanos de izquierda y socialistas.

Las nuevas Cortes elaboraron una Constitución aprobada formalmente en diciembre de 1931, no exenta de profundas discrepancias a causa de la cuestión religiosa y autonómica. Los principios fundamentales del texto constitucional fueron:

• Definición de España como una «República democrática de trabajadores de toda clase».
• Organización del Estado de forma integral, compatible con la autonomía de municipios y regiones.
• Atribución del poder legislativo a unas Cortes unicamerales (el Congreso de los Diputados).
• Reconocimiento de una amplia declaración de derechos civiles y sociales, destacando la aprobación del sufragio universal femenino, defendido con firmeza por figuras parlamentarias como Clara Campoamor.
• Establecimiento de un Estado laico, la secularización de instituciones y el reconocimiento pleno del matrimonio civil y el divorcio.

2. El Bienio Reformista o de Izquierdas (1931-1933)

A lo largo de este periodo, el poder ejecutivo recayó en los grupos vencedores de los comicios constituyentes: una coalición formada por los republicanos de izquierda junto a los socialistas, con Manuel Azaña como presidente del Consejo de Ministros. Como presidente de la República, las Cortes eligieron a Niceto Alcalá-Zamora, procurando equilibrar el poder entre las distintas fuerzas del nuevo régimen. Lo más representativo de esta etapa fue el ambicioso paquete de transformaciones estructurales implementado.

2.1. La cuestión religiosa

Junto a la laicidad del Estado, el matrimonio civil y el divorcio ya fijados en la carta magna, se decretó la secularización de los cementerios, la prohibición de ejercer la enseñanza a las órdenes religiosas y la disolución de la Compañía de Jesús (los jesuitas). Estas decisiones provocaron la firme oposición de gran parte de la jerarquía eclesiástica y de amplios sectores católicos, cuya hostilidad hacia la República ya se había exacerbado tras los episodios de quema de conventos e iglesias ocurridos en diversas ciudades en mayo de 1931.

2.2. Los cambios en el ejército

El Ejecutivo pretendía reducir el sobredimensionado número de oficiales y asegurar la lealtad militar al orden democrático. Para ello, promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad, que facilitaba el retiro voluntario con sueldo íntegro a quienes no desearan prestar promesa de fidelidad a la República, y clausuró la Academia General Militar de Zaragoza por sus tendencias conspirativas. Estas iniciativas generaron un profundo malestar entre los sectores castrenses más reaccionarios, aprovechado por la derecha antirrepublicana para impulsar conspiraciones militares.

2.3. Las reformas agrarias

Desde los primeros meses se dictaron normativas para amparar a los jornaleros, tales como la jornada laboral de ocho horas en el campo y la fijación de salarios mínimos. En 1932 se dio luz verde a la Ley de Reforma Agraria, que autorizaba la expropiación sin indemnización de las tierras pertenecientes a los Grandes de España, así como la expropiación debidamente indemnizada de fincas deficientemente explotadas o dadas en arrendamiento sistemático. Estas superficies pasaron a la gestión del Instituto de Reforma Agraria (IRA) para su redistribución.

La aplicación de esta normativa desató una enorme conflictividad: los grandes terratenientes se opusieron frontalmente a la expropiación, mientras que la excesiva lentitud burocrática frustró a los jornaleros, arrojándolos con frecuencia hacia posturas insurreccionales.

2.4. Las reformas autonómicas

En Cataluña se restauró el autogobierno provisional a través de la Generalitat y se plebiscitó el Estatuto de Nuria en agosto de 1931, el cual fue recortado posteriormente por las Cortes para ajustarlo a la Constitución. En las primeras elecciones catalanas triunfó Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), siendo designado Francesc Macià como presidente.

En el País Vasco, el PNV y los carlistas redactaron en 1931 el Estatuto de Estella, bloqueado por el Gobierno central al incluir preceptos confesionales contrarios a la Constitución; por consiguiente, el estatuto definitivo no logró aprobarse hasta octubre de 1936, ya iniciada la guerra, proclamándose a José Antonio Aguirre como lehendakari. En Galicia, el menor arraigo del nacionalismo dilató el proceso y el texto estatutario solo fue respaldado en las urnas en 1936. En Andalucía, el impulso autonomista liderado por Blas Infante fraguó en el Anteproyecto de Bases para el Estatuto de Autonomía, interrumpido por el estallido bélico.

2.5. Las reformas educativas

Se promovió un modelo pedagógico laico, obligatorio, gratuito y mixto, proyectándose la construcción de miles de centros escolares y la dotación de plazas para el cuerpo docente. Destacaron asimismo las Misiones Pedagógicas, brigadas itinerantes de intelectuales, artistas y maestros dedicadas a difundir la cultura (teatro, bibliotecas, proyecciones cinematográficas) en los municipios rurales más aislados.

2.6. Las reformas laborales

Bajo la dirección del ministro de Trabajo, el líder socialista Francisco Largo Caballero, se consolidaron avances como la semana laboral regulada, fijaciones salariales de subsistencia, ampliación de los seguros sociales y el refuerzo vinculante de los jurados mixtos y sindicatos en las negociaciones colectivas, suscitando el enérgico rechazo de las organizaciones patronales.

2.7. Los problemas del Gobierno Reformista

A pesar del esfuerzo modernizador, el gabinete debió afrontar tres frentes críticos:

• La crisis económica internacional: la República coincidió temporalmente con las repercusiones de la Gran Depresión de 1929, que hundió las exportaciones españolas y aumentó el desempleo.
• La agudización de la conflictividad social: el retraso en el reparto de tierras y las penurias salariales motivaron que la CNT-FAI, ciertas ramas de la UGT y el PCE convocaran huelgas generales, ocupaciones de latifundios e insurrecciones populares. En varios de estos estallidos los campesinos asaltaban los consistorios, destruían los archivos notariales de la propiedad y proclamaban el comunismo libertario, desembocando en violentos choques con la Guardia Civil y una dura represión.
• La reorganización de las derechas: las medidas secularizadoras y socioeconómicas aglutinaron la respuesta de los propietarios agrícolas, la patronal y la jerarquía eclesiástica, articulándose en nuevas agrupaciones:

1. El Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux.
2. La CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) de José María Gil-Robles.
3. Monárquicos alfonsinos de corte conservador autoritario congregados en Renovación Española, liderada por José Calvo Sotelo.
4. Grupos fascistas como las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista) y la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera.

En este ambiente de desestabilización derechista se fraguó en agosto de 1932 el primer golpe militar contra el régimen, la fallida Sanjurjada, comandada por el general José Sanjurjo.

3. El Bienio Conservador (1933-1935)

El desgaste gubernamental a raíz de los sucesos de Casas Viejas y la división interna propiciaron la disolución de las Cortes y la convocatoria de comicios en noviembre de 1933, en los cuales votaron por primera vez las mujeres en España. El escrutinio deparó una clara mayoría a los bloques de centro-derecha: el Partido Republicano Radical y la CEDA. Niceto Alcalá-Zamora confió el encargo de formar gabinete a Alejandro Lerroux, evitando inicialmente incluir a miembros directos de la CEDA.

3.1. La paralización de las reformas

El nuevo ejecutivo procedió al desmantelamiento de buena parte de la legislación progresista precedente, etapa que la izquierda denominó peyorativamente el Bienio Negro. Se paralizó la Reforma Agraria —restituyendo prerrogativas a antiguos propietarios—, afloraron constantes fricciones con la Generalitat de Cataluña a propósito de la Ley de Contratos de Cultivo (que favorecía el acceso a la propiedad de los arrendatarios de viñedos) y se suspendió de facto la tramitación del estatuto autonómico vasco.

3.2. La revolución de octubre de 1934

En octubre de 1934, la entrada de tres ministros de la CEDA en el gabinete de Lerroux fue interpretada por la izquierda como una amenaza fascista inminente sobre el régimen. Las organizaciones obreras declararon la huelga general revolucionaria, sofocada con rapidez en casi todo el país salvo en dos núcleos:

• Asturias: mineros y obreros secundaron una revolución social unitaria articulada por la UGT, la CNT y el PCE mediante la Alianza Obrera. El gobierno republicano recurrió a las tropas del Ejército de África y de la Legión, bajo la dirección estratégica del general Francisco Franco, reprimiendo con suma dureza el alzamiento minero.
• Cataluña: la revuelta adoptó un cariz político e institucional. Rechazando el carácter centralista de la CEDA, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó unilateralmente «el Estado Catalán dentro de la República Federal Española». La intervención militar restableció el control y concluyó con el encarcelamiento del gobierno autonómico y la suspensión del Estatuto.

3.3. La crisis del Bienio Conservador

Tras la represión de octubre de 1934, la CEDA acrecentó notablemente su poder institucional. En 1935, sus dirigentes diseñaron una reforma constitucional para suprimir los artículos referidos al divorcio, revertir las expropiaciones de tierras y limitar las autonomías. Sin embargo, a finales de ese año el Partido Radical se desmoronó debido a graves escándalos de corrupción política, entre los que sobresalió el asunto del estraperlo.

Desacreditado Lerroux y ante la negativa rotunda de Alcalá-Zamora de otorgar la jefatura del Gobierno al derechista Gil-Robles, el jefe del Estado decidió disolver las Cortes y anticipar las elecciones generales para febrero de 1936.

4. El Frente Popular y el camino hacia la Guerra Civil

4.1. Las elecciones de febrero de 1936

Los comicios de 1936 escenificaron la absoluta polarización de la sociedad española en dos grandes bloques contrapuestos:

• El Frente Popular: coalición electoral que unía a partidos republicanos de izquierda (Izquierda Republicana, Unión Republicana), al PSOE, al PCE y al POUM, contando con el respaldo tácito de los votantes de la CNT. Su programa exigía la amnistía para los represaliados de la Revolución de 1934 y la reactivación urgente de las reformas del primer bienio.
• El Bloque Nacional y las derechas: coalición anti-revolucionaria aglutinada en torno a la CEDA, Renovación Española, tradicionalistas carlistas y sectores afines a la monarquía.

4.2. El gobierno del Frente Popular

Tras el ajustado triunfo del Frente Popular, Manuel Azaña asumió la Presidencia de la República (en sustitución de Alcalá-Zamora, destituido por el Parlamento) y Santiago Casares Quiroga fue designado presidente del Gobierno. En cumplimiento de los compromisos adquiridos, se liberó de presidio a los miles de encausados de 1934, se restauró el Estatuto de Cataluña y se reactivaron los proyectos estatutarios de Galicia y Euskadi.

No obstante, la atmósfera sociopolítica derivó en una aguda inestabilidad: las facciones de ultraderecha (especialmente Falange Española) multiplicaron los atentados callejeros y la violencia de escuadras, mientras los sectores obreros de base anarquista y comunista radicalizaban sus huelgas en demanda de una inmediata colectivización socioeconómica.

4.3. La preparación del golpe de Estado

Entre febrero y julio de 1936, una trama de militares conspiró activamente para orquestar una sublevación que derrocase al gabinete del Frente Popular. El general Emilio Mola, apodado «el Director», coordinó la rebelión mediante circulares que diseñaban un pronunciamiento simultáneo en guarniciones decisivas (Madrid, Barcelona, Pamplona, Sevilla) y el traslado de las tropas de choque desde el Protectorado de Marruecos. El plan contaba con la complicidad de las formaciones monárquicas, carlistas y fascistas, así como con el compromiso de suministros militares de la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler.

Las diferencias internas sobre el modelo de Estado posterior al alzamiento se difuminaron tras el asesinato del parlamentario de la oposición monárquica José Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936, perpetrado por miembros de las fuerzas de seguridad republicanas en represalia por la muerte del teniente Castillo.

Este magnicidio precipitó los acontecimientos: la insurrección castrense se inició el 17 de julio de 1936 en Melilla y el norte de África, extendiéndose el 18 de julio a gran parte de la península ibérica. La resistencia civil y militar leal a la República impidió el éxito fulminante de la intentona golpista en capitales neurálgicas, transformando el pronunciamiento en una prolongada y sangrienta Guerra Civil (1936-1939).