La Guerra de la Independencia (1808-1814) y su impacto en España

La Guerra de la Independencia española

La Guerra de la Independencia (1808-1814) fue un conflicto causado por la invasión de España por las tropas de Napoleón, en el que participaron España, Francia y Reino Unido.

Sus principales causas fueron el Tratado de Fontainebleau (1807), que permitió la entrada de tropas francesas en España, el Motín de Aranjuez (1808) y las Abdicaciones de Bayona, por las que Napoleón obligó a Carlos IV y Fernando VII a renunciar al trono y nombró rey a su hermano José I. Esto provocó el levantamiento del 2 de mayo de 1808.

La resistencia española destacó por la batalla de Bailén (1808) y la guerra de guerrillas, además del apoyo británico dirigido por Wellington. Entre las victorias finales destacaron Los Arapiles, Vitoria y San Marcial.

La guerra terminó con el Tratado de Valençay (1813), por el que Napoleón reconoció a Fernando VII como rey, que regresó a España en 1814.

Los afrancesados

Los afrancesados eran principalmente ilustrados y reformistas españoles que apoyaron a José I porque consideraban que las reformas francesas podían modernizar España. Tras el final de la guerra fueron perseguidos y muchos tuvieron que exiliarse.

Las Cortes de Cádiz

Las Cortes de Cádiz se reunieron durante la Guerra de la Independencia y supusieron un cambio político fundamental, ya que comenzaron a acabar con el Antiguo Régimen. Fueron unicamerales y sus diputados fueron elegidos por varones mayores de 25 años. Las Cortes representaban a la nación y no al rey, aunque reconocían a Fernando VII como rey legítimo.

En ellas había tres grupos principales:

• Liberales: eran mayoría y defendían la soberanía nacional, la división de poderes, la igualdad ante la ley y la eliminación de los privilegios.
• Absolutistas: defendían la monarquía absoluta y el mantenimiento del Antiguo Régimen.
• Jovellanistas o ilustrados: defendían una postura más moderada, basada en la soberanía compartida entre el rey y las Cortes.

La obra legislativa de las Cortes

Las Cortes de Cádiz realizaron reformas para acabar con el Antiguo Régimen y establecer una sociedad y economía más liberales. Entre ellas destacaron la libertad de expresión e imprenta, la abolición de los señoríos jurisdiccionales, la derogación de los gremios, la supresión de la Mesta y de la Inquisición, la abolición de la tortura y la consideración de España como una única nación.

La Constitución de 1812

La Constitución de 1812 fue promulgada el 19 de marzo de 1812, día de San José, por lo que fue conocida como «La Pepa». Fue la primera Constitución española y estableció las bases del liberalismo.

Su principio fundamental fue la soberanía nacional, es decir, que el poder reside en la nación. Estableció una monarquía constitucional, con Fernando VII como rey, y la separación de poderes: el legislativo correspondía a las Cortes y el rey, el ejecutivo al rey y el judicial a los tribunales.

También estableció el derecho de representación, mediante diputados elegidos para representar a la nación, y reconoció derechos como la libertad de expresión e imprenta, la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio y las garantías procesales. Sin embargo, no reconoció la libertad religiosa, ya que estableció el catolicismo como religión oficial y única.

Importancia de la Constitución de 1812

La Constitución de 1812 fue fundamental porque fue la primera Constitución española, elaborada por representantes de la nación, a diferencia del Estatuto de Bayona de 1808, que era una Carta Otorgada. Estuvo influida por la Constitución francesa de 1791 y fue un texto muy avanzado para su época.

Su aplicación fue limitada por la Guerra de la Independencia y la oposición de los absolutistas y parte del campesinado. Cuando Fernando VII regresó en 1814, anuló la Constitución y la obra de las Cortes de Cádiz. A pesar de ello, La Pepa se convirtió en un símbolo del liberalismo español e influyó en posteriores constituciones europeas y americanas.

El triunfo del liberalismo: la construcción del Estado liberal

Durante el reinado de Isabel II (1833-1868) se produjo el desmantelamiento definitivo del Antiguo Régimen y se construyó el Estado liberal en España. Este proceso se divide en dos grandes etapas:

1. El desmantelamiento del Antiguo Régimen (1833-1843)

Este periodo comenzó con la muerte de Fernando VII en 1833 y terminó cuando Isabel II alcanzó la mayoría de edad en 1843. Como Isabel era menor, hubo dos regencias.

La Regencia de María Cristina (1833-1840) estuvo marcada por la Primera Guerra Carlista (1833-1840), la desamortización de Mendizábal (1836) y la aprobación de la Constitución de 1837.

La Regencia de Espartero (1840-1843) comenzó tras la dimisión de María Cristina. Durante ella se aceleró la desamortización eclesiástica, se recortaron los fueros vasco-navarros y se firmó un acuerdo librecambista con Inglaterra, que perjudicó a la industria de Barcelona. Las protestas fueron reprimidas con el bombardeo de Barcelona, lo que hizo perder popularidad a Espartero, que finalmente fue derrocado por un golpe militar.

Para evitar la inestabilidad, se adelantó la mayoría de edad de Isabel II a los 13 años, comenzando su reinado efectivo en 1843.

El reinado de Isabel II (1843-1868)

El reinado de Isabel II (1843-1868) se dividió en tres etapas:

• La Década Moderada (1844-1854): se caracterizó por la aprobación de la Constitución de 1845, la creación de la Guardia Civil, la división provincial impulsada por Javier de Burgos, el desarrollo de un sistema educativo común y el Concordato de 1851 con la Iglesia. País Vasco y Navarra conservaron sus fueros.
• El Bienio Progresista (1854-1856): destacó por la Ley General de Ferrocarriles y la desamortización de Madoz, que afectó principalmente a bienes municipales y de la Iglesia.
• La Unión Liberal (1856-1868): gobernó formada principalmente por moderados y progresistas. Destacó la política exterior y la guerra en el norte de África. Con el tiempo, el régimen se volvió más conservador y aumentó la oposición a Isabel II. En 1866, los grupos opositores firmaron el Pacto de Ostende, cuyo objetivo era acabar con su reinado. Finalmente, una crisis económica, política y social, junto con un levantamiento militar, provocó la Revolución de 1868, que acabó con el reinado de Isabel II.

El Sexenio Democrático (1868-1875)

El Sexenio Democrático (1868-1874) fue el periodo entre la caída de Isabel II y la Restauración de la monarquía borbónica. La caída de Isabel II se debió a la pérdida de prestigio de la reina, la crisis económica, las desigualdades sociales y el aumento de la oposición política, que culminó con el Pacto de Ostende (1866). Todo ello provocó la Revolución de 1868, La Gloriosa, que comenzó con un levantamiento militar en Cádiz y obligó a Isabel II a exiliarse.

Tras la revolución hubo un Gobierno Provisional (1868-1871), durante el cual se aprobó la Constitución de 1869, de carácter democrático, que reconocía derechos y establecía una monarquía constitucional. Se eligió como rey a Amadeo de Saboya, que reinó entre 1871 y 1873, pero tuvo que abdicar por los conflictos políticos, la Tercera Guerra Carlista, la guerra de Cuba y la falta de apoyo.

Después se proclamó la Primera República (1873-1874), caracterizada por una gran inestabilidad y cuatro presidentes: Figueras, Pi i Margall, Salmerón y Castelar. En enero de 1874, el general Pavía dio un golpe de Estado, poniendo fin a la República parlamentaria. Finalmente, en 1874 se restauró la monarquía borbónica con Alfonso XII, iniciándose la Restauración.

La cuestión foral

La cuestión foral fue el conflicto sobre los fueros, leyes e instituciones propias que conservaron principalmente País Vasco y Navarra. Tras los Decretos de Nueva Planta, estos territorios mantuvieron sus fueros por haber apoyado a Felipe V. En el siglo XIX, los fueros se enfrentaron al proceso de centralización y unificación del Estado y estuvieron muy relacionados con las Guerras Carlistas, ya que los carlistas los defendían. Tras la Tercera Guerra Carlista, los fueros vascos fueron abolidos en 1876, aunque se mantuvieron los Conciertos Económicos. Con la Constitución de 1978, País Vasco y Navarra recuperaron un régimen fiscal propio.