Historia de España: Crisis, Restauración, Dictadura y la Segunda República (1898-1936)

La recuperación económica

El nuevo siglo se inició con las consecuencias del desastre del 98 (pérdida de las últimas colonias), que supuso un desastre económico, aunque el final no fue tan fuerte como se esperaba. La economía se recuperó con rapidez, se redujo la deuda pública y se produjo la repatriación de muchos capitales, lo que estimuló la creación de bancos y empresas. A largo plazo fue favorable, pues renovó la estructura productiva.

La coyuntura de la Primera Guerra Mundial

La neutralidad española hizo que se expandiera la economía española. Aumentó la demanda exterior gracias al conflicto, ya que los países en guerra no producían más de lo necesario, y esto estimuló el crecimiento de la producción, especialmente en la siderurgia vasca, la minería asturiana y las industrias textiles y metalúrgicas catalanas. La alta demanda provocó el aumento de los precios. A pesar de ello, las clases populares empeoraron su nivel de vida, ya que subió el coste de la vida pero no los salarios, lo que provocó huelgas y reivindicaciones obreras. El fin de la guerra y de la demanda acabó con la euforia económica y desencadenó una fuerte crisis. El mercado interno no pudo superar la sobreproducción que supuso la pérdida de demanda, y muchas empresas quebraron. Se produjeron de nuevo huelgas que pusieron de manifiesto el descontento social.

Los efectos de la crisis de 1929

Causada por el crac de la Bolsa de Nueva York, la crisis internacional tuvo repercusiones en España, aunque afectó menos que a otros países industrializados. Fue más notable en los sectores más dinámicos, que orientaban su producción al comercio exterior. Repercutió de manera relativa en España gracias a la peseta (de menor valor), que favoreció las exportaciones, y a la limitada importancia del comercio exterior por el proteccionismo arancelario anterior.

Los cambios sociales en el primer tercio del siglo XX

El mundo rural tuvo una importante presencia en la vida social, debido a la lenta industrialización.

Los grandes propietarios rurales

El patrimonio rústico era visto como una fuente de riqueza y signo de prestigio. Entre los grandes propietarios se encontraban la aristocracia, la burguesía financiera y la burguesía agraria.

• La burguesía financiera adquirió importantes patrimonios rurales para diversificar sus inversiones y rentas, aunque seguía residiendo en las ciudades.
• La burguesía agraria residía en el medio rural y procedía de antiguos pequeños y medianos propietarios que incrementaron su patrimonio con las desamortizaciones.

Los campesinos

El campesinado español disminuía, aunque seguía siendo mayor que en el resto de Europa. Dentro de este grupo existían notables diferencias: unos eran propietarios, otros arrendatarios y había una gran masa de jornaleros. En Galicia eran frecuentes los foros y subforos, y en Cataluña los campesinos gozaban de una mediana propiedad o de contratos estables. El latifundismo de Andalucía implicaba la presencia masiva de jornaleros en situaciones precarias.

La sociedad urbana

El aumento de las clases urbanas significó la irrupción en la historia de España de la denominada sociedad de masas. En España la burguesía industrial era escasa, formada por industriales catalanes y vascos. El desarrollo industrial hizo crecer su importancia, consolidando también la burguesía financiera. Estos grupos sociales se integraron en las clases altas, y muchos se fueron fusionando con la vieja aristocracia de sangre. El desarrollo implicó también el crecimiento de las clases medias, formadas por un nuevo tipo de empleados. Los obreros industriales constituían el grueso de las capas populares urbanas, concentrados sobre todo en Cataluña, País Vasco, Asturias y Madrid.

El reformismo dinástico

El fracaso del primer gobierno regeneracionista

En 1899 María Cristina otorgó su confianza al gobierno de Francisco Silvela (conservador), que convocó elecciones. Se inició la política reformista con procesos de descentralización administrativa, pero la política presupuestaria no logró hacer frente a las deudas. Las nuevas cargas fiscales provocaron un boicot de los contribuyentes a la recaudación de tributos (pago de cajas). Los ministros acabaron dimitiendo y la regente otorgó el poder a los liberales, reapareciendo el turno de partidos.

Las reformas de Maura y Canalejas

En 1902 sube al trono Alfonso XIII, coincidiendo con una renovación del liderazgo de los partidos dinásticos. Con la muerte de Sagasta, accedió a la jefatura de los conservadores Antonio Maura, mientras que en el liberal se afianzaba José Canalejas. Esta nueva generación, influida por el regeneracionismo, impulsó importantes proyectos de reforma, pero el miedo a aceptar los riesgos de una verdadera participación mantuvo el turno y el falseamiento electoral.

En 1904 Maura se convirtió en jefe de gobierno. A pesar de sus ideas conservadoras, tenía un espíritu renovador y reformista: debía reformar desde el gobierno para evitar la revolución popular. Intentó la regeneración del Estado a partir de una nueva base social, las "masas neutras", con cuya ayuda pretendía formar un Estado fuerte. Se llevó a cabo la reforma electoral (Ley Electoral de 1907), que dificultó el fraude. Su gobierno tomó también medidas económicas para reactivar la industria (Ley de Colonización Interior, que estimulaba la agricultura) y creó el Instituto Nacional de Previsión (seguros obreros). Sin embargo, la brutal represión tras la Semana Trágica acabó con el gobierno conservador.

En 1910 Canalejas formó un nuevo gobierno liberal. Proponía modernizar la política, atraer a ciertos sectores populares con una reforma social y limitar el poder de la Iglesia (separarla del Estado). La negación de la Santa Sede implicó la promulgación de la Ley del Candado, que limitaba el establecimiento de órdenes religiosas. También se reformó la ley de reclutamiento, que pasó a ser obligatorio en guerra, suprimiendo la redención en metálico. Finalmente, se aprobó una serie de leyes encaminadas a mejorar las condiciones laborales, como la normativa sobre el trabajo de la mujer. Intentó estabilizar el problema de las autonomías regionales, elaborando la Ley de Mancomunidades, que aceptaba la unión de las diputaciones provinciales para hacerse cargo de algunos servicios públicos. Sin embargo, las reformas se vieron interrumpidas por el asesinato de Canalejas en 1912.

La oposición al sistema

El republicanismo

El republicanismo fue la principal fuerza de oposición y constituyó la minoría parlamentaria más numerosa a comienzos del siglo XX, aunque tuvo el problema de su fragmentación en diversos grupos. Nació la Unión Republicana, liderada por Nicolás Salmerón y Alejandro Lerroux. Consiguió diversos éxitos y se acercó a los nacionalismos regionalistas. Esta orientación fue rechazada por un sector liderado por Lerroux de carácter anticatalanista (Partido Radical). Después de la Semana Trágica perdió apoyo, moderó su discurso y se trasladó a Madrid. Con la colaboración del republicanismo con el PSOE se llevó a la creación de la Conjunción Republicano-Socialista, con cierto éxito en las elecciones de 1910. En 1912 apareció el Partido Reformista, liderado por Melquíades Álvarez.

Los nacionalismos: Cataluña y País Vasco

En Cataluña surgió la Lliga Regionalista (Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó), el Centre Nacionalista Republicà (1905) y la Unió Federal Nacionalista Republicana (1910). Frente a la política anticatalanista se creó la coalición electoral Solidaritat Catalana. El nacionalismo vasco estuvo marcado por las disputas, que debían predominar en el Partido Nacionalista Vasco, que en 1916 pasó a ser Comunión Nacionalista Vasca. En 1930 nació la Acción Nacionalista Vasca (republicana).

La derecha antiliberal: el carlismo

A principios del siglo XX el carlismo mantuvo su presencia y sus bases. Las disputas en el seno del partido provocaron su división, y Juan Vázquez de Mella fundó el Partido Tradicionalista. También se creó el Partido Católico Nacional o integrista, partidario de formas de gobierno de visión monárquico-conservadora.

La oposición obrera

El PSOE y la UGT: A comienzos del siglo XX el PSOE era todavía una fuerza pequeña, pero con bases sólidas que permitieron su crecimiento progresivo. Estuvo presidido por Pablo Iglesias desde un comité nacional hasta su muerte. El partido seguía unas directrices que marcaron su actuación: preservación de la organización, diferencias con los partidos burgueses y la convicción de que el socialismo debía aprovechar las oportunidades que daba el sistema. Respecto de la UGT, el crecimiento fue mayor; era partidaria de conseguir reformas sociales y laborales, y de la participación de representantes obreros en los organismos estatales. Destaca Francisco Largo Caballero, que llegó a ser secretario general de la UGT. El PSOE y la UGT estuvieron muy relacionados, compartiendo así algunos militantes.

El Partido Comunista de España se fundó por el estallido de la Revolución Rusa.

Los anarcosindicalistas: La CNT en Barcelona. Las sociedades obreras y los sindicatos autónomos anarquistas crearon Solidaridad Obrera, de carácter apolítico, reivindicativo y favorable a la lucha revolucionaria. Impulsó la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). La CNT se definía como revolucionaria con tres principios: independencia del proletariado de la burguesía, necesidad de la unidad sindical y voluntad de derribar el capitalismo. La acción revolucionaria debería llevarse a cabo con huelgas y boicots hasta proceder a la huelga general revolucionaria.

La crisis de la Restauración

El conflicto colonial de Marruecos

A partir de 1900 España consolidó su penetración en África. Con la Conferencia de Algeciras y el Tratado Hispano-Francés se estableció un protectorado en Marruecos. A España le correspondió el Rif, con la obligación de pacificarlo y organizarlo. El interés de España era dar prestigio al ejército tras el desastre de Cuba. Recibieron continuos ataques rifeños, que derrotaron a las tropas españolas en el Barranco del Lobo. Se decidió aumentar el número de soldados, lo que causó revueltas populares.

La Semana Trágica de Barcelona

Durante el embarque de tropas hacia Marruecos se inició la movilización contra la guerra el 16 de julio. El 24 se constituyó un comité de huelga, que convocó huelga general el 26, derivando en una revuelta popular, estallido de todas las tensiones sociales acumuladas. Las autoridades declararon el estado de guerra y enviaron refuerzos para reprimir las manifestaciones. El elevado número de muertos radicalizó aún más el movimiento. La represión posterior fue muy dura por parte del gobierno de Maura. Se dictaron 17 condenas a muerte, de las que se cumplieron 5, entre ellas la de Francisco Ferrer Guardia, pedagogo anarquista fundador de la Escuela Moderna, castigado por su carácter anticlerical, aunque no intervino en la revuelta. Esta represión provocó una ola de protestas por la arbitrariedad y virulencia. La oposición a Maura consiguió que Alfonso XIII disolviera las Cortes y pasara el gobierno a los liberales.

El impacto de la Gran Guerra

En verano de 1914, con Eduardo Dato en el gobierno, estalló la Primera Guerra Mundial. Dato declaró de inmediato la neutralidad española, lo que supuso una extraordinaria oportunidad para la economía, que favoreció las exportaciones a altos precios. Esto provocó el aumento desorbitado de los precios interiores, sin subidas de salarios, lo que inició la protesta obrera que desembocó en una huelga en verano de 1917.

La crisis de 1917

En 1917 en Europa se produjeron conflictos sociales y políticos, como la Revolución bolchevique en Rusia. En ese contexto revolucionario, España comenzó una protesta generalizada antigubernamental contra las dificultades del sistema de la Restauración y la conflictividad social.

La protesta militar: El ejército español contaba con un exceso de oficiales en relación con el número de soldados. Además, la inflación hizo disminuir el valor real de los bajos salarios. Esto desembocó en la creación de las Juntas de Defensa, que reclamaban aumento salarial y se oponían a los ascensos por méritos de guerra (Manifiesto de junio de 1917). El gobierno cedió a esas demandas.

La crisis política: En 1916 Dato fue sustituido por el conde de Romanones (liberal), que continuó con la corrupción política y clausuró las Cortes en otoño de 1916. En abril de 1917 volvió Dato y la representación de la oposición reclamó la reapertura de las Cortes, lo que se negó, y además aumentó la censura de la prensa. Como reacción se organizó en Barcelona una Asamblea de Parlamentarios catalanes que exigió la creación de un gobierno provisional que convocase Cortes constituyentes para reformar y descentralizar el Estado. No tuvo continuidad y desapareció sin conseguir la reforma.

La huelga general revolucionaria: En marzo de 1917 la CNT y la UGT amenazaron al gobierno con convocar una huelga general si no se contenían los precios. La huelga estalló en agosto a causa del conflicto ferroviario de Valencia. La UGT, apoyada por el PSOE, decidió convocar la huelga general. Tuvo una incidencia desigual, apenas contó con participación campesina, y el gobierno actuó con represión, declarando la ley marcial y enviando el ejército a aplacar el movimiento. La huelga fracasó, lo que debilitó el régimen y radicalizó la oposición.

La crisis de la Restauración y la dictadura

La descomposición política

El régimen de la Restauración entró en una progresiva descomposición por la falta de voluntad de renovación política. Los partidos dinásticos se fragmentaron en grupos encabezados por diferentes políticos, lo que hacía imposible construir gobiernos estables con mayorías parlamentarias. En 1917 se recurrió a la solución de gobiernos de concentración; el más destacable fue el llamado Gobierno Nacional (Maura), que configuró un gabinete con líderes dinásticos y regionalistas catalanes. Las diferencias entre ellos imposibilitaron al gobierno llevar a cabo reformas. Con su fracaso se volvió a la alternancia dinástica.

Conflictividad obrera y pistolerismo

Después de la Primera Guerra Mundial, el triunfo de los bolcheviques dio esperanzas a todos los grupos revolucionarios. En España las condiciones económicas cambiaron bruscamente: descendió la producción, aumentó el paro y subieron los precios, lo que provocó la movilización obrera y el aumento del sindicalismo. En Barcelona se inició una huelga en La Canadiense que finalizó con un acuerdo con la patronal. Sin embargo, el incumplimiento de la promesa de liberar a los detenidos hizo proseguir la huelga, y la patronal cerró empresas y ejerció una dura represión contra los sindicatos. En Andalucía, la miseria del campesinado dio paso al Trienio Bolchevique: los anarquistas impulsaron revueltas campesinas. Se puso fin a la rebelión con la ilegalización de las organizaciones obreras y la detención de sus líderes. Para frenar la fuerza sindical, la federación patronal contrató pistoleros a sueldo para asesinar a los dirigentes obreros. El general Martínez Anido ejerció una fuerte represión contra los sindicalistas y puso en práctica la Ley de Fugas.

El problema de Marruecos: Annual

Al comenzar la década de 1920, las tribus rifeñas hostigaban permanentemente al ejército español. Para dirigirlo se nombró al general Silvestre, relacionado con Alfonso XIII. La ofensiva fue un verdadero desastre: fue derrotado en Annual, se perdió todo el territorio y se produjeron 13 000 bajas, incluida la del propio Silvestre.

La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

En 1923 Primo de Rivera estableció una dictadura militar con el apoyo del monarca Alfonso XIII.

Las causas del golpe militar

Defendió su acción como una solución para poner fin a la crisis política y a la conflictividad social que atravesaba el país. Justificó el golpe militar a través de un discurso centrado en la "vieja política", criticándola. Así, en su manifiesto inaugural anunció su voluntad de acabar con los caciques y con la bandería política. La dictadura fue una solución inconstitucional para frenar la posible reforma del sistema, que podía ser amenazadora para ciertos sectores e intereses sociales.

La reorganización del Estado

La dictadura atravesó dos fases sucesivas. Hasta 1925 gobernó el Directorio Militar. Las primeras medidas mostraron su carácter dictatorial: suspensión del régimen constitucional, disolución de las cámaras legislativas y prohibición de las actividades de los partidos políticos y sindicatos. Se elaboró un Estatuto municipal y otro provincial, pero la regeneración prometida quedó en una gran farsa, ya que se sustituyeron unos caciques por otros y se suspendieron todos los mecanismos electorales. Luego se incluyeron personalidades civiles entre sus ministros y se pasó al Directorio Civil, aunque el carácter del régimen no abandonó su estilo autoritario. A partir de 1926 hubo una clara influencia del fascismo italiano. Se convocó la Asamblea Nacional Consultiva, de carácter corporativo, cuyos miembros serían elegidos por designación entre los ciudadanos pertenecientes a las grandes instituciones públicas. Se formó la Unión Patriótica, cuya misión era proporcionar apoyo social a la dictadura y seguir las directrices del poder.

La política económica y social

Aprovechando la buena coyuntura económica tras la Primera Guerra Mundial, el régimen puso en marcha un programa de fomento de la economía. El Estado tuvo un notable protagonismo gracias al fomento de las obras públicas. También se concedieron grandes monopolios y la exclusividad en la importación. Todo esto se financió mediante presupuestos extraordinarios, de modo que los ordinarios parecían equilibrados, pero se iba acumulando una gran deuda extraordinaria. Se creó la Organización Corporativa Nacional con el fin de eliminar los conflictos laborales mediante la intervención del Estado.

La oposición a la dictadura

Los antiguos partidos del turno criticaron la excesiva duración del régimen, y varios realizaron conspiraciones militares. La dictadura pretendió controlar a los intelectuales y al mundo universitario, lo que provocó la fundación de una gran organización estudiantil, la Federación Universitaria Española. La Alianza Republicana protagonizó el conflicto político más persistente. En Cataluña, las medidas de Primo fueron tomadas como anticatalanas y provocaron un distanciamiento en ciertos sectores que acogían la dictadura con simpatía. La CNT se mostró contraria al régimen y fue perseguida. Se creó la Federación Anarquista Ibérica (1927).

La caída de Primo de Rivera

El rey se convenció de que la dictadura era un peligro para la monarquía, por lo que le retiró su confianza a Primo de Rivera, que dimitió el 30 de enero de 1930. El general Berenguer fue su sustituto, con la misión de llevar a cabo unas elecciones, pero fue incapaz de prepararlas y fue sustituido por el almirante Aznar, que puso en marcha los comicios. Primero convocó elecciones municipales, consideradas menos peligrosas. Se pretendía volver a la normalidad, pero Alfonso XIII se había comprometido excesivamente con la dictadura, y las elecciones se presentaron como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía.

La Segunda República Española

Las elecciones y el gobierno provisional

El 12 de abril de 1931 tuvieron lugar las elecciones municipales, con una alta participación y con el triunfo de los republicano-socialistas en las grandes ciudades. El día 14 los concejales de Eibar proclamaron la República, y a lo largo del día lo hicieron los de Valencia, Sevilla y Oviedo. Miles de personas se echaron a la calle y celebraron pacíficamente el acontecimiento. El rey Alfonso XIII renunció al trono y ese mismo día abandonó el país. Los representantes de los partidos del Pacto de San Sebastián constituyeron un gobierno provisional en Madrid, que proclamó oficialmente la Segunda República Española y convocó inmediatamente elecciones a Cortes Constituyentes para el 28 de junio, con alta participación y con la victoria de la coalición republicano-socialista. Paralelamente, el gobierno decretó una serie de medidas urgentes: amnistía general para los presos políticos, libertades políticas y sindicales, y designación de altos cargos administrativos. También se reformó el ejército y se negoció con catalanes y vascos para llegar a una solución autonómica. La República contó con el apoyo popular, de grandes propietarios agrícolas, de parte del ejército y de la Iglesia.

La Constitución de 1931

Las nuevas Cortes republicanas, con Niceto Alcalá-Zamora como jefe de gobierno, nombraron inmediatamente una comisión encargada de elaborar un proyecto de Constitución, aprobada en 1931. Esta Constitución fue muy avanzada para su tiempo, con un marcado carácter democrático y progresista, y establecía que todos los poderes emanan del pueblo. Sus principios fundamentales fueron:

• El Estado se configuraba de forma "integral", aceptando la posibilidad de constituir gobiernos autónomos.
• El poder legislativo residía en las Cortes unicamerales, con atribuciones muy amplias. El judicial se confiaba a unos jueces independientes.
• Amplia declaración de derechos y libertades, con preocupación por los problemas sociales: igualdad absoluta ante la ley, educación y trabajo, y no discriminación por origen, sexo o riqueza.
• Voto desde los 23 años, incluidas las mujeres.
• Afirmación de la laicidad del Estado.

A pesar de ser aprobada por amplia mayoría, existían discrepancias entre izquierda y derecha, sobre todo en la cuestión religiosa y autonómica.

Partidos y sindicatos en la Segunda República

La etapa republicana inauguró un periodo de gran actividad de formaciones políticas y sindicales.

Las formaciones de izquierda: En la política destacaron dos partidos republicanos: Radical-Socialista y Acción Republicana. Su papel en la República provenía de su prestigio. El partido más sólido era el PSOE, que tenía dos corrientes: una socialdemócrata (Julián Besteiro e Indalecio Prieto) y otra más revolucionaria (Largo Caballero). En 1931 destacó el Partido Comunista, surgido de la rama bolchevique. Hay que mencionar a la CNT, que en 1936 contaba con un millón de afiliados, donde se enfrentaron dos corrientes: los treintistas, de orientación más moderada y netamente sindicalista, y la corriente más radical, formada por un sector alrededor de la Federación Anarquista Ibérica.

Los grupos de derecha: Existían formaciones republicanas de centro-derecha, como el Partido Radical (Lerroux) o la Derecha Liberal Republicana. Estos grupos derivaron hacia posiciones conservadoras contrarias a las reformas. Los partidos conservadores y católicos se derrumbaron con la proclamación de la República. Algunos se opusieron radicalmente a ella y otros mostraron cierta aceptación, aunque con ideas conservadoras. El gran partido de la derecha católica y conservadora fue la Confederación Española de Derechas Autónomas (José María Gil-Robles). En Cataluña los conservadores estaban representados por la Lliga Regionalista, y en el País Vasco, por el PNV. Más extremos eran los grupos monárquicos, como Renovación Española (Calvo Sotelo), que llegó a un acuerdo con los carlistas en la Comunión Tradicionalista. Los pequeños grupos nacionalsocialistas y fascistas crearon las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, unidas más adelante en Falange Española (José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador).

La cuestión religiosa

Uno de los principales objetivos de la República era limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad española. Todas estas intenciones se plasmaron en la Constitución. El temor a la influencia que las órdenes religiosas ejercían en la enseñanza llevó al gobierno a prohibirles dedicarse a ella. El proceso se completó con la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, que les limitó la posesión de bienes y previó la posibilidad de su disolución en caso de peligro para el Estado.

Gran parte de los sectores católicos percibieron la nueva legislación como una agresión al catolicismo. El resurgimiento de movimientos populares anticlericales agudizó esos temores.

La modernización del ejército

Manuel Azaña impulsó una reforma que pretendía crear un ejército profesional y democrático. Con esta finalidad se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad, que establecía que todos los oficiales debían prometer su adhesión a la República, con la posibilidad de retirarse con sueldo íntegro si lo deseaban. Además, se suprimieron algunos rangos tradicionales, se redujo el número de unidades y oficiales, y se cerró la Academia Militar de Zaragoza. Posteriormente se creó la Guardia de Asalto, fuerza de orden público fiel a la República. La reforma tuvo resultados limitados, y la redacción del presupuesto dificultó la modernización material. Fue recibida, sobre todo por los africanistas, como una agresión a la tradición militar y al poder del ejército.

La reforma agraria

Pretendía poner fin al predominio del latifundismo y mejorar las condiciones de vida de los campesinos pobres. Una serie de primeros decretos estableció la prohibición de rescindir los contratos de arrendamiento, fijó la jornada de ocho horas y determinó un salario mínimo. La verdadera reforma consistía en la creación de una Ley de Reforma Agraria, que permitía la expropiación sin indemnización de las tierras de una parte de la nobleza, mientras que las cultivadas de forma deficiente solo podían expropiarse ofreciendo una indemnización a los propietarios. La aplicación de esta ley se encomendó al Instituto de Reforma Agraria. Los resultados iniciales fueron escasos, pues se expropiaron muchas menos hectáreas de las previstas. El fracaso se debió a la complejidad de la ley, a la lentitud de su aplicación, a la falta de presupuesto y a la resistencia de los propietarios. Esto originó un aumento de la tensión social: los grandes propietarios se opusieron a la reforma, y los campesinos quedaron decepcionados por los resultados, orientándose hacia posturas más revolucionarias.

La reforma del Estado centralista

El 14 de abril de 1931 Francesc Macià proclamó la República catalana. La negociación entre el gobierno provisional y los dirigentes catalanes permitió la anulación de esta decisión, a cambio de poder formar un gobierno autonómico provisional, cuya tarea era elaborar un Estatuto de Autonomía. La aprobación de este contó con la oposición de la derecha y de algunos sectores republicanos, pero fue aprobado en septiembre de 1932. En el País Vasco, el PNV y los carlistas aprobaron un proyecto de estatuto, pero su aprobación se retrasó indefinidamente debido a la oposición. En octubre de 1936 se aprobó un Estatuto, fruto de un consenso político entre nacionalistas, republicanos y socialistas.

La obra educativa y cultural

Otra reforma importante fue la de la enseñanza. Se pretendía promover una educación liberal y laica, y el centro de su actividad fue la enseñanza primaria. Se intentó acabar con la hegemonía de la enseñanza religiosa y se adoptó la escuela mixta, laica, obligatoria y gratuita. También se pretendió mejorar el nivel cultural, y se promovieron campañas culturales destinadas a los sectores más humildes.

Las reformas laborales

Largo Caballero inició una serie de reformas para mejorar las condiciones laborales. Se aprobó la Ley de Contratos de Trabajo y la Ley de Jurados Mixtos. Se estableció también la semana laboral de 40 horas y se estimuló el aumento de salarios. Estas medidas provocaron la irritación de las patronales, que se opusieron, logrando frenar algunos proyectos.

La crisis económica y social de la República

La coyuntura económica desfavorable

El cambio de régimen coincidió con la fase más grave de la depresión económica mundial, iniciada con el hundimiento de la Bolsa de Nueva York, lo que imposibilitó el crecimiento económico, a pesar de afectar de forma más débil que a otros países occidentales. En cualquier caso, la crisis agravó los ya tradicionales problemas internos de nuestra economía, a los que se sumaron los derivados de la política económica del gobierno republicano.

La conflictividad social

La lentitud de las reformas provocó el desencanto y la impaciencia de los trabajadores. La voluntad revolucionaria de los partidos y sindicatos de izquierda agudizó los enfrentamientos. Las huelgas, las insurrecciones y las ocupaciones de tierras fueron en progresivo aumento. Estos hechos produjeron un enorme desgaste del gobierno, que se vio desacreditado como consecuencia de las duras medidas policiales adoptadas para establecer el orden público.

La reorganización de las derechas

Las reformas republicanas fueron vistas como cambios demasiado radicales, y los sectores de las clases medias se organizaron alrededor de los tradicionales partidos conservadores o de las nuevas organizaciones fascistas para oponerse al gobierno. La centro-derecha se reestructuró alrededor del Partido Radical de Lerroux. La CEDA contó rápidamente con un buen número de afiliados. Renovación Española, la Comunión Tradicionalista y grupos de Falange y de las JONS realizaron actividades contra el marxismo y el peligro de una revolución bolchevique. El general Sanjurjo fue protagonista de un golpe de Estado en agosto de 1932, que fracasó estrepitosamente.

Las elecciones de 1933: el gobierno de derechas

Se llevaron a cabo el 18 de noviembre. La izquierda se presentó a los comicios desunida; además, importantes masas obreras optaron por la abstención a petición de la CNT. Por el contrario, la derecha se presentó unida y organizada. Ganaron los partidos de centro-derecha, y comenzó el bienio negro (conservador).

La paralización de las reformas

El nuevo gobierno, presidido por Lerroux, inició su mandato paralizando buena parte del proyecto reformista anterior. En el campo se frenó la reforma agraria. El gobierno central también se enemistó con los nacionalistas vascos al paralizar la discusión del proyecto de estatuto vasco impulsado por el PNV. Además, aprobó un presupuesto de culto y clero, se iniciaron negociaciones con la Santa Sede y se anularon las reformas del ejército emprendidas por Azaña. Esta viraje tuvo como consecuencia la radicalización del PSOE y de la UGT. Este sector y los anarquistas declararon la guerra abierta al nuevo gobierno con huelgas y conflictos.

La Revolución de octubre de 1934

El día siguiente a la formación del nuevo gobierno, por iniciativa de la UGT, se produjeron huelgas y manifestaciones para defender las reformas sociales amenazadas por el nuevo gobierno. El movimiento fracasó a nivel nacional por la falta de coordinación y por la respuesta del gobierno, con acontecimientos especialmente graves en Asturias y Cataluña. En Asturias, los mineros hicieron una revolución social, fruto de un acuerdo entre anarquistas, socialistas y comunistas, que ocuparon las villas de la cuenca armados. Asediaron Oviedo para defender la revolución y enfrentarse a las fuerzas, pero el gobierno llevó la Legión para reprimirlos. En Cataluña, la revuelta fue de carácter más político, con el apoyo del presidente de la Generalitat, Lluís Companys, que pretendía evitar la entrada de la CEDA en el gobierno, y proclamó la República catalana dentro de la República federal, al mismo tiempo que una alianza de partidos y sindicatos de izquierda organizaba una huelga general. Se declaró el estado de guerra y el ejército ocupó el Palacio de la Generalitat.

La crisis del segundo bienio

Las consecuencias de la revolución fueron notables: la CEDA aumentó su influencia en el gobierno y tenía la intención de aplicar las condenas con rigor y reorientar aún más el gobierno. También presentó un proyecto para modificar la Constitución, que abolía el divorcio, suspendía la expropiación de tierras y establecía una revisión restrictiva de las autonomías. En otoño de 1935 estalló la crisis de gobierno. El Partido Radical se vio afectado por escándalos de corrupción, que agravaron las diferencias en el interior de la coalición, y era imprescindible el relevo en el poder. Gil-Robles intentó ser nombrado presidente, pero Alcalá-Zamora se negó y convocó elecciones para febrero de 1936.

Las elecciones de febrero de 1936

Los partidos de izquierda se agruparon en el Frente Popular, y los de derecha formaron distintas coaliciones, constituidas por la CEDA, los monárquicos y los tradicionalistas (Bloque Nacional). Sin embargo, las derechas no lograron redactar un programa electoral surgido del consenso ni confeccionar una candidatura única. El Frente Popular se convirtió en la fuerza ganadora, y el nuevo gobierno quedó formado por republicanos, mientras que el resto de partidos se comprometieron a prestarle apoyo parlamentario. Manuel Azaña fue nombrado presidente de la República y Casares Quiroga, jefe del gobierno.

El Frente Popular

Decretó una amnistía y obligó a las empresas a readmitir a los obreros despedidos por la huelga de 1934. El gobierno de la Generalitat volvió al poder, se restableció su Estatuto de Autonomía, y en Galicia y País Vasco se iniciaron negociaciones para aprobar un estatuto propio. Se reanudó el proyecto reformista interrumpido. Los partidos de izquierda y los sindicatos se lanzaron a una movilización popular. En las ciudades se convocaron huelgas para pedir mejoras de las condiciones laborales, y en el campo los jornaleros ocupaban tierras. Esta situación fue rechazada por las derechas. La Falange Española asumió un fuerte protagonismo y fomentó un clima de enfrentamiento civil. Grupos de falangistas iniciaron acciones violentas contra los líderes izquierdistas, y estos enfrentamientos se propagaron por todo el país.

Camino del golpe de Estado

Este clima favorecía a los sectores decididos a organizar un golpe de Estado contra la República. La misma noche de las elecciones, Franco intentó declarar el estado de guerra. La conspiración tuvo escasa fuerza hasta que se puso al frente Emilio Mola. Para frenar los rumores de golpe de Estado, el gobierno trasladó de destino a los generales implicados en los complots, pero no se atrevió a destituirlos. La conspiración contaba con el apoyo de las derechas y también estableció contacto con la Italia fascista y la Alemania nazi. El 13 de julio se produjo en Madrid el asesinato de Calvo Sotelo. Su muerte aceleró los planes, y la sublevación se inició en Marruecos el 17 de julio, dando origen a una guerra civil de tres años.