Fundamentos y Evolución de los Derechos Humanos: Marco Jurídico y Garantías

1. Concepto y fundamentos de los Derechos Humanos

Los Derechos Humanos (DDHH) son pretensiones, aspiraciones y exigencias de las personas y sociedades que son recogidas por el Derecho y reconocidas mediante normas jurídicas, necesarias para desarrollar la personalidad y llevar adelante los propios planes de vida, buscando garantizar libertad, autonomía, igualdad y vida digna.

Existe un binomio concepto-fundamento: no toda aspiración se transforma en DDHH, sino que debe existir una necesidad o exigencia fundamental que además sea jurídicamente reconocida. Una vez reconocidos, deben ser respetados, protegidos y garantizados, siendo el Estado el principal obligado.

Su fundamento filosófico es la dignidad humana, relacionada con la autonomía moral, igualdad y libertad, la cual adquiere especial importancia después de la Segunda Guerra Mundial. Desde el iusnaturalismo, los derechos son inherentes a la persona e independientes de su reconocimiento estatal. El fundamento histórico entiende que los DDHH se construyen mediante acontecimientos, conflictos y luchas que limitan el poder y reconocen nuevos derechos, destacándose la Independencia de EE. UU. de 1776 y la Revolución Francesa de 1789, además de posteriores conquistas como el sufragio femenino y los derechos sociales.

2. Evolución de los Derechos Humanos

El tránsito hacia la modernidad se caracteriza por el ascenso de la burguesía, el capitalismo, el individualismo, la secularización, el racionalismo y el desarrollo científico, frente a la sociedad medieval marcada por la Iglesia y el feudalismo. El desarrollo de los DDHH respondió a problemas como la intolerancia religiosa, juicios arbitrarios y tortura, así como a la necesidad de seguridad y libertad económica.

La evolución comprende cuatro procesos fundamentales:

• Positivación: cuando los derechos pasan a ser reconocidos jurídicamente mediante Constituciones, leyes e instrumentos.
• Generalización: cuando dejan de reservarse a determinados grupos y pasan a reconocerse a todas las personas, aunque la igualdad formal no siempre implicara igualdad real.
• Internacionalización: cuando los DDHH pasan a ser protegidos por el Derecho Internacional mediante instrumentos como la DUDH (1948), el PIDCP y el PIDESC (1966), y la CADH (1969).
• Especificación: cuando se reconocen protecciones reforzadas para grupos concretos como niños, mujeres, personas con discapacidad, mayores y trabajadores.

También se distinguen tres generaciones de derechos:

1. Primera generación: derechos civiles y políticos.
2. Segunda generación: derechos económicos, sociales y culturales, que requieren una intervención activa del Estado.
3. Tercera generación: derechos de solidaridad o de los pueblos, como el medio ambiente, desarrollo, paz y autodeterminación.

3. Fuentes y normativa nacional e internacional

Las fuentes son los actos o procedimientos a los que el ordenamiento atribuye capacidad para producir normas jurídicas. En DDHH existen fuentes nacionales e internacionales:

• Nivel interno: la principal es la Constitución, junto con las leyes.
• Nivel internacional: las principales son declaraciones, tratados y protocolos, siendo los tratados los que generan obligaciones jurídicas para sus partes.

En Uruguay son fundamentales los arts. 7, 72 y 332 de la Constitución:

• El art. 7 reconoce derechos fundamentales y permite limitaciones por ley e interés general.
• El art. 72 establece que la enumeración constitucional no excluye otros derechos inherentes a la personalidad humana o derivados de la forma republicana, siendo base de los derechos implícitos.
• El art. 332 permite hacer efectivos derechos aunque no exista reglamentación específica.

De allí surge el Bloque de Constitucionalidad. Resulta relevante el caso Sabalsagaray Curutchet, donde la SCJ reconoció la importancia constitucional de las normas internacionales de DDHH. También aparece el control de convencionalidad, que exige compatibilidad entre el ordenamiento interno y los instrumentos internacionales de DDHH.

4. Límites de los Derechos Humanos

Los DDHH son absolutos en cuanto a su importancia y fundamento, pero su ejercicio no es ilimitado, ya que puede estar sujeto a restricciones destinadas a proteger los derechos de los demás y permitir la convivencia. El art. 7 de la Constitución y el art. 30 de la CADH establecen que las limitaciones deben estar previstas por ley y responder al interés general.

Según la OC-6/86, la ley debe ser una norma general vinculada al bien común y emanada de órganos legislativos democráticos, por lo que una autoridad no puede limitar arbitrariamente un derecho. Esto se observa, por ejemplo, en la propiedad, cuyo ejercicio debe respetar la ley y derechos ajenos, y en la libertad de expresión, que no admite censura previa pero puede generar responsabilidad posterior cuando existe un abuso previsto legalmente.

5. Límites en situaciones de excepcionalidad — art. 27 CADH

En situaciones de emergencia excepcional pueden suspenderse determinadas obligaciones, pero deben cumplirse requisitos estrictos: debe existir una emergencia pública grave que amenace la vida de la nación, ser proclamada oficialmente y las medidas deben ser necesarias, proporcionales, temporales, no discriminatorias y compatibles con el Derecho Internacional.

El art. 27.2 de la CADH establece derechos que no pueden suspenderse (núcleo inderogable), entre ellos:

• Vida e integridad personal.
• Personalidad jurídica.
• Prohibición de esclavitud y servidumbre.
• Principio de legalidad y retroactividad.

Tampoco pueden suspenderse las garantías judiciales indispensables para protegerlos, cuestión desarrollada por las OC-8/87 y OC-9/87, donde adquieren importancia el hábeas corpus, el amparo y el debido proceso. En Uruguay, el régimen de excepcionalidad se relaciona con las Medidas Prontas de Seguridad del art. 168.17 de la Constitución, sometidas al control de la Asamblea General.

6. Derecho a la vida

El derecho a la vida es fundamental porque constituye el presupuesto para disfrutar de los demás derechos y pertenece al núcleo inderogable. Tiene dos dimensiones: la vida como hecho biológico y como derecho que protege esa existencia, relación desarrollada por Recaséns Siches.

Está reconocido en los arts. 7 y 72 de la Constitución, DUDH art. 3, PIDCP art. 6.1, Declaración Americana art. 1 y CADH art. 4.1. El Estado no solo debe evitar privaciones arbitrarias de la vida, sino también cumplir obligaciones positivas de prevención, protección y garantía de una existencia digna.

En Uruguay, el art. 26 de la Constitución prohíbe absolutamente la pena de muerte y establece la finalidad de reeducación, rehabilitación y reinserción de las cárceles. Internacionalmente, el PIDCP art. 6 y la CADH art. 4 establecen fuertes restricciones a la pena de muerte en los Estados que aún la mantienen. En el aborto aparecen en tensión la vida prenatal, la autonomía y libertad de la mujer, la salud reproductiva, la integridad física y la igualdad.

7. Garantías del debido proceso

Las garantías procesales son mecanismos necesarios para hacer efectivos los DDHH: no basta con reconocer un derecho si no existen procedimientos y autoridades capaces de protegerlo. Las normas sustanciales reconocen derechos y obligaciones, mientras que las procesales determinan cómo hacerlos valer.

En materia penal, por el poder punitivo del Estado, son especialmente importantes:

• Presunción de inocencia.
• Principio de legalidad.
• Derecho de defensa.
• No autoincriminación.
• Juez imparcial.

La DUDH reconoce el recurso efectivo (art. 8), el tribunal independiente e imparcial (art. 10) y la presunción de inocencia (art. 11). El PIDCP reconoce el plazo razonable y el control judicial de la detención (art. 9), la igualdad ante los tribunales y el juez competente (art. 14) y la irretroactividad (art. 15). En la CADH, el art. 8 establece las debidas garantías; el art. 9, la legalidad; y el art. 25, la protección judicial mediante un recurso sencillo, rápido y efectivo.

8. Libertad — fundamentos filosóficos

La libertad es un fundamento esencial de los DDHH porque permite decidir sobre la propia vida y construir un proyecto de vida. Diversos autores han aportado a su comprensión:

• Rawls: la relaciona con la capacidad de razonar moralmente y participar en la conducción del Estado.
• Hart: distingue entre normas primarias (conductas) y secundarias (creación y aplicación de normas).
• Dworkin: la vincula con la responsabilidad personal y el valor intrínseco.
• Cortina y Apel: la asocian con la comunicación y la ética discursiva.
• Locke: parte de la libertad en el estado de naturaleza.
• Paine: vincula libertad e igualdad, rechazando el poder arbitrario.

La libertad no es absoluta porque debe permitir la convivencia. Se distingue entre libertad como derecho (autonomía y decisión) y libertad del acto (realización de la conducta). El art. 10 inc. 2 de la Constitución establece que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe.

9. Libertades específicas y garantías

De la libertad derivan derechos específicos como:

• Libertad de pensamiento, creencia y culto.
• Objeción de conciencia.
• Libertad de trabajo, reunión y asociación.
• Libertad de expresión, prensa e información.
• Libertad de circulación y residencia.
• Libertad sexual y reproductiva.

La reunión permite agruparse ocasionalmente, mientras que la asociación supone una organización estable. La expresión permite difundir ideas, y la prensa e información se relacionan con la transparencia democrática.

Entre las principales garantías se encuentran:

• Hábeas corpus: protege la libertad física frente a privaciones ilegales.
• Amparo: protege derechos fundamentales frente a actos que los vulneren.
• Hábeas data: protege los datos personales y derechos vinculados con la intimidad, privacidad, honor y verdad.

La idea clave es que la garantía no es el derecho, sino el mecanismo para hacerlo valer y protegerlo cuando es vulnerado.