Funciones del Rey en la Constitución Española: Posición, Arbitraje y Refrendo

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Las funciones del Rey: el artículo 56.1 c) define la posición constitucional del Rey y sus funciones de una manera muy expresiva, con las que comparte la orientación de atribuir al Jefe de Estado unas funciones distintas de la tradicional ejecutiva.

1. Que la Constitución se refiera al Rey como Jefe de Estado significa que se trata de un órgano estatal, configurado por la propia Constitución, dotado de las facultades que ella misma y las leyes expresamente le atribuyen. Por consiguiente, es uno de los órganos constitucionales del Estado. Su función es materialmente autónoma y en su ejercicio el Rey no puede estar subordinado a ningún otro órgano constitucional, porque todos los órganos constitucionales derivan su existencia y poderes directamente de la Constitución y, por tanto, están situados en una posición de paridad jurídica. Además, al Rey le corresponde la posición de mayor dignidad formal, honorífica y protocolaria.

2. El artículo 56.1 c) afirma que el Rey es símbolo de su unidad y permanencia, lo que en parte deriva de su condición de Jefe de Estado. Inherente a su función está la de simbolizar la unidad del Estado y su continuidad, en definitiva, personificar el Estado. Por eso, al Rey le corresponde también la función de formalizar los actos más importantes del Estado. Sin embargo, la naturaleza simbólica de la magistratura del Rey trasciende de la que se inherente a la jefatura del Estado, porque el Rey lo es para personificar la institución, la Corona, vinculada a la historia. La monarquía ha sido soporte de la unidad estatal integradora de reinos y territorios diversos, y ha sido actualizada ahora en el Estado de las autonomías: la unidad en la diversidad.

3. El Rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, lo que comporta la exigencia de neutralidad política. La función moderadora consiste en la magistratura de influencia que al monarca le corresponde ejercer en relación con el Gobierno, y que se concreta en los derechos del Rey a ser consultado, a animar y a advertir. El derecho del Rey a ser informado en los asuntos de Estado está reconocido expresamente en el artículo 62 c), y el modo de ejercerlo es presidiendo las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. Este derecho del Rey también se concreta en otros procedimientos como el despacho que regularmente mantiene con el Presidente del Gobierno y también con los ministros. Los otros derechos característicos de esta magistratura de influencia (el de estimular y advertir) convierten al Rey en consejero del Gobierno.

La función arbitral del Rey está reconocida en el artículo 56.1 c). El arbitraje en la Constitución se caracteriza por la neutralidad política del arbitrio y por la menor extensión de sus poderes arbitrales. Se trata, pues, de un arbitraje al servicio del Gobierno, únicamente precisa de la intervención arbitral de un poder neutral cuando no es capaz de autorregularse, es decir, cuando falta la mayoría política o en los supuestos en los que el funcionamiento de las instituciones está alterado o amenazado. La principal facultad de significado arbitral es la de proponer candidato a Presidente del Gobierno. Mejor dicho, esta facultad tendrá su significado arbitral cuando falte un partido o una coalición mayoritarios en el Congreso de los Diputados.


El refrendo La necesidad de que los actos del Rey sean siempre refrendados, es decir, autorizados o confirmados por otro órgano constitucional (normalmente el Presidente del Gobierno o los ministros), es la regla tradicional del constitucionalismo, que trae causa de la exención de responsabilidad del Jefe de Estado en las monarquías. De los actos del Rey serán responsables las personas que lo refrendan, según el artículo 64.2 c). La responsabilidad del refrendante se extiende tanto a la regularidad formal del acto como a su contenido.

El objeto del refrendo son los actos que el Rey realiza como titular de la jefatura del Estado, exceptuando en consecuencia los correspondientes a su vida privada, como son, por ejemplo, los actos relativos a la administración de su propio patrimonio.

La forma típica del refrendo es la contrafirma de los actos del Jefe de Estado por parte del refrendante. Sin embargo, esta no es la única forma posible, sino que hay también otras, como el refrendo tácito y el refrendo presunto. En lo que se refiere a la titularidad del poder de refrendo, hay que tener en cuenta que el artículo 64.1 c) se lo atribuye al Presidente del Gobierno, a los ministros y al Presidente del Congreso de los Diputados. El poder de los ministros está limitado por su respectiva competencia, de tal manera que les corresponderá refrendar los reales decretos que cada uno haya propuesto al Consejo de Ministros. El refrendo del Presidente del Congreso solo es posible en los casos previstos en el artículo 99 c), es decir, la propuesta de candidato y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución de las Cortes Generales si ningún candidato hubiera sido investido.

La naturaleza jurídica del refrendo resulta claramente definida en el artículo 56.3 c). Se trata de una condición para la validez de los actos del Rey y su ausencia determina, por consiguiente, la nulidad de dichos actos. La mayoría de los autores señalan que el refrendo es la técnica que desplaza la decisión hacia el refrendante, vaciando de contenido decisorio las competencias del Rey. Sin embargo, otro sector doctrinal minoritario interpreta el acto refrendado como acto complejo, integrado por dos voluntades concurrentes, igualmente necesarias, aunque no igualmente discrecionales. En consecuencia, se proponen clasificaciones de los actos del Rey en función de qué predomina en ellos la voluntad de este o la del sujeto refrendante. El refrendo se ha convertido en un control entre el Gobierno y el titular de la jefatura del Estado neutral y sexada, tanto del poder ejecutivo como del legislativo. Un control cuya función principal es compensar la inviolabilidad del Rey, y no tanto limitar sus poderes.

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