La Fisiocracia y el Liberalismo Revolucionario: El Fin del Antiguo Régimen
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La Fisiocracia y la Transformación Económica
La fisiocracia, enunciada por Quesnay, sostenía que la riqueza de una economía dependía fundamentalmente de la agricultura. Para que una nación fuera poderosa, era preciso terminar con las tierras que no se explotaban. Esto implicaba la desamortización, es decir, privar de la propiedad de tierras a aquellos propietarios que no las explotasen correctamente. Algunos ministros intentaron llevar a cabo políticas fisiócratas, como Turgot en Francia y Campomanes o Jovellanos en España. Sin embargo, estas medidas fracasaron debido a la férrea oposición de los estamentos privilegiados.
El final del siglo XVIII: El liberalismo y la quiebra del Antiguo Régimen
En el último tercio del siglo XVIII, el rechazo hacia la monarquía absoluta y la sociedad estamental se hizo patente. Los sectores descontentos se apoyaron en las nuevas ideas del liberalismo para formular nuevas formas de organización política, económica y social.
El liberalismo revolucionario
Cuando la burguesía se dio cuenta de que los reyes absolutos no iban a cambiar profundamente el sistema político, económico y social, se planteó alcanzar el poder para conseguir realizar cambios profundos y acabar con el Antiguo Régimen. Llamamos revoluciones burguesas al proceso de conquista del poder por parte de la burguesía. El liberalismo revolucionario fue el pensamiento en el que se apoyaron las revoluciones burguesas. Fue formulado principalmente por Montesquieu y Rousseau, quienes partieron del pensamiento liberal británico para extraer dos conceptos esenciales:
- La separación de poderes: Concepto desarrollado por Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes. Defendía la existencia de tres poderes principales (legislativo, ejecutivo y judicial) y la necesidad de evitar que una misma persona o institución los acumulara.
- La soberanía nacional: Concepto expuesto por Rousseau en su obra El contrato social. Defendía que el poder corresponde a la nación, pero los ciudadanos establecen un pacto con el Estado que queda reflejado en un documento fundamental: la Constitución. En este pacto se permite al Estado ejercer el poder en su nombre; por tanto, el poder ya no es propiedad del rey, sino de los ciudadanos, siendo el monarca un mero representante del poder de la nación.