Historia de España en los Siglos XVIII y XIX: Del Antiguo Régimen a la Primera República

Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen

La expresión Antiguo Régimen designa las formas de organización económica, política y social existentes en Europa desde la formación de los Estados modernos hasta la Edad Contemporánea. Se caracteriza por:

En lo político: la monarquía absoluta

El poder del rey era considerado de origen divino, por lo que concentraba en su persona todos los poderes del Estado: el poder del rey era absoluto, aunque no arbitrario. Durante el siglo XVII, en la mayoría de los países europeos se implantó un régimen absolutista.

En lo social: la sociedad estamental

La sociedad estaba dividida en grupos con desigualdad jurídica entre ellos:

• Nobleza: Tenía una función militar y poseía extensas propiedades de tierras. Gozaba de privilegios, como la exención de tributos y el ejercicio de la mayor parte de los cargos políticos, administrativos y militares del Estado. Se distinguían la alta nobleza o aristocracia y la baja nobleza.
• Estamento eclesiástico: Estaba formado por los miembros del clero, tanto secular como regular. Tenía también importantes propiedades territoriales y privilegios fiscales, así como una gran influencia cultural y política. Se dividía en alto clero y bajo clero.
• Tercer estado: Era el grupo más numeroso y diverso, formado por comerciantes, burgueses y campesinos acomodados, pero también por los grupos más humildes, como los artesanos y campesinos de escasos recursos. Todos ellos carecían de privilegios. El campesinado constituía el grupo mayoritario dentro de este estamento.

En lo económico: la economía del Antiguo Régimen

Era fundamentalmente tradicional y de base rural:

• Actividades agrarias: Eran las más importantes. Se trataba de una agricultura tradicional de baja productividad y con escasas innovaciones tecnológicas; por tanto, gran parte de la población vivía al límite de la subsistencia y existían hambrunas constantes.
• Actividades industriales: La industria era artesanal y estaba organizada en gremios. Se situaba muy por debajo de la agricultura, tanto en número de trabajadores como en riqueza o prestigio social generado.
• Actividades comerciales: Los transportes terrestres eran lentos e ineficaces. Por su parte, el comercio de ultramar resultaba de gran relevancia económica.

La política centralizadora de los Borbones

El reinado de Felipe V (1700-1746)

El inicio del siglo XVIII coincidió con la muerte de Carlos II, el final de la dinastía de los Habsburgo y el comienzo de la Guerra de Sucesión Española. Al carecer de herederos directos Carlos II, dos candidatos se disputaban la Corona de España: Felipe, duque de Anjou y nieto del rey francés Luis XIV, y el archiduque Carlos, hijo del emperador Leopoldo de Austria. El candidato designado fue Felipe de Borbón, quien tras el Tratado de Utrecht fue reconocido como Felipe V, rey de España y de las Indias.

Los Decretos de Nueva Planta

La nueva dinastía introdujo en España una nueva forma de organización del Estado basada en la centralización y la uniformidad. Esta nueva forma de gobierno se organizó mediante los Decretos de Nueva Planta, que suprimieron los fueros e instituciones de gobierno de los reinos de la Corona de Aragón derrotados en la Guerra de Sucesión.

A partir de este momento, la organización político-administrativa de España se basó en el modelo de Castilla y se impuso la obligación del uso del castellano como lengua administrativa y jurídica. Las provincias vascas y Navarra, en cambio, conservaron sus instituciones forales por su fidelidad durante el conflicto.

La nueva administración territorial y estatal

Con la llegada de los Borbones se creó un sistema administrativo basado en tres grandes pilares: los capitanes generales, los intendentes y los corregidores.

Con Felipe V se inauguró formalmente en España el absolutismo monárquico. Una medida de gran importancia institucional fue la implantación de la Ley Sálica (1713), que daba preferencia total a la línea masculina en la sucesión al trono. Felipe V vio necesario imponer un amplio programa de reformas, cuya primera medida destacada fue la creación de las Secretarías de Estado y del Despacho (Estado, Hacienda, Guerra, Marina e Indias). En 1787 se constituyó la Junta Suprema de Estado, que reunía a todos los secretarios y que constituyó el antecedente directo del futuro Consejo de Ministros.

El reinado de Fernando VI (1746-1759)

Supuso una época de neutralidad y paz exterior que permitió continuar las reformas internas iniciadas por Felipe V. Su proyecto más ambicioso fue la realización del denominado Catastro de Ensenada, que consistió en un amplio y pormenorizado estudio de la riqueza y propiedades de los territorios de la Corona de Castilla.

El despotismo ilustrado: Carlos III (1759-1788)

En 1759 accedió al trono español Carlos III, hermano de Fernando VI, al haber fallecido este sin descendencia. Al inicio impulsó reformas ejecutadas por ministros extranjeros, pero estas medidas suscitaron un fuerte rechazo popular, culminando en el Motín de Esquilache (1766). Ante estos sucesos, el monarca recurrió a un equipo de gobierno compuesto por ilustrados españoles como Campomanes, el conde de Floridablanca, el conde de Aranda y Jovellanos.

La política reformista de Carlos III se concentró en dos frentes primordiales:

• Frente eclesiástico: Preocupado por el excesivo poder temporal de la Iglesia, el monarca aplicó una política regalista que culminó con la expulsión de la Compañía de Jesús de España y de las Indias en 1767, confiscando todos sus bienes.
• Frente económico: El Estado intervino activamente fundando Reales Fábricas orientadas a la producción de manufacturas de lujo o de uso común. Asimismo, intentó modernizar el sector agrícola mediante el aumento de la superficie cultivable, recurriendo a proyectos como la colonización con inmigrantes centroeuropeos, originando las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena.

Reinado de Carlos IV: fin de los Pactos de Familia

En el ámbito de la política exterior, los Borbones buscaron una estrecha alianza con Francia frente al expansionismo británico a través de los Pactos de Familia. Se firmaron tres: dos durante el reinado de Felipe V y uno en el de Carlos III.

La política exterior bajo el reinado de Carlos IV atravesó dos etapas contrapuestas: en una primera fase se enfrentó bélicamente a la Francia revolucionaria tras la ejecución de Luis XVI, para retornar con posterioridad a la tradicional alianza franco-española y a la confrontación directa contra Gran Bretaña. Finalmente, la invasión napoleónica de la península ibérica y el estallido de la Guerra de la Independencia marcaron el inicio de una nueva etapa histórica para el país: la emergencia del liberalismo.

El reinado de Isabel II (1833-1868)

Durante el reinado de Isabel II se desarrolló en España el proceso de la revolución liberal. El proceso comenzó con una guerra civil entre carlistas e isabelinos motivada por el conflicto sucesorio tras la muerte de Fernando VII. El monarca había promulgado previamente la Pragmática Sanción que derogaba la Ley Sálica, permitiendo así reinar a las mujeres y excluyendo del trono a su hermano, el infante Carlos María Isidro.

En septiembre de 1833 falleció Fernando VII y su viuda, María Cristina de Borbón, asumió la Corona como regente en nombre de su hija Isabel. Don Carlos no aceptó la decisión y se situó al frente de los sectores tradicionalistas y absolutistas: los carlistas. Se inició así un conflicto armado que enfrentó a dos facciones ideológicas:

• Carlistas: Partidarios del absolutismo monárquico y del mantenimiento de los fueros tradicionales, bajo el lema «Dios, Patria y Rey».
• Liberales (o isabelinos): Defensores de la soberanía nacional, la igualdad formal ante la ley, las libertades individuales y una monarquía constitucional.

Las Guerras Carlistas

A lo largo del siglo XIX se sucedieron tres conflictos armados:

• Primera Guerra Carlista (1833-1840): Iniciada a la muerte de Fernando VII, se desarrolló en el País Vasco, Navarra, Cataluña, el Maestrazgo aragonés y puntos aislados de Valencia. En 1839 concluyó formalmente mediante el Convenio de Vergara entre el general carlista Maroto y el general liberal Espartero, aunque el pretendiente don Carlos no aceptó el acuerdo y se exilió a Francia.
• Segunda Guerra Carlista (1846-1849): Se concentró prioritariamente en Cataluña (la conocida como Guerra dels Matiners), limitándose a acciones guerrilleras en áreas montañosas y rurales.
• Tercera Guerra Carlista (1872-1876): Los insurrectos establecieron su capital en Estella y lograron notables éxitos iniciales; no obstante, fracasaron de nuevo en el asedio a Bilbao y las principales ciudades. En 1876, el pretendiente Carlos VII huyó definitivamente a Francia.

La época de las Regencias (1833-1843)

Al ser proclamada reina con apenas tres años de edad, se estableció un periodo tutelar desempeñado sucesivamente por su madre, María Cristina de Borbón (1833-1840), y por el general Baldomero Espartero (1840-1843).

Durante este lapso se produjo la implantación definitiva del régimen constitucional. En el seno del liberalismo surgieron dos corrientes doctrinales diferenciadas:

• Los liberales moderados: Partidarios de amplias prerrogativas reales, sufragio censitario muy restringido y orden público estricto.
• Los liberales progresistas: Partidarios de limitar la influencia monárquica, ampliar el censo electoral y acelerar las reformas socioeconómicas.

Pese a sus discrepancias, ambas fuerzas coincidían en la necesidad imperiosa de promulgar constituciones escritas que reconocieran la división de poderes y las libertades individuales. Sin embargo, los progresistas gobernaron durante breves intervalos, alcanzando el poder habitualmente mediante pronunciamientos militares o insurrecciones populares.

Regencia de María Cristina (1833-1840)

Los primeros gabinetes estuvieron formados por monárquicos reformistas como Francisco Cea Bermúdez. En enero de 1834, la regente confió el gobierno al moderado Francisco Martínez de la Rosa, quien redactó el Estatuto Real de 1834.

El descontento progresista culminó en el Motín de La Granja (1836), donde un grupo de sargentos forzó a la regente a restablecer la Constitución de 1812 y derogar el Estatuto Real. Comenzó así una etapa progresista encabezada por Calatrava y Juan Álvarez Mendizábal, en la que se aprobó la Constitución de 1837, se abolieron formalmente los señoríos, mayorazgos, la Mesta y los gremios, y se tramitó la Ley de Ayuntamientos.

La medida de mayor alcance fue la desamortización eclesiástica de Mendizábal (1835-1837), consistente en la expropiación y venta en subasta pública de las tierras y bienes del clero regular. Sus repercusiones no cumplieron las expectativas sociales originales, pues los campesinos no accedieron a la propiedad y los patrimonios fueron adquiridos por las clases más adineradas.

Entre 1837 y 1840 los moderados recuperaron el poder e intentaron modificar la Ley de Ayuntamientos. Esto desencadenó protestas sociales generalizadas que precipitaron la renuncia de María Cristina en octubre de 1840 y su posterior partida al exilio.

Regencia de Espartero (1840-1843)

Elegido regente con el respaldo de los progresistas, Espartero aplicó una política de carácter marcadamente personalista y autoritaria que le enajenó apoyos civiles y militares. En 1843 estalló un pronunciamiento cívico-militar liderado por el general Ramón María Narváez, obligando a Espartero a dimitir y refugiarse en Londres. Ante la crisis institucional, las Cortes optaron por adelantar la mayoría de edad de Isabel II, proclamándola reina soberana a los 13 años.

Reinado efectivo de Isabel II (1843-1868)

El reinado efectivo de Isabel II estuvo marcado por la hegemonía casi continua del Partido Moderado con el apoyo de la Corona. Se divide en tres etapas:

1. Década Moderada (1844-1854)

Comenzó con la designación de Narváez al frente del ejecutivo en 1844. Se promulgó la Constitución de 1845, con rasgos marcadamente conservadores:

• Soberanía compartida entre las Cortes y la Corona.
• Fortalecimiento del poder ejecutivo real.
• Confesionalidad católica exclusiva del Estado.
• Bicameralismo: Congreso de los Diputados elegido por sufragio censitario muy restringido y Senado de nombramiento regio vitalicio.

En el terreno institucional y administrativo, los moderados reforzaron la centralización estatal mediante la fundación de la Guardia Civil (1844), una nueva Ley de Ayuntamientos y la promulgación de un Código Penal unificado.

2. Bienio Progresista (1854-1856)

El incremento del autoritarismo y la corrupción política a partir de 1850, sumado a la irrupción del Partido Demócrata, desembocó en el pronunciamiento militar de «La Vicalvarada» (1854), encabezado por el general Leopoldo O'Donnell. La posterior publicación del Manifiesto de Manzanares (redactado por Antonio Cánovas del Castillo) concitó el apoyo popular, forzando a Isabel II a entregar el gobierno nuevamente a los progresistas de Espartero.

Las reformas primordiales de este bienio fueron:

• La Desamortización General o civil (1855), promovida por el ministro Pascual Madoz, que afectó a bienes de titularidad comunal y municipal.
• La promulgación de la Ley General de Ferrocarriles (1855).

La inestabilidad sociopolítica y el agravamiento de la crisis económica concluyeron con la destitución de Espartero y la designación de O'Donnell al frente del gobierno.

3. Los gobiernos moderados y la Unión Liberal (1856-1868)

En esta etapa emergió la Unión Liberal, partido centrista fundado y dirigido por el propio O'Donnell. Entre 1858 y 1863, el denominado «gobierno largo» de O'Donnell aportó relativa estabilidad política, control del orden público e impulso al crecimiento económico.

A partir de 1863 se sucedieron gabinetes moderados y unionistas crecientemente autoritarios. En 1866 confluyeron factores determinantes: una grave crisis financiera y de subsistencias, el descrédito de la reina y sucesivos pronunciamientos militares fallidos (como el cuartel de San Gil). En este contexto, progresistas, demócratas y republicanos firmaron el Pacto de Ostende con el objetivo de derrocar a Isabel II, meta consumada con el triunfo de la revolución de septiembre de 1868, conocida como «La Gloriosa».

Las desamortizaciones a lo largo del siglo XIX

Durante el siglo XIX, la agricultura constituyó el pilar económico central de España por volumen de población activa y generación de producto interior; no obstante, acusó un constante atraso técnico y estructural hasta bien entrada la segunda mitad de la centuria debido al desigual reparto de la tierra y a los escasos rendimientos.

La estructura de la propiedad agraria en el Antiguo Régimen se caracterizaba por la concentración de tierras en manos muertas o vinculadas: la nobleza las preservaba mediante la institución del mayorazgo; la Iglesia acumulaba enormes posesiones procedentes de donaciones seculares; y los municipios poseían bienes comunales y de propios concedidos durante la Reconquista. Estas propiedades no podían ser divididas, vendidas ni gravadas adecuadamente.

Los gobernantes liberales sostenían que la privatización de tales terrenos permitiría capitalizar el agro, incentivar a los nuevos dueños a modernizar las explotaciones e incrementar la productividad.

Fases del proceso desamortizador

La desamortización constituyó el mecanismo por el cual el Estado nacionalizaba bienes raíces eclesiásticos, civiles o municipales para su posterior venta en subasta pública al mejor postor. En España se ejecutó de manera discontinua:

• Antecedentes bajo Carlos IV: El ministro Godoy ordenó enajenar parte del patrimonio eclesiástico para aliviar el déficit de la deuda pública y sufragar los costes bélicos derivados de las guerras contra Inglaterra.
• Guerra de la Independencia y Cortes de Cádiz: Tanto el gobierno josefino como las Cortes gaditanas legislaron la venta de bienes eclesiásticos, pero su eficacia fue testimonial a causa del desarrollo bélico.
• Trienio Liberal (1820-1823): Se restablecieron medidas desamortizadoras sobre baldíos y tierras eclesiásticas, paralizadas de inmediato con el retorno del absolutismo en 1823.
• Desamortización de Mendizábal (1835-1837): Emprendida durante la regencia de María Cristina, decretó la clausura de congregaciones religiosas masculinas y conventos femeninos no benéficos o docentes, subastando públicamente sus bienes para sanear la deuda pública y afianzar las bases del régimen isabelino frente al carlismo.
• Desamortización de Pascual Madoz (1855): Promulgada durante el Bienio Progresista mediante la Ley de Desamortización General, abarcó los bienes eclesiásticos remanentes y, de modo primordial, los bienes de propios y comunales pertenecientes a los municipios. Los ingresos obtenidos se aplicaron prioritariamente a financiar el tendido ferroviario y equilibrar el erario.

Consecuencias de las desamortizaciones

Los resultados finales del proceso ofrecieron un balance controvertido:

• Efectos sociales: Consolidó la posición de la nobleza terrateniente y enriqueció a la burguesía compradora. Por el contrario, perjudicó gravemente a los campesinos más desfavorecidos y a los jornaleros, privados del aprovechamiento de pastos y bosques comunales. La Iglesia perdió una enorme porción de su riqueza patrimonial e influencia institucional, mientras los concejos municipales quedaron desprovistos de sus principales rentas financieras.
• Efectos económicos y agrarios: Aumentó la superficie cultivada (predominantemente cerealista) y creció el volumen productivo global, pero no se generó una renovación técnica profunda del campo español. Las explotaciones del sur peninsular perpetuaron la estructura de grandes latifundios absentistas y el ganado trashumante vio restringidas sus zonas tradicionales de pasto.
• Efectos políticos: Acentuó la polarización ideológica, atrayendo a los compradores adinerados a las filas del liberalismo e impulsando a amplios sectores católicos hacia el tradicionalismo antiliberal.

El Sexenio Revolucionario y la Primera República

El Sexenio Democrático (1868-1874) comprende el intervalo transcurrido desde el derrocamiento de Isabel II hasta la restauración de la monarquía borbónica en la persona de su hijo Alfonso XII. Fue un periodo de intensa agitación sociopolítica marcado por constantes ensayos de ordenación del Estado.

La Revolución de 1868, el Gobierno Provisional y la Constitución de 1869

La revolución de septiembre de 1868 («La Gloriosa») se inició en Cádiz con el pronunciamiento naval del almirante Juan Bautista Topete y la difusión del manifiesto «España con honra». El triunfo insurreccional forzó el exilio de Isabel II a Francia y la conformación de un Gobierno Provisional liderado por el general Juan Prim y el general Francisco Serrano.

Se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino directo para mayores de 25 años. Las fuerzas gubernamentales centristas del Pacto de Ostende vencieron ampliamente, refrendando el modelo monárquico y elaborando la Constitución de 1869, pionera por su avanzado talante democrático:

• Reconocimiento inequívoco de la soberanía nacional.
• Sufragio universal masculino directo.
• División estricta de poderes y amplia tabla de derechos civiles (incluyendo la libertad de cultos).

Con Serrano instalado en la Regencia del reino y Prim al frente del gobierno, el régimen tuvo que hacer frente a dos conflictos inmediatos: la insurrección colonial cubana del Grito de Yara (que desembocó en la Guerra de los Diez Años) y las revueltas obreras y republicanas en las ciudades peninsulares.

La monarquía parlamentaria de Amadeo I de Saboya (1871-1873)

Las Cortes eligieron monarca al príncipe italiano Amadeo de Saboya, respaldado decisivamente por Prim. El nuevo soberano llegó a España a finales de 1870, coincidiendo fatalmente con el asesinato del propio general Prim, su principal valedor.

El reinado de Amadeo I se vio lastrado por una endémica falta de apoyos institucionales y sociales: la aristocracia alfonsina y la Iglesia se mantuvieron abiertamente hostiles; la oligarquía industrial y financiera recelaba de sus proyectos reformistas; la conflictividad obrera iba en aumento; en 1872 estalló la Tercera Guerra Carlista; y el conflicto cubano continuaba desangrando los recursos del país. Incapaz de conciliar la inestabilidad ministerial y el aislamiento político, Amadeo I presentó formalmente su abdicación el 11 de febrero de 1873.

La Primera República Española (1873-1874)

Ante la renuncia de la Corona, el Congreso y el Senado, constituidos en Asamblea Nacional, proclamaron la Primera República Española el 11 de febrero de 1873. En solo once meses de existencia institucional se sucedieron cuatro jefes de Estado:

• Estanislao Figueras: Asumió la jefatura del primer gobierno provisional en una república de corte inicialmente unitario, afrontando la falta de consenso interno y el aislamiento político hasta presentar su dimisión.
• Francisco Pi y Margall: Tras las elecciones a Cortes Constituyentes que proclamaron la República Democrática Federal, Pi y Margall impulsó el proyecto constitucional de 1873, que proyectaba la división territorial de España en 17 estados autónomos federados más las provincias de ultramar. Se enfrentó simultáneamente al estallido de la Tercera Guerra Carlista, la contienda de Cuba y la insurrección de los cantones. Contrario al empleo masivo del ejército para sofocar a los cantonalistas, presentó su renuncia.
• Nicolás Salmerón: Empleó la fuerza militar para contener la rebelión cantonal, pero dimitió al negarse por motivos morales a rubricar varias condenas a muerte dictadas por tribunales militares contra cabecillas de la revuelta.
• Emilio Castelar: Encabezó una etapa de corte conservador orientada al restablecimiento del orden público, gobernando mediante facultades extraordinarias y suspendiendo las garantías parlamentarias ante el desbordamiento de los conflictos armados.

El 3 de enero de 1874, cuando las Cortes pretendían destituir a Castelar para retomar una vía izquierdista, el general Manuel Pavía ejecutó un golpe de Estado disolviendo la Cámara. El poder pasó a manos del general Serrano, quien instauró una dictadura republicana de facto mientras reprimía los últimos focos del cantonalismo y combatía militarmente a los carlistas en el norte.

Finalmente, el 29 de diciembre de 1874, el general Arsenio Martínez Campos encabezó el pronunciamiento de Sagunto, proclamando formalmente como rey a Alfonso XII. Con antelación, Isabel II ya había abdicado sus derechos dinásticos en favor de su hijo, y Antonio Cánovas del Castillo había publicado el Manifiesto de Sandhurst (1 de diciembre de 1874), donde se condensaba el programa político institucional de la futura Restauración borbónica.