Fundamentos del Sistema Penal Peruano y Control Social

Estructura y Fundamentos del Derecho Penal en el Perú

1. Control Social

El control social es el conjunto de mecanismos, normas e instituciones que tiene una sociedad para garantizar el orden y la convivencia. Este se divide en:

• Control informal: Ejercido por la familia, la escuela, los amigos o los vecinos mediante la crítica social o la vergüenza. Un ejemplo en Perú es cuando un padre corrige a su hijo.
• Control formal: Ejercido por el Estado a través de la policía, los fiscales, los jueces y las prisiones, con sanciones legales. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la Policía Nacional detiene a un delincuente.

2. Criminalización

La criminalización es el proceso mediante el cual el Estado selecciona ciertas conductas como delitos y las castiga. Este proceso tiene dos niveles:

• Criminalización primaria: Cuando una ley define un hecho como delito (por ejemplo, la ley contra el microcomercio ilegal de drogas en Perú).
• Criminalización secundaria: Cuando se aplica esa ley a una persona concreta, como la captura y condena de un microcomercializador.

Un problema recurrente en el país es la sobrecriminalización de conductas menores y la subcriminalización de los delitos de cuello blanco.

3. Función Punitiva Estatal

La función punitiva estatal es el poder exclusivo del Estado para castigar los delitos a través del Derecho Penal y el sistema de justicia. Sus objetivos principales son:

• Retribución: Castigar por el mal causado.
• Prevención general: Disuadir a la sociedad de cometer delitos.
• Prevención especial: Reinsertar al delincuente a la sociedad.

En Perú, esta función se fundamenta en el Artículo I del Título Preliminar del Código Penal, que establece una función preventiva y resocializadora de la pena.

4. Límites a la Función Punitiva

Los límites a la función punitiva existen para evitar abusos del poder estatal y garantizar los derechos humanos. Estos incluyen:

• Principio de legalidad: No hay delito ni pena sin ley previa.
• Principio de lesividad: Solo se castigan conductas que dañen bienes jurídicos.
• Principio de proporcionalidad: La pena debe ser acorde a la gravedad del hecho.
• Principio de resocialización: La pena no debe ser tortura ni trato cruel.

En el caso peruano, el Tribunal Constitucional ha anulado penas que vulneran la dignidad, como la cadena perpetua en ciertos casos cuando no se respeta la posibilidad de revisión.

5. Principio de Legalidad

El principio de legalidad, expresado en el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege (no hay delito ni pena sin ley anterior), es una garantía fundamental para el ciudadano que exige que la ley cumpla con cuatro requisitos:

• Lex praevia: Debe ser previa al hecho.
• Lex scripta: Debe estar escrita en una norma formal.
• Lex stricta: Debe ser estricta, prohibiendo la analogía.
• Lex certa: Debe ser clara y precisa.

En Perú, tiene base constitucional en el Artículo 2°, inciso 24, literal d, que establece que nadie será procesado ni condenado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté previamente calificado en la ley como infracción penal.

6. Derecho Penal de Hecho vs. Derecho Penal de Autor

Existen dos modelos contrapuestos de justicia penal:

• Derecho Penal de hecho: Castiga lo que la persona hizo (la conducta externa). Es el modelo garantista propio de un Estado democrático. Por ejemplo, sanciona el robo de una billetera por ese hecho concreto.
• Derecho Penal de autor: Castiga cómo es la persona (su peligrosidad, ideología o pasado) y corresponde a modelos autoritarios. Impone una pena mayor por ser un "delincuente reincidente" o de "peligrosa personalidad", independientemente del hecho actual.

En Perú, el Código Penal es de hecho (Artículo VII del Título Preliminar), aunque algunas leyes, como las de terrorismo agravado por pertenencia a organización, tienen ciertos tintes de derecho de autor.

7. Clases de Pena en el Perú

En el ordenamiento penal peruano, las penas se clasifican según su naturaleza:

• Privativas de libertad: Cárcel en sus formas temporal (de 2 días a 35 años) o cadena perpetua para delitos graves como homicidio calificado o violación seguida de muerte.
• Restrictivas de libertad: Limitación de días libres, inhabilitación profesional o suspensión de licencia de conducir.
• Limitativas de derechos: Prestación de servicios a la comunidad o pago de multa calculada en días-multa según los ingresos del condenado, como alternativas a la cárcel.
• Penas accesorias: Adicionales a la principal, como el comiso de bienes o la publicación de la sentencia.

Todo ello está regulado por el Código Penal de 1991 y aplicado con el Nuevo Código Procesal Penal vigente desde 2004.