El Gobierno de España: composición, funciones, investidura y gobierno en funciones
1. Composición del Gobierno (art. 98 CE)
1.1. Miembros designados por el Presidente
El Presidente del Gobierno dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de sus demás miembros. El Vicepresidente (art. 98.1 CE) tiene funciones de suplencia, apoyo al Presidente, coordinación interdepartamental y de presidencia delegada.
Los ministros pueden definirse atendiendo a sus diferentes facetas: como miembros del Consejo de Ministros, como titulares de un departamento ministerial y como miembros del Consejo de Ministros comunitario.
Órganos de apoyo de los ministros (los gabinetes)
Los ministros, al igual que el Presidente del Gobierno, pueden tener como órganos de apoyo a los gabinetes, dirigidos a asesorarles.
1.2. Miembros designados por el Consejo de Ministros
Cargos directivos departamentales. En los distintos ministerios, además de los funcionarios de carrera, existe un número determinado de cargos de naturaleza política (secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, etc.).
Cargos periféricos del Gobierno
Destacan los gobernadores civiles y los delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas. Sus funciones principales son representar al Gobierno en la comunidad autónoma correspondiente, dirigir la administración del Estado en el territorio autonómico y coordinarla con la administración propia de la CCAA.
2. El Presidente del Gobierno
2.1. Procedimientos establecidos en la Constitución para nombrar al Presidente del Gobierno
Ordinario: tras las elecciones generales, tras la derrota en la cuestión de confianza, tras su dimisión voluntaria y tras su fallecimiento. Además, existen dos supuestos más raros: procesamiento y condena del Presidente, e incapacitación por una enfermedad que le impida llevar a cabo su dimisión voluntaria.
En estos casos, aunque el Rey sea quien propone al candidato a Presidente, la decisión determinante es la adoptada por el Congreso de los Diputados y no la mera voluntad del monarca.
Extraordinario: mediante la moción de censura constructiva (la propuesta del candidato a Presidente ya no proviene del Rey, sino del Congreso de los Diputados).
2.2. Requisitos previos a la investidura
Al cesar el Gobierno, el Rey propone, a través del Presidente del Congreso de los Diputados, un candidato a Presidente del Gobierno. Se requieren tres condiciones previas para llevar a cabo la sesión de investidura:
- Recepción de la propuesta del Rey. Una vez recibida la propuesta del candidato, se publicará en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
- Convocatoria del pleno.
- Lectura de la propuesta.
Finalmente, la sesión de investidura comienza, según el art. 171.1 RC, con la lectura de la propuesta regia del candidato por uno de los secretarios de la Cámara.
2.3. Exposición del programa
Según el art. 99.2 CE, "el candidato propuesto expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretende formar y solicitará la confianza de la Cámara".
2.4. El debate de investidura
Una vez que el candidato expone su programa, se celebra un debate sobre el mismo en el que participan todos los grupos parlamentarios, que podrán intervenir, a través de su portavoz, por un periodo de 30 minutos. El candidato, además, puede hacer uso de la palabra las veces que así lo solicite y puede contestar a las intervenciones individual o colectivamente. La Presidencia puede ampliar estos plazos, sobre todo en el caso de las intervenciones del líder de la oposición mayoritaria.
2.5. La votación de investidura
El art. 99.3 CE contempla dos clases de mayoría para alcanzar la investidura:
- Mayoría absoluta. En la primera votación se exige la mayoría absoluta para ser investido Presidente del Gobierno (se trata de los que integran legalmente la Cámara, es decir, 176 diputados).
- Mayoría relativa. Si en la primera votación no se obtiene esa mayoría, se procederá, 48 horas después, a la segunda. Cumplido el requisito del quórum, bastará con obtener la mayoría simple o relativa, que consiste en que haya un mayor número de votos afirmativos que negativos, siendo irrelevantes tanto las ausencias como las abstenciones.
2.6. Resolución definitiva o nuevas propuestas
Si el candidato ha obtenido la mayoría absoluta en la primera votación o la relativa en la segunda, el Presidente del Congreso trasladará la decisión parlamentaria al Rey para que proceda a su nombramiento.
Si, por el contrario, no se ha conseguido la investidura en las dos votaciones, el Rey presentará nuevas propuestas de candidato. Si tampoco prosperan ninguna de ellas en el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.
3. Las funciones del Gobierno
3.1. Las funciones políticas sustantivas
Ejercidas por el Consejo de Ministros, también llamadas funciones directivas, ya que se trata de actividades de orientación política, de programación de objetivos, de selección de prioridades y valoración de los medios con que se cuenta. Se trata, por tanto, de poner en marcha un proyecto de gobierno y la estrategia adecuada para conseguirlo, que tiene como punto de partida el programa que defendió el Presidente del Gobierno en su investidura. Estas funciones políticas sustantivas, de carácter directivo y orientador, pueden sintetizarse en los siguientes grupos:
Función directiva de la política interior (art. 97 CE)
Consiste en dar prioridad a determinados problemas que en cada momento son considerados más importantes por la sociedad. El Gobierno dispone de técnicas modernas de conocimiento de la opinión pública, como son los sondeos o los medios de comunicación, a fin de establecer un catálogo de prioridades. Lo que entendemos por política interior puede dividirse en distintas parcelas que suelen coincidir con los distintos departamentos ministeriales: seguridad ciudadana y orden público, economía y hacienda, trabajo y seguridad social, industria y energía, educación y ciencia, cultura, justicia y derechos y libertades fundamentales, sanidad y consumo, etc.
Función directiva de la política exterior (art. 97 CE)
Debido al creciente fenómeno de la internacionalización, se ha llegado al punto de que toda decisión importante de política interior tiene también repercusión en la política internacional, y se puede afirmar que la política exterior puede llegar a condicionar sustancialmente la política interior. Hay que distinguir dos supuestos diferentes:
Supuesto general. El Gobierno dirige la política exterior a través de varias vías:
- Nombra a los embajadores, que pueden ser de carrera o no, y a los representantes permanentes en los organismos internacionales de los que España forma parte.
- Concede el plácet a los embajadores extranjeros acreditados en España, siempre que no existan razones de peso para oponerse a su nombramiento.
- Reconoce a los nuevos países o gobiernos de países terceros, después de un proceso de independencia o golpe de Estado.
- Establece las prioridades en la política exterior, mediante el juego de alianzas o relaciones especiales.
Supuestos especiales. Dentro de este campo existen dos supuestos especiales en los que el Gobierno actúa: alguno de sus miembros puede intervenir personalmente en las organizaciones internacionales especializadas de las que España forma parte, a fin de exponer la posición del Gobierno y su política en cada ámbito determinado; y, por otra, el Presidente y los ministros respectivos son miembros del pleno del Consejo Europeo o del Consejo de Ministros de la Unión Europea, como ya vimos.
Función directiva de la defensa
La función directiva de la defensa del Estado que lleva a cabo el Gobierno puede ser contemplada también desde una doble perspectiva: externa e interna.
a) Perspectiva externa. La política de defensa, en su proyección exterior, no consiste únicamente en organizar, preparar y actualizar el potencial militar. Actualmente, la defensa exterior del Estado se manifiesta también a través de las alianzas militares con otros países con el fin de establecer la defensa mutua. De ahí la estrecha relación que existe entre la dirección de la política exterior y la política de defensa. España cuenta con alianzas de todo tipo:
- Con Portugal: Tratado de Amistad y Cooperación de 1977.
- Con Francia: Acuerdo de Cooperación Militar de 1980.
- Con EE. UU.: Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación de 1988 (con modificaciones posteriores sustanciales).
- Con la OTAN: Tratado de adhesión de 1982.
- Con la UEO: Tratado de adhesión de 1988.
España decidió también, en 1993, formar parte del denominado "Euroejército", en el que en ese momento había unidades alemanas, francesas y belgas. Igualmente, España se adhirió al Tratado de No Proliferación de armas atómicas en 1987 y forma parte también de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, uno de cuyos objetivos consiste en no recurrir a las amenazas o al empleo de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de ningún Estado.
b) Perspectiva interna. La defensa del Estado no se lleva a cabo únicamente contra un enemigo exterior, sino que también puede realizarse frente a situaciones internas de crisis graves. A este respecto, el art. 116 CE prevé tres supuestos excepcionales en los que el Gobierno posee la iniciativa de la acción, el último de los cuales, el estado de sitio, es el que se refiere al supuesto constitucional máximo. Por lo demás, el Gobierno cuenta para la defensa interior del Estado con las fuerzas y cuerpos de seguridad.
3.2. Las funciones políticas instrumentales
Las funciones políticas sustantivas las puede llevar a cabo el Gobierno gracias a que la Constitución reconoce también las funciones políticas instrumentales, que son las que en la práctica concretan a las primeras. Se pueden distinguir tres grandes grupos:
La función relacional con otros poderes del Estado. El papel preeminente del Gobierno, dentro de la organización del Estado, se confirma nuevamente con la función relacional que ejerce respecto a otros poderes del Estado. Y esas relaciones dejan claro que el principio de división de poderes no puede implicar que los poderes del Estado sean compartimentos estancos. En un régimen parlamentario los poderes están relacionados entre sí, con la colaboración necesaria entre ellos, con el objetivo de lograr la mayor eficacia de la organización estatal. Y esa colaboración la protagonizan dos de los siete poderes del Estado: el poder moderador de manera simbólica y el poder ejecutivo de manera efectiva.
- a) Con el poder electoral. El Gobierno es quien, mediante real decreto, convoca las elecciones generales.
- b) Con el poder moderador. Según el art. 64 CE, los actos del Rey no refrendados por el Presidente del Gobierno ni por el Presidente de la Cámara, deberán ser refrendados solo por los ministros competentes.
- c) Con el poder corrector. El art. 159.2 CE prevé que dos magistrados del Tribunal Constitucional deberán ser propuestos por el Gobierno, en acuerdo tomado en Consejo de Ministros.
- d) Con el poder parlamentario. Aparte de las relaciones normativas que el Gobierno tiene con el poder parlamentario, el Gobierno es competente para pedir que las Cámaras se reúnan en sesiones extraordinarias. Por otro lado, el Gobierno está obligado a explicarse sobre el contenido de las peticiones que le envíen las Cortes.
- e) Con el poder judicial. Las relaciones del Gobierno con el poder judicial que reconoce la Constitución son tres, pero no se refieren a la actividad jurisdiccional de este poder, lo que sería un grave atentado al Estado de Derecho, sino a cuestiones colaterales. En primer lugar, el Gobierno ejerce la prerrogativa regia del derecho de gracia (art. 62.i CE). En segundo lugar, el Gobierno, oído el CGPJ, es quien designa al Fiscal General del Estado (art. 124.4 CE; no es órgano jurisdiccional sino órgano colaborador en la administración de justicia). Y, por último, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, sigue poseyendo competencias en cuanto a la organización y funcionamiento del sistema judicial.
- f) Con el poder constituyente constituido. Existen dos tipos de relaciones: por un lado, posee la iniciativa de la reforma constitucional (arts. 166 y 87 CE). Por otro, puede solicitar la declaración del TC a efectos de que se señale si existen estipulaciones contrarias a la Constitución en un tratado internacional, lo que requeriría la reforma de la norma fundamental, como sucedió en el caso del Tratado de Maastricht (art. 95 CE).
- g) Con el poder autonómico. El Gobierno nombra al delegado del Gobierno en cada comunidad autónoma; controla el ejercicio de las funciones delegadas en virtud del art. 150.2 CE; adopta las medidas necesarias para obligar a la comunidad autónoma a cumplir la Constitución y las leyes; impugna ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas cuando sea preciso; plantea ante el TC los conflictos de competencias cuando se considere que una comunidad autónoma se ha excedido de las competencias que señala la Constitución y su respectivo Estatuto.
La función normativa del Gobierno. Nuestra Constitución reconoce al Gobierno numerosas posibilidades para que pueda ejercer la función normativa, y hay que diferenciar entre:
Función normativa compartida. Las leyes o normas con rango de ley pueden ser producto de la colaboración entre el Gobierno y las Cortes Generales. Los supuestos en los que la Constitución reconoce al Gobierno su función normativa, compartida con las Cortes Generales, son los siguientes:
- La iniciativa legislativa directa a través de los proyectos de ley aprobados en Consejo de Ministros y enviados a las Cortes.
- La iniciativa legislativa indirecta a petición de las asambleas de las CCAA.
- La legislación de urgencia a través de los decretos-leyes, aprobados en el Consejo de Ministros, que deben ser convalidados o derogados por el Congreso de los Diputados o, en su caso, tramitados como proyectos de ley.
- La legislación delegada a través de los llamados decretos legislativos.
- La iniciativa exclusiva en materia de planificación económica, según los requisitos expuestos en el art. 131 CE.
- La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, que deberán ser aprobados por las Cortes, según lo previsto en el art. 134 CE.
- La iniciativa exclusiva para la celebración de los tratados internacionales, aunque las Cortes deben intervenir en la fase de conclusión y, en su caso, en su autorización.
Función normativa propia. La potestad reglamentaria es propia del Gobierno. Por lo tanto, el Gobierno puede dictar reglamentos que contribuyan a la ejecución de las leyes y otros que no tengan ese fin (denominados reglamentos independientes). La potestad reglamentaria, cuando la ejerce el Consejo de Ministros, adopta la forma de reales decretos (siendo posible que esa facultad la ejerza el Presidente del Gobierno). Y cuando la ejercen los miembros del Consejo de Ministros, individualmente, en materias propias de su departamento, adopta la forma de órdenes ministeriales.
La función ejecutiva del Gobierno. También llamada poder ejecutivo, desempeña tres actividades principales: actos que se aplican mediante los reglamentos de ejecución de las leyes; leyes que le otorgan la competencia para nombrar altos cargos de la administración, imponer sanciones, etc.; y el Gobierno se sirve de la ayuda de la administración con el objetivo de servir eficazmente los intereses generales, como veremos (la administración le suministra información, apoyo técnico y personal profesional, etc.).
4. El Gobierno en funciones
Una vez vistas las distintas funciones que desempeña el Gobierno, la importancia de estas deja claro que no puede abrirse un paréntesis en su actuación, porque se puede estar un cierto tiempo sin legislar, pero no se puede estar ni un minuto sin gobernar. Por eso, el art. 101.2 CE establece que "el Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno".
4.1. Supuestos de cese y duración del Gobierno en funciones
Los supuestos de cese del Gobierno, entendido como Consejo de Ministros, vienen expuestos en el art. 101.1 CE y son los siguientes:
- Tras la celebración de elecciones generales. El cese comienza al día siguiente de la celebración de las elecciones y no en el día de la proclamación oficial por la Junta Electoral, a partir de los resultados de las mismas. La duración del Gobierno en funciones puede oscilar entre un mes, como mínimo, y varios meses, como máximo, según se desarrolle el procedimiento de nombramiento del nuevo Presidente establecido en el art. 99 CE.
- Tras la dimisión obligatoria por la pérdida de la cuestión de confianza. En caso de que el Presidente del Gobierno perdiera la cuestión de confianza ante el Congreso de los Diputados, está obligado a presentar su dimisión al Rey, y este a declarar su cese inmediatamente de la misma forma que en el supuesto anterior. La duración del Gobierno en funciones oscilará igualmente entre los plazos señalados en el supuesto anterior.
- Tras la dimisión obligatoria por el triunfo de la moción de censura. El Rey, simultáneamente, declara el cese del Presidente del Gobierno derrotado, el cese de los demás miembros del Gobierno y el nombramiento del nuevo Presidente propuesto en la moción de censura. En cuanto a la duración del Gobierno en funciones, será de unas horas en lo referente a los demás miembros del Gobierno, ya que normalmente el Presidente entrante tiene prácticamente confeccionada su lista de miembros.
- Tras la dimisión voluntaria del Presidente del Gobierno. El Rey declara el cese del Presidente y de los demás miembros del Gobierno y nombra al nuevo según el procedimiento del art. 99 CE. La duración del Gobierno en funciones será la misma que en los dos primeros supuestos analizados.
- Tras el fallecimiento del Presidente del Gobierno. Este supuesto es similar al anterior, aunque aquí el Gobierno en funciones estará presidido, como consecuencia de la muerte del Presidente, por su Vicepresidente.
4.2. Funciones del Gobierno "en funciones"
Sus funciones no podrán ser idénticas a las de un Gobierno normal, debido a su interinidad, incluso aunque esta pueda durar más. Sus funciones se tendrán que limitar a las de la "ordinaria administración". Por lo tanto, el Gobierno "en funciones" deberá seguir dirigiendo la política nacional y velar por el interés general, pero existen una serie de funciones que no podrá llevar a cabo:
- Disolver las Cámaras.
- Plantear la cuestión de confianza.
- Presentar los nuevos Presupuestos Generales del Estado.
- Nombrar altos cargos políticos o de la administración.
- Autorizar la realización de referéndums.
- Presentar un programa legislativo, salvo que por razones de urgencia tenga que dictar decretos-leyes, aunque puede usar, de forma limitada, su potestad reglamentaria.
El objetivo de todo esto es no condicionar la actuación del Gobierno entrante, ya que lo contrario equivaldría a un evidente fraude constitucional, ya que el saliente no cuenta con la confianza expresa del Congreso de los Diputados, requisito esencial en el funcionamiento de todo régimen parlamentario.
5. La administración del Estado
El poder ejecutivo es de naturaleza dualista ya que, dentro de él, hay que distinguir, por una parte, al Gobierno y, por otra, a la administración, la cual aparece como una institución diferenciada. Tal conclusión se deduce del art. 97 CE cuando señala que el Gobierno "dirige la administración civil y militar". Sin embargo, esto hay que matizarlo, ya que el Gobierno no es solo un órgano constitucional básico en la estructura del Estado, sino que además es el órgano superior de la propia administración. Es más, cada ministro, miembro del Gobierno, es la cabeza de un departamento ministerial, por lo que son a la vez miembros de un órgano político y titulares de un órgano administrativo.
5.1. Dimensión
- Administración local: municipal, insular y provincial.
- Administración autonómica: la creación del llamado Estado de las autonomías ha dado lugar al reconocimiento de diecisiete CCAA con sus respectivas organizaciones administrativas diferenciadas.
- Administración institucional y corporativa: está compuesta por entes y corporaciones vinculados al Estado, independientemente del lugar en que se encuentren (INEM, RNF, INE, SPI, etc.).
- Administración central especializada: se trata de órganos especializados en la función que ejercen en todo el territorio nacional (las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social, el Tribunal de Cuentas).
- Administración comunitaria: es la propia de la Unión Europea, integrada por políticos y funcionarios de los distintos países miembros (por tanto, también españoles).
6. Consejo de Estado
6.1. Composición y estructura
En cuanto a su composición, el Consejo de Estado está integrado por:
- Su Presidente. Nombrado libremente por real decreto acordado en Consejo de Ministros, entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado.
- Los consejeros de Estado. Se dividen en tres categorías: consejeros permanentes, consejeros natos y consejeros electivos.
- El secretario general. Es nombrado por real decreto entre letrados mayores, a propuesta de la Comisión Permanente aprobada por el Pleno (art. 10 LOCE).
En lo referente a su estructura, el Consejo de Estado se organiza en tres formas distintas:
- El Pleno. Integrado por su Presidente, por todos los consejeros y por el secretario general (art. 4 LOCE).
- La Comisión Permanente. Formada por el Presidente, por los consejeros permanentes y por el secretario general (art. 5 LOCE).
- Las Secciones del Consejo. Serán un mínimo de ocho y estarán compuestas por un consejero permanente que las preside, por un letrado mayor y por los demás letrados que sean necesarios (art. 13 LOCE).
6.2. Funciones
De entre todos los órganos consultivos, el Consejo de Estado es el de mayor tradición y relevancia. Así, el Consejo de Estado lleva a cabo la función de asesoramiento (cuando debe ser consultado) a través de la emisión de dictámenes. Y su asesoramiento lo lleva a cabo en los siguientes casos:
Funciones del Pleno:
- En materia normativa. Va a acoger referencia a los proyectos de decretos legislativos.
- En materia de relaciones internacionales. Se van a ocupar de las dudas y discrepancias que puedan surgir de la interpretación o cumplimiento de tratados, convenios y acuerdos internacionales.
- En materia financiera. Se ocupan de las transacciones judiciales y extrajudiciales sobre los derechos de la hacienda pública.
- En materias propias de la organización y funcionamiento del Consejo de Estado. Se ocupan de los anteproyectos de ley o proyectos de disposiciones administrativas, independientemente de cuál sea su rango.
- En materias de Estado que el Estado considere especialmente importantes. Será la consulta directa del Estado en pleno.
Funciones de la Comisión Permanente:
- En materia normativa. Se ocupan de los reglamentos y disposiciones de carácter general que se dictan en ejecución de leyes, así como sus modificaciones.
- En materia de relaciones internacionales. Se ocupan de los tratados o convenios internacionales. Además, se ocupan también de las disposiciones reglamentarias que se dictan en ejecución, cumplimiento y desarrollo de los tratados, convenios y acuerdos internacionales.
- En materia autonómica. Se ocupan de los anteproyectos de ley orgánica de transferencia o delegación de competencias del Estado a las CCAA. También se ocupan de la impugnación de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las CCAA ante el Tribunal Constitucional.
- En materia de conflicto de atribuciones entre los distintos departamentos ministeriales. En materias jurídico-administrativas de diversa índole. Se ocupan de los recursos administrativos, de la revisión de oficio de actos de la administración, de contratos y concesiones administrativas, y también de las reclamaciones por daños y perjuicios.
- En materias financieras y económicas. Se ocupan de las concesiones de créditos extraordinarios o suplementos de créditos y en la concesión de monopolios o servicios públicos monopolizados.
- En materias propias de organización y funcionamiento del Consejo de Estado.