Funciones del sector público en las economías capitalistas: papel del Estado, fallos del mercado y evolución fiscal
Funciones del sector público en las economías capitalistas
El papel del Estado en las economías capitalistas ha sido, durante mucho tiempo, el eje central del debate teórico entre los estudiosos de la economía, y aún sigue siéndolo hoy en día: en un extremo tendríamos a los partidarios del liberalismo a ultranza, y en el extremo opuesto se encontraría la tradición marxista. El camino intermedio fue emprendido por la tradición socialdemócrata, según la cual el nuevo Estado tendría que proveer los servicios sociales básicos con carácter universal a toda la población y no sólo a los grupos sociales más pobres; y además no sólo regularía los mercados, sino que podría participar también como empresario en cualquier sector de la producción.
Con la crisis económica de los años setenta del siglo XX y el proceso de globalización se hizo cada vez más difícil el mantenimiento financiero de este modelo de Estado y se pusieron en evidencia algunas de sus insuficiencias. En este nuevo escenario, el desmantelamiento del Estado del bienestar ha sido la estrategia política en algunos países ricos, especialmente en sus primeras fases.
En el plano empírico, en realidad, nos encontramos con que el Estado cumple, en las sociedades actuales, con un catálogo muy amplio de funciones económicas que, en su formulación genérica, no suele suscitar controversia. Sin embargo, cuando se profundiza en las medidas que hay que tomar ya para cumplir sus funciones se aprecia la clara diferencia atendiendo al color político que tienen los gobiernos. Es cierto que la debilidad del Estado nacional frente a las fuerzas del mercado globalizado ha limitado el margen de maniobra de los gobiernos y reducido, pues, las diferencias programáticas de los distintos partidos políticos, pero tal diferencia existe y se ha trasladado, además, a las instituciones supranacionales que sí pueden contrarrestar el poder de los intereses privados que se manifiestan en los mercados mundiales.
De forma general, y con los matices señalados, podemos sistematizar las funciones económicas del sector público en las economías capitalistas como sigue:
a) Legislador y árbitro del sector privado
El tráfico mercantil origina unos costes de transacción que la existencia del Estado reduce, al actuar como garante de la seguridad jurídica de los contratos, vigilar el cumplimiento de las reglas de la competencia, proteger los derechos de la propiedad, representar los intereses colectivos de las empresas nacionales frente a terceros países y legislar el ordenamiento que regula los derechos y obligaciones de los agentes económicos.
b) Corrección de los resultados del mercado
El mercado genera fallos al asignar los recursos y puede producir una distribución de la renta que suponga graves desigualdades personales y territoriales. El origen de los citados fallos del mercado está en la existencia de:
- Externalidades: esto es, de efectos que tiene la actuación de un agente sobre otro u otros, y que no se contabilizan como costes (si son negativos, como la contaminación) o ingresos (si son positivos, como cuando una empresa introduce maquinaria de mayor eficiencia energética) por parte de aquel que los produce. En este caso, la administración debe imponer normas que limiten tales efectos, cuando son negativos, y compensaciones monetarias que deberán satisfacer quienes los generan, si son negativos, o que recibirán quienes los producen si son positivos.
- Bienes públicos: esto es, de bienes de consumo no rival, en los que no es posible la exclusión, como la defensa, la justicia o la protección del medio ambiente. Normalmente, se trata de bienes con poca movilidad, de difícil sustitución, no divisibles y que no se pueden apropiar los particulares de forma privada o excluyente, lo que dificulta su comercialización en los mercados. Algunos de estos bienes son muy costosos en términos financieros o producirlos conlleva un alto riesgo, por lo que son de difícil financiación privada. En todos estos casos, las administraciones públicas deben suministrar estos bienes, bien directamente o mediante concierto o concesión a empresas privadas que cumplan los requisitos de gestión marcados por los gobiernos.
- Competencia imperfecta: pues hay mercados que por su propia naturaleza tienden a estructuras oligopolísticas y monopolistas, donde no se enfrentan contendientes con igual capacidad negociadora en las transacciones. La intervención del Estado como productor, la existencia de órganos de control donde participan la administración y los consumidores, o la regulación minuciosa de la oferta son mecanismos que permiten actuar frente a este problema.
Asimismo, se suele considerar conveniente que el Estado intervenga para paliar los desequilibrios económicos y sociales que provoca la actuación de las fuerzas del mercado, pues éste, por sí mismo, no garantiza un crecimiento equilibrado.
Tampoco la política gubernamental está exenta de críticas, identificadas como fallos del gobierno, en contraposición a los fallos del mercado, y que son el resultado de la pervivencia del funcionamiento democrático y participativo de las instituciones públicas. La corrupción e influencia de los grupos de presión, la carencia de incentivos que primen la calidad en la prestación de los servicios públicos y la ausencia de competencia, que evite despilfarro de recursos y garantice una gestión eficiente, son las principales críticas a la acción gubernamental. Estas críticas han contribuido a legitimar, por algunos partidos políticos, desde los años ochenta, el desmantelamiento progresivo del Estado del bienestar, la privatización de las empresas públicas y la ampliación de la esfera de actuación de los mercados frente a la intervención estatal.
La evolución de los ingresos y gastos públicos
Los presupuestos están condicionados por los compromisos previos contraídos por los gobiernos y la propia rigidez de algunos programas de gasto. Además, la ingeniería contable y financiera de los ministerios puede desvirtuar, en ocasiones, la veracidad de los datos presupuestarios.
Los ingresos públicos
El sistema fiscal franquista se caracterizaba por la escasa presión fiscal, la limitada elasticidad de la recaudación con respecto a la renta, y la ausencia de equidad. Los cambios introducidos desde 1977 culminaron con la implantación del IVA en 1985, al entrar España en la UE. Las características básicas de la evolución de los ingresos públicos durante las últimas tres décadas han sido las siguientes:
- a) El aumento de la presión fiscal: el peso de los impuestos y las cotizaciones sociales ha pasado del 23% del PIB en 1975 al 37,5% sobre el PIB en 2006, aunque todavía varios puntos por debajo de la media europea. La mayoría del aumento de la presión fiscal se produjo en los primeros años del período.
- b) La insuficiencia recaudatoria: al déficit de origen coyuntural, vinculado al ciclo económico, hay que añadir un déficit de carácter estructural que hasta 1995 equivalía al 2% del PIB. Con la bonanza económica sostenida, los ingresos extra provenientes de las privatizaciones de empresas públicas, la reducción de la deuda pública y los ajustes presupuestarios exigidos ya para ingresar en la Unión Monetaria, han conseguido reducir su nivel de déficit hasta cerrar el año 2005 con superávit presupuestario.
- c) Aunque la participación de las cotizaciones sociales se ha reducido a lo largo del tiempo, siguen siendo el componente que tiene más peso en los ingresos públicos. La viabilidad del sistema está, en principio, garantizada hasta el año 2020 y, dado que la Seguridad Social viene obteniendo fuertes superávits desde principios del siglo XXI, gracias al notable aumento de los cotizantes, parte de ellos podría estar asegurada más allá de esa fecha.
- d) Limitada elasticidad-renta: los ingresos ligados directamente a la evolución de los salarios y beneficios (cotizaciones sociales, IRPF, IS e IP) alcanzan hoy tan sólo el 65% del total de los ingresos públicos. El peso de la imposición indirecta también ha crecido, debido, fundamentalmente, a la introducción del IVA, que aporta, por sí solo, más de la mitad del total de los ingresos de la imposición indirecta.
- e) Aumento de la progresividad hasta 1990, y cambio de sentido en la década de los noventa: el tipo marginal del IRPF superaba el 60% en 1980, pero éste ha ido bajando hasta situarse por debajo del 40% en los primeros años del siglo XXI.
- f) Continuidad de la defraudación fiscal: según algunos estudiosos, el fraude fiscal representa más del 5% del PIB, más del doble del nivel medio estimado para la UE-15.
Los gastos públicos
Como en el caso de los ingresos, también aquí hay que poner el acento en los cambios de orientación que se produjeron a partir de 1978. Gracias a estos cambios, a la altura de 1995 los gastos no financieros de las administraciones públicas en España alcanzaban casi el 45% del PIB, frente al 48% de la Unión Europea. Desde 1995, el gasto público sobre el PIB empezó a caer, hasta situarse por debajo del 40% el año 2000.
Las principales partidas se pueden agrupar en cuatro grandes áreas:
- a) Servicios públicos básicos: agrupa las políticas dedicadas a las funciones básicas del Estado.
- b) Gasto social: incluye las actuaciones de protección y promoción social y bienes públicos de carácter preferente. Supusieron, respectivamente, el 47,9% y el 2,7% del gasto total del Estado en 2007.
- c) Actuaciones de carácter económico: incluye aquellas políticas relativas a las actuaciones del Estado, en el ámbito de sus competencias, que ascendieron al 12,5% del total en 2007 y representó el 6,7% del total en 2007.
- d) Actuaciones de carácter general: comprende el resto de programas, entre los que se incluyen: transferencias a las administraciones territoriales derivadas de la aplicación de los sistemas de financiación vigentes, las aportaciones a la Unión Europea, los gastos de la deuda pública y los programas de administración financiera y tributaria. Para este conjunto de actuaciones se destinó en 2007 el 30,1% del total de recursos.
El saldo presupuestario y la deuda pública
En el caso de la Unión Europea y, en mayor medida en el caso de España, los presupuestos públicos se saldaron con déficit desde 1976 al año 2003. En los años de crisis económica el déficit se asoció a la menor recaudación y a los mayores gastos provocados por la crisis y la construcción del Estado del bienestar; pero en los años de bonanza económica se puso de manifiesto un déficit estructural derivado de una presión fiscal que no cubría íntegramente los gastos estructurales (esto es, los no sometidos a oscilaciones cíclicas). La posición española, en la que ha calado la cultura de la «estabilidad presupuestaria», incluso al margen del partido que ocupa el gobierno, se muestra extraordinariamente sólida. Falta saber cómo resistirá la prueba de una recesión tras un período de crecimiento tan prolongado.
La propensión al déficit ha provocado que, en algunos de esos años, la necesidad de financiación exterior de la economía española alcanzase valores cercanos al 3% del PIB. Desde nuestra incorporación al euro, el déficit por cuenta corriente y de capital se ha acrecentado hasta alcanzar valores muy superiores, llegando a situarse en el 8% del PIB en 2006. A partir de 1995, y tras las cuatro devaluaciones efectuadas en 1992 (2), 1993 y 1995, la bonanza económica coincidió con superávit en la balanza por cuenta corriente más la de capital hasta 1998; pero desde entonces hemos vuelto a situarnos en una posición deficitaria, que viene alcanzando valores crecientes.
La balanza por cuenta corriente y de capital en España
Cuando analizamos los saldos de las distintas subbalanzas por cuenta corriente y de capital desde 1985 a 2006, observamos los siguientes rasgos estructurales:
- a. Entre 1985 y 2006, la suma de los saldos de las balanzas por cuenta corriente y de capital ha sido deficitaria en 15 años y positiva en 7 años. Es decir: la economía española se ha vuelto más propensa a tener necesidad de financiación que capacidad de financiación, y dado que estos déficits no pueden sostenerse indefinidamente, han conducido, en diferentes momentos, a políticas destinadas a acabar con el desequilibrio exterior. La propensión al déficit ha provocado que, en algunos de esos años, la necesidad de financiación exterior de la economía española alcanzase valores cercanos al 3% del PIB. Desde nuestra incorporación al euro, el déficit por cuenta corriente y de capital se ha acrecentado hasta alcanzar valores muy superiores, llegando a situarse en el 8% del PIB en 2006.
- b. El saldo de la balanza de mercancías siempre ha sido negativo. Durante el período que aquí nos ocupa (1985-2006), cabe señalar que ha alcanzado sus valores máximos, superiores al 5% del PIB, a finales de los 80 y comienzos de los 90, así como en el período transcurrido desde finales de los 90 hasta la actualidad, que es cuando el déficit viene situándose en valores más elevados. El análisis de la evolución de los flujos comerciales, medidos en relación al PIB, permite comprobar que, desde 1986, la cuota correspondiente a las exportaciones ha mantenido una senda creciente en el tiempo, pasando del 11,5% a casi el 20% del PIB en 2000. La participación de las importaciones en el PIB ha seguido igualmente la tendencia creciente, especialmente en la segunda mitad de los noventa. La tasa de cobertura nos muestra de otra forma esta misma información: ha pasado de valores cercanos al 80% que alcanzó en 1985, a otros ligeramente inferiores al 70%, durante los últimos años. La balanza comercial española no ha abandonado su signo tradicionalmente deficitario; la verdad es que las exportaciones están logrando financiar, como promedio, alrededor de las 3 cuartas partes de las importaciones.
- c. El saldo de la balanza de servicios es siempre positivo, lo que compensa, en buena medida, el déficit de la balanza comercial. La partida de turismo es la principal responsable del saldo positivo de la balanza de servicios, aunque en fases recientes su capacidad para compensar el déficit comercial se ha reducido como consecuencia del debilitamiento de nuestra actividad turística. El resto de operaciones incluidas en la balanza de servicios, bajo la rúbrica «otros servicios», presenta en conjunto un saldo deficitario, lo que realza la importancia del saldo turístico como elemento compensador del déficit comercial. El saldo de la balanza de rentas siempre ha sido negativo, como corresponde a un país que es mayoritariamente receptor de capitales extranjeros y, por tanto, debe pagar dividendos e intereses al exterior.
- d. La balanza de transferencias corrientes ha sido positiva tradicionalmente. Hasta mediados de los ochenta, la entrada de divisas por este concepto era principalmente privada; en la actualidad, su tradicional saldo positivo se ha tornado negativo desde 2003, hasta alcanzar el 0,6% del PIB en 2006.
- e. La cuenta de capital recoge las transferencias de capital provenientes de los fondos comunitarios. Su saldo, siempre positivo desde que se elabora esta cuenta, se ha movido normalmente alrededor del 1% del PIB, aunque cabe esperar que se reduzca como consecuencia del recorte de ayudas europeas provocado por la ampliación de la UE y la convergencia de la economía española con los niveles medios de renta que se registran en ella.
Principales rasgos de la balanza financiera
La primera partida de la balanza financiera, que excluye al Banco de España, ha tenido, desde 1980: entre 1980 y 1986, tanto las entradas como las salidas de recursos financieros se situaban en niveles muy bajos en relación con el valor del PIB, como resultado, entre otros factores, de la insuficiente liberalización de las operaciones. Entre 1987 y 1992 las entradas de capital experimentaron un significativo aumento, mientras las salidas se situaban sólo en unos niveles algo más elevados que en la fase anterior. Desde 1993 hasta 2004, ya con las operaciones financieras plenamente liberalizadas, han crecido tanto las entradas como las salidas. Aunque en conjunto predominan las entradas, la diferencia no es muy elevada, como corresponde a una economía madura, que no sólo es destino sino origen de inversiones. En fechas más recientes (desde 2005), entradas y salidas han experimentado un notable aumento, mayor en el caso de las primeras, aunque falta todavía ver lo que ocurrirá en los próximos años para comprobar si esta tendencia se consolida.
La segunda partida de la balanza financiera (Banco de España) recoge las variaciones netas de los activos que mantiene el Banco de España y refleja, fundamentalmente, las variaciones de reservas que se producen como contrapartida de otras operaciones. En todo este período, la solvencia financiera de España ha merecido la calificación positiva por parte de las agencias internacionales, transmitiendo, por tanto, cierta tranquilidad con respecto a la capacidad de la economía española para cubrir sus necesidades de financiación, que han experimentado un cierto repunte durante los últimos años.
La evolución de las inversiones directas: Con respecto a la evolución de las inversiones directas extranjeras en España podemos diferenciar las siguientes etapas: el ingreso de España en la CE supuso un gran aumento de la llegada de inversiones extranjeras directas, que crecieron notablemente hasta suponer el 2% del PIB entre 1986 y 1992. Los efectos de la integración como motor de la inversión comenzaron a debilitarse con la crisis económica de comienzos de los noventa. Se redujo notablemente el volumen de flujos de inversión, que descendió hasta representar sólo el 1,1% del PIB entre 1993 y 1997. Entre 1998 y 2004, las inversiones extranjeras directas en España volvieron a crecer con fuerza, siguiendo la tendencia de la economía mundial, y se ralentizaban de nuevo a comienzos de la presente década, coincidiendo con su desaceleración. Entre 1998 y 2004, las entradas alcanzaron un promedio del 3,8% del PIB. Desde 2004, las inversiones extranjeras directas se han reducido, pero se ha registrado un extraordinario crecimiento de las inversiones de cartera.
En cuanto a las inversiones directas de España en el exterior, podemos apuntar que antes de la entrada de nuestro país en la UE eran prácticamente insignificantes. Sin embargo, los flujos comenzaron a crecer notablemente desde mediados de los noventa, hasta alcanzar la media del 4,5% del PIB en el período 1998-2004. Durante los últimos años, la salida de recursos no se ha detenido, más bien al contrario. Durante los últimos años las inversiones directas emitidas han superado a las recibidas. Lo sorprendente en un país como España, cuyo nivel de ahorro interno no se ha elevado, es que el empuje de los servicios financieros, las telecomunicaciones, la energía y el agua explican este cambio en los flujos, cuyo principal destino ha sido Latinoamérica, aunque desde hace unos pocos años se observa la mayor diversificación, mirando hacia la UE.
Si bien España se aprovecha de las ventajas que conlleva su inserción en los mercados financieros internacionales, al mismo tiempo, queda expuesta a los riesgos de inestabilidad propios de los mismos.
La integración monetaria
a) El Sistema Monetario Europeo (SME)
Cuando dos o más países deciden sustituir sus monedas por una moneda común se produce un conjunto de efectos positivos y negativos, de resultado global incierto y desigual para los mismos. En el caso de la Unión Monetaria Europea (UME), antes de la moneda única de 2002, hubo un recorrido conjunto desde 1994 en el que se tomaron medidas para paliar sus efectos. Además, la UME venía precedida desde 1979 por la experiencia de tipos de cambio fijos, el Sistema Monetario Europeo (SME), al que España se incorporó en 1989. La reciente historia del SME nos enseña que un sistema como éste requiere que la inflación de los países no difiera significativamente, porque de ser así, los países más inflacionarios ven mermada su competitividad y consecuentemente aumenta el déficit por cuenta corriente, y ésta presiona a la baja sobre la cotización de sus monedas, empujándolas fuera del espacio de las bandas del sistema monetario. Este empuje es de tal magnitud que los bancos centrales no disponen de reservas suficientes para compensar esta tendencia, o se multiplica su coste, o los propios gobiernos deciden dejar flotar la moneda para beneficiar a sus exportaciones. Al final, hay que aceptar un menor tipo de cambio oficial (devaluación) y hay que realinear todas las demás monedas del sistema. En 1993 se ampliaron las bandas bilaterales de fluctuación hasta ±15%, para frenar los ataques especulativos a las monedas europeas cuando comenzaba a andar la UME.
b) Los inconvenientes de la unión monetaria
El principal inconveniente de la UME es la pérdida de autonomía de los bancos centrales de cada país para realizar la política monetaria y de tipo de cambio autónoma. La política monetaria se instrumenta a través de los tipos de interés, cuyas variaciones afectan al nivel de la oferta y la demanda y, por tanto, a los precios; la política cambiaria se instrumenta a través del uso de las reservas en divisas para comprar y vender moneda, con lo que se afecta al volumen de oferta y demanda de divisas y, por tanto, a los tipos de cambio. Cuando la inflación se multiplica, el banco puede variar el tipo de interés en sus operaciones con los bancos, pues en muchas ocasiones los bancos ven cómo sus decisiones provocan reacciones en otros bancos que provocan efectos no deseados.
c) Los beneficios de la unión monetaria
Los efectos positivos de la UME pueden resumirse en los siguientes:
- i) Eliminación de los costes de transacción entre divisas.
- ii) La mayor presencia del euro en las reservas de los bancos centrales de los países no comunitarios y la suma de las reservas que mantenían en monedas nacionales los países miembros.
- iii) Mayor transparencia en la formación de precios. La información sobre los niveles de precios de un mismo producto en cada país se muestra mucho más rápida si sólo hay una moneda de cálculo, por lo que cabe esperar que se reduzcan las diferencias de precios.
- iv) Disminución de los riesgos cambiarios, al reducirse el número de monedas en el mercado.
- v) Un beneficio más circunstancial, en este caso aplicado a la Unión Monetaria Europea, reside en el efecto moderador de las expectativas inflacionistas.
Criterios de Maastricht para la convergencia nominal
- Inflación: no debería exceder en más de 1,5 puntos respecto de la media de los 3 países que la tuvieran más baja.
- Tipos de interés: los tipos de interés nominales a largo plazo no podrían exceder en más de 2 puntos la media de los 3 países con menor inflación.
- Déficit público: no debería superar el 3% del propio PIB.
- Deuda pública: no debería rebasar el 60% del propio PIB.
- Cotización de la moneda: estabilidad, cumplimiento de los compromisos del SME sin graves tensiones.
La crisis del franquismo y la transición hacia un nuevo modelo (1975-1985)
A partir de 1974 la economía española entra en una larga fase contractiva que dura hasta 1985. El detonante de la crisis en España y en la economía mundial fue el incremento de precios del crudo, que pasó de 2,5$/barril en 1973 a 25$/barril en 1980, con subidas bruscas, muy fuertes, en 1973 y 1979. España tardó en dar respuesta a la primera subida del precio del petróleo por varios motivos: porque no se interpretó bien la naturaleza y trascendencia de la crisis mundial, que se pensó era coyuntural; por falta de decisión en un momento político delicado, con un régimen agonizante y una fuerte presión social que reclamaba mejoras sustanciales del nivel de vida; y porque el margen de actuación de una economía de arrastre, dependiente, se manifiesta claramente inferior al de las economías más avanzadas. La subida de precios del crudo se absorbió parcialmente con subvenciones y con la política monetaria expansiva, lo que ahondó los desequilibrios del shock de oferta, al seguir los agentes económicos elevando su nivel de consumo y deuda como si nada hubiera ocurrido.
Cuando en 1977, con los Pactos de la Moncloa, se intentó poner freno a los desequilibrios internos, a las medidas de saneamiento había que añadir programas de reforma estructural, porque si la crisis mundial significó ya para los países desarrollados el fin del modelo de producción y consumo surgido tras la Segunda Guerra Mundial, para España el esfuerzo tenía que ser doble. En los 10 años que van de 1975 a 1985, la economía española se enfrentó a la crisis y a la necesaria reconversión de los sectores industriales que habían nacido de la vocación autárquica y que continuaban protegidos por los aranceles o la ayuda directa del Estado. El crecimiento económico se ralentiza a partir de 1975. La tasa anual para todo el período 1975 a 1985 se sitúa en el 1,7%, con dos años de decrecimiento: 1979, por aplicación de los Pactos de la Moncloa; y 1981, por efecto del segundo «shock» energético.
Crecimiento y desequilibrios macroeconómicos en España
A. Déficit por cuenta corriente
Recordemos que ese déficit refleja el recurso al ahorro de otros países para poder financiar una inversión que supera al ahorro nacional, y un gasto interno mayor que la producción. En España, ese déficit ha sido paralelo a la evolución del PIB, de tal modo que a tasas elevadas de crecimiento económico les ha correspondido un déficit elevado por cuenta corriente. Desde 1960 hasta 2006 sólo hubo superávit por cuenta corriente en los años 1971 a 1973, en 1978 y 1979, de 1984 a 1986 y a mediados de los noventa. Por lo tanto, el déficit ha predominado sobre el superávit, y en algunos años ese déficit se ha situado por encima del 3% del PIB.
B. La inflación
En el caso de España, las tasas de variación anual del Índice de Precios al Consumo (IPC) se mantuvieron en el entorno del 5% durante la década de los sesenta y empezaron a remontar desde 1970 hasta alcanzar el 27% en el año 1977. Desde entonces, esa tasa fue reduciéndose, con altibajos, hasta 1987, año en que la variación del IPC se situó en el 5%, y continuó estancada en torno a ese nivel hasta el año 1995. Desde 1995, esa tasa ha seguido reduciéndose, con altibajos, hasta alcanzar el 2,7% en el año 2005. Todo apunta a que la inflación ha dejado de ser un problema grave en España, aunque a medio plazo afectará a la competitividad el persistente diferencial de 1 o 2 puntos con la UE.
C. El déficit público
Se produce déficit público cuando el Estado no cubre todos sus gastos con sus ingresos corrientes más las transferencias de capital y ha de endeudarse para financiar la diferencia. La gravedad del déficit público sólo es posible detectarla cuando se pone en relación con el nivel de deuda pública, de déficit en la balanza por cuenta corriente y del destino del ahorro captado por el Estado. En el caso español se cumple lo siguiente:
- A partir de 1977 la deuda viva en circulación fue aumentando hasta situarse en el 45% del PIB en el año 1985. La deuda continuó creciendo hasta situarse en el entorno del 60% del PIB en el año 1998, sin rebasar el objetivo marcado en el Tratado de Maastricht. Desde entonces, el nivel de deuda ha ido bajando hasta situarse en el 39,8% del PIB en el año 2006.
- El endeudamiento público ha sido un instrumento adecuado para financiar las infraestructuras sociales y económicas.
- El déficit público tiene un comportamiento anticíclico. Ha crecido más en años de recesión que en años de expansión, contribuyendo positivamente a la generación de empleo.
D. La tasa de paro
La tasa de paro en España ha tenido un comportamiento cíclico. Ha aumentado en los años de recesión y ha disminuido en los años de bonanza económica. Esa tasa pasó del 5% en 1975 al 22% en 1984, coincidiendo con la crisis económica española que destruyó más de 2 millones de empleos. A partir de entonces, la tasa fue reduciéndose, hasta llegar al 17% cinco años después. Con la crisis de principios de los noventa, la tasa volvió de nuevo a elevarse hasta el 24% en el año 1993. Desde 1995, la expansión económica ha reducido la tasa hasta situarla en el 8,3% en el año 2006, cerrándose la brecha con la UE-15, con la creación de más de 6 millones de puestos de trabajo.
El sistema monetario y financiero internacional
Las instituciones del SMI y su crisis
El FMI se constituía como una agencia de la ONU que se ocupaba de facilitar créditos multilaterales en divisas a aquellos países con problemas de liquidez a corto plazo para pagar sus importaciones o mantener la paridad del tipo de cambio con el dólar, comprometiendo a los gobiernos deudores a aprobar planes de estabilidad y liberalización como garantía de pago. En 1971 entra en crisis el sistema monetario internacional creado tras la Segunda Guerra Mundial.
A diferencia del Fondo, el BM es la agencia multilateral que se ocupa de la concesión de créditos a largo plazo para cumplir con objetivos de desarrollo económico en países pobres o en situación de reconstrucción posbélica o tras desastres naturales.
Los gobiernos de los países que han pretendido mantener unos tipos de cambio cuasi fijos con el dólar se han visto desbordados por la fuerza de los mercados. La devaluación del peso argentino en 2002, después de 10 años de paridad fija, es el último de estos intentos frustrados. Hasta situarse hoy en torno a 1,3 dólares. Desde 2002 se asiste a un nuevo escenario en que la suave recesión de EEUU y su elevado endeudamiento ha permitido al euro convertirse en moneda-refugio, aumentando su tipo de cambio.
Las divisas y los flujos financieros
Poco a poco, el peso de las transacciones monetarias en compensación de operaciones comerciales ha ido perdiendo importancia en el mercado internacional de divisas. Hoy se intercambian divisas todos los días por un importe 20 veces superior al del comercio internacional. Son las operaciones financieras las que están detrás de este ingente flujo de divisas, y sus desequilibrios son una amenaza constante sobre la evolución de la economía real.
Liquidez mundial y crisis de la deuda externa
Los petrodólares y eurodólares de los años setenta del siglo XX fueron la punta de lanza de la hegemonía del dólar en el sistema financiero y monetario mundial, y establecieron el inicio de un proceso de desregulación financiera que hoy impide a los bancos centrales gestionar la política cambiaria de sus monedas.