Historia y evolución del Derecho Penal Dominicano: resumen y principios

Periodo de la Venganza Privada

La idea de la venganza es un movimiento natural y por mucho tiempo se consideró esta idea no solo como natural, sino como legítima y necesaria. La venganza privada era privada, o sea, de familia a familia y tribu a tribu, de clan a clan, por lo que se afirma que la responsabilidad penal, antes que individual, fue social.

En este periodo se dan los primeros pasos para que la sociedad intervenga en las relaciones individuales tratando así de evitar las turbas sociales o la exageración en la venganza que realiza el individuo frente a la falta del otro.

Este periodo se caracteriza por que la acción penalizadora no se ejerce como función política del Estado, sino que el ofensor es víctima de una reacción desorbitada y sin medida, sin que la sociedad como organización política intervenga para nada. Es una reacción punitiva entre el ofendido y el ofensor, o entre un grupo familiar y el ofensor.

Período Teológico-Político

La autoridad pública toma para sí el encargo de sancionar las ofensas al derecho; pero ya estas no la son solamente contra la víctima de la infracción sino que como esa autoridad se presentaba con calidad de representante de la divinidad, se la estimaba dirigidas contra ella, es por eso que los actos menos graves eran considerados como turbadores del orden público y religioso y como tales castigados con penas rigurosidad, con suplicos destinados a apaciguar la divinidad o la autoridad ofendida. Se colmaba no solo de dolor y sufrimiento al ofensor, sino de terror a los que en el futuro intentarán faltar al derecho.

En este periodo la facultad de imponer la sanción pasó directamente al Estado. Al mismo tiempo que se castigaban los atentados a los particulares y a sus bienes se establece la protección penal al Estado y a sus autoridades.

Origen del Derecho Penal Dominicano

En 1844 la República Dominicana se independiza del pueblo haitiano. La separación trajo consigo el establecimiento de sistemas nacionales regidos por un derecho autónomo. Sin embargo, las leyes haitianas se mantuvieron en vigencia en lo que las leyes dominicanas eran promulgadas. Lo que, en la ocasión, permitió que los tribunales siguieran funcionando en esta etapa de transición.

La influencia francesa se apreció considerablemente durante la ocupación haitiana. Lo que conlleva a que los códigos aplicados durante este periodo de tiempo, fueron traducidos al español. Convirtiéndose estos a su vez, en piezas fundamentales de la justicia Dominicana, bajo el decreto-ley No. 2274, del veinte de agosto de este mismo año.

En el periodo de 1861 a 1865, el país fue anexado a España y durante este periodo, la aplicabilidad de los códigos se mantuvo. A la fecha de hoy, muchos de estos códigos continúan vigentes, reconociéndose excepciones y modificaciones diversas.

Evolución del Derecho Penal Dominicano

La comunidad jurídica internacional se fortalecía en la concepción de una justicia digna y accesible. Esto se debe al auge de los derechos humanos y las garantías que estos representaban para toda persona.

Entonces, por no darle la espalda a esta corriente de Neo-institucionalización judicial, en la República Dominicana, empiezan una serie de lineamientos políticos judiciales institucionales que dieron lugar a la consideración de una transformación de los procesos penales. Esto provocó que la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República, comisiones de trabajo y algunas organizaciones jurídicas, promovieran la entrada en vigencia del Código Procesal Penal.

Debido a todo esto es que, las resoluciones 1920-2003 y 14786-2003 de la Suprema Corte de Justicia, sirvieron de plataforma para la implementación del Código Procesal Penal. No obstante, estuvo obstaculizada por la resistencia continua de grupos que se resisten a dejar de lado el antiguo código de 1844. El cual, tenía características eran de una institución judicial en la edad media.

La resolución 1920-2003, extrajo de la Constitución y las convenciones internacionales, principios universales a aplicar y cumplir por las autoridades judiciales. Finalmente con la implementación parcial del código procesal penal el 27 de septiembre del año 2004, se puso fin a esta etapa dando paso a un nuevo modelo procesal para la justicia penal dominicana.

La implementación parcial del Código Procesal Penal Dominicano en el año 2004, trajo consigo uno de los más grandes retos y era la liquidación de los miles de expedientes que habían sido abordados inicialmente con el antiguo Código de Procedimiento Criminal. El reto consistía en que se pudiera abordar esos expedientes con su debida sentencia, sin lesionar el nuevo proceso, para esto lo que se hizo fue mantener algunos tribunales funcionando con el antiguo código en lo que se finaliza estos expedientes.

Es para esto que se crea una estructura liquidadora en todo el país bajo la resolución número 1170-2004. Lo que esta buscaba era la designación de jueces y tribunales liquidadores competentes para decidir sobre los expedientes en trámites. A partir del 27 de septiembre de 2006, es aplicable la resolución número 2529-2006 de la Suprema Corte de Justicia. Dicha resolución establece que las jurisdicciones liquidadoras han llegado a su fin y a partir de la fecha mencionada, sólo se aplicará el nuevo Código Procesal Penal.

El Derecho Penal es la rama del derecho público que prohíbe determinadas conductas humanas y quien las realiza mediante una acción típica, antijurídica y culpable como lo establece la teoría del delito, trae consigo sanciones como lo son la privación de libertad, confiscación de bienes, una multa y/o medidas de seguridad.

Las fuentes del derecho penal es de donde viene o emana el conocimiento y el alcance del derecho penal. Existen fuentes directas e indirectas. Las directas son aquellas que tienen virtualidad propia para crear normas jurídicas y las fuentes indirectas solo contribuyen a la creación del Derecho.

El derecho penal se basa en el principio de legalidad el cual establece que “nullum crimen nulla poena sine previa lege” (no hay delito ni pena sin ley previa).

Por eso, la fuente fundamental de este derecho es la ley, dado que de esta emana el poder que determina el alcance del conocimiento y aplicación del derecho penal. Del mismo modo también tenemos la Constitución entendida como fuente primaria del derecho penal, puesto que esta regula este derecho y toda ley creada debe ir de acuerdo a la misma.

Por otro lado, en las fuentes indirectas tenemos la costumbre, doctrinas, jurisprudencias, tratados internacionales y principios generales del derecho. Cuando hablamos de la costumbre esta se aplicará en defecto de ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. La jurisprudencia, establecida por los tribunales superiores para complementar el Ordenamiento Jurídico al interpretar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. Por último, los tratados internacionales dado que el artículo 26 de la constitución dominicana del 2015 (Relaciones internacionales y derecho internacional) establece que cuando los tratados internacionales son refrendados o aprobados se convierten en ley, por lo tanto son fuente del derecho penal.

La interpretación de la ley penal es describir la voluntad de la misma. Por lo tanto, cuando una ley penal es sancionada esta debe ser interpretada con el único propósito de averiguar el sentido que esta tiene, para poder aplicarla a los casos concretos que se producen en la realidad. Por esto, es de suma importancia que se interprete para así poder fijar el sentido objetivo de una ley determinada.

Las clases de interpretación según quien la interpreta pueden ser:

• Auténtica - la realiza el mismo órgano que dictó la ley, mediante normas de carácter puramente interpretativo, o a través de leyes posteriores con idéntico fin. Por ello se dice que tal forma de interpretación puede ser contextual o posterior. Cuando es posterior ocurre una incorporación.
• Doctrinal - realizada por los juristas en sus trabajos científicos. Esta interpretación no obliga en ningún caso, sin embargo, tiene gran relevancia desde el momento en que guían las actuaciones de los distintos Tribunales.
• Jurisprudencial - realizada por los tribunales al aplicar la ley. Sólo obliga en el caso juzgado.

Las clases de interpretación según como se interpreta pueden ser:

• Literal o gramatical - generalmente se afirma que si la ley se expresa en palabras y el sentido de estas es claro, el intérprete debe limitarse a su literalidad. Aunque, cuando el sentido de la ley es oscuro, existe la necesidad de buscar el significado de la expresión usada por el legislador, con la gramática.
• Teleológica - es aquella que se propone conocer la voluntad de la ley mediante un proceso lógico con el fin de perseguirlo.

Los Principios Limitadores del Ius Puniendi:

• Principio de legalidad: únicamente la ley aprobada por el parlamento es la que puede definir las conductas delictivas y establecer las sanciones de las mismas.
• Principio de intervención mínima: el derecho penal tiene que ser la última ratio, es decir, que el derecho penal tiene que ser el último recurso al que debería acudir, por tanto, si existen otros medios menos lesivos, se utilizarán estos en primer lugar.
• Principio de culpabilidad: no hay pena sin culpabilidad y la pena no puede sobrepasar la medida de la culpabilidad.
• Principio de la personalidad: no pueden existir responsabilidad conjunta por un hecho cometido por una persona, y tampoco puede darse responsabilidad por hecho ajeno en el ámbito del derecho penal.
• Principio de responsabilidad por el hecho: afirma que nadie puede ser castigado por su conducta de vida o forma de ser.
• Principio de dolo o culpa: considera que para que alguien pueda ser sancionado por la realización de una conducta delictiva, el hecho delictivo que la persona haya realizado tiene que ser doloso (querido) o culposo (imprudente).
• Principio de exclusiva protección de los bienes jurídicos: solamente va a ser posible que se tipifique como delitos, aquellos comportamientos que lesionen o pongan en peligro los bienes jurídicos más preciados, es decir, los considerados como auténticos valores.
• Principio de efectividad, eficacia o idoneidad: el derecho penal únicamente va a poder intervenir cuando sea eficaz y adecuado para la prevención del delito y por tanto, para la protección de los valores considerados como más preciados para la sociedad.
• Principio de proporcionalidad: no se pueden imponer sanciones que superen lo considerado como necesario para que se lleve a cabo la labor preventiva que pretende la no comisión de delitos. Además, hace referencia también al hecho de que la sanción impuesta tiene que estar en concordancia con el delito cometido.