Principios fundamentales del Estado de Derecho: legalidad, jerarquía normativa y arbitrariedad

Principios Fundamentales del Estado de Derecho

1. Principio de legalidad

Este principio traduce jurídicamente el principio político de la primacía de la ley y del imperio de la ley, en cuanto expresión de la voluntad popular, tal como se recuerda en el preámbulo de la Constitución. Es un dogma básico de todo sistema democrático, como ha señalado el Tribunal Constitucional.

Todos los poderes públicos se encuentran sujetos a la ley; sin embargo, en un régimen constitucional, incluso el poder legislativo está sujeto a la Constitución. La manifestación más específica de este principio es la sumisión a la ley de la actividad administrativa, recogida en el artículo 103.1.

2. Principio de jerarquía normativa

Este principio implica la existencia de una diversidad de normas entre las que se establece una jerarquización; por lo tanto, una norma de rango inferior no puede oponerse a otra de rango superior. Este principio nació del dogma liberal de la supremacía o imperio de la ley.

El principio de jerarquía normativa se manifiesta en la existencia de una clara correlación entre:

• La fuente de la que emana la norma.
• La forma que esta ha de adoptar.
• La fuerza jurídica de la misma.

3. Principio de interdicción de la arbitrariedad

El Estado de Derecho es aquel que asegura la libertad de los ciudadanos, preservándoles del poder y de la arbitrariedad de la autoridad. El Tribunal Constitucional ha determinado que el juicio de arbitrariedad suele remitirse a la actuación del ejecutivo y, concretamente, a la de la Administración Pública.

En este contexto, arbitrario equivale a no adecuado a la legalidad, tanto si se trata de una actividad reglada como discrecional. El Tribunal también ha admitido que una ley puede ser tachada de arbitraria cuando el fin perseguido por ella sea constitucionalmente ilícito o inadecuado.

4. Responsabilidad de los poderes públicos

Es una consecuencia necesaria de los principios de legalidad e interdicción de la arbitrariedad. Los poderes públicos están obligados a sujetar su actuación conforme a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

La Constitución recoge este principio en el artículo 106.1, el cual contempla el derecho de los particulares a ser indemnizados por cualquier lesión que sufran en sus derechos o bienes como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.