Filosofía Política: Spinoza y Locke sobre Estado, Libertad y Tolerancia

Spinoza: El Estado, la Razón y la Libertad

Para entender el texto, es necesario conocer la distinción que Spinoza establece entre el estado de naturaleza y el estado civil.

El primero se caracteriza por el predominio de la satisfacción de los deseos egoístas de cada individuo y la ley del más fuerte. Sin embargo, en ese estado, los seres humanos apenas pueden desarrollarse y conservar sus vidas. Además, si tienen enemigos, su vida será más insegura cuanto más inteligentes sean los demás.

Solo la razón puede hacer ver a los individuos la utilidad de sellar un pacto de respeto mutuo, mediante el cual se supera el estado de naturaleza y se establece el estado civil.

El Estado Civil y sus Límites

El Estado civil es soberano y no tiene, por encima de él, ninguna instancia superior. Ahora bien, Spinoza señala que el Estado tiene un objetivo: ejercer el poder cedido por los individuos para el beneficio del pueblo, garantizando la libertad.

Spinoza reconoce un límite al Estado: las personas tienen unos derechos inalienables, especialmente el de la libertad de pensamiento. Un Estado justo es precisamente el que se fundamenta en esos derechos; por lo tanto, es el Estado el que defiende mejor que nadie la concordia entre los hombres.

El Estado Democrático

El estado democrático, que es el que mejor garantiza los derechos de los seres humanos, se rige por dos preceptos:

• a) El respeto a la diversidad de opiniones.
• b) La ley de la mayoría: todos se comprometen a aceptar la ley, resultado de una votación. La ley se puede cambiar cuando, mayoritariamente, así se considere oportuno.

El estado democrático permite, de este modo, conjugar la diversidad de puntos de vista y la paz. La paz está garantizada, pues el respeto político a la libertad de pensamiento se corresponde con la naturaleza humana, que es racional. Nuestra virtud es, sin más, entender y actuar conforme a la razón.

Locke: Tolerancia Religiosa y Separación de Poderes

Una cuestión que preocupó a Locke fue el origen de las guerras religiosas. Locke sitúa los conflictos religiosos en la intolerancia religiosa que demostraban las autoridades eclesiásticas de aquella época. Es decir, la intolerancia está causada por las actitudes personales de algunos responsables religiosos y no por el mensaje religioso en sí.

Las autoridades eclesiásticas se han aprovechado del deseo de poder de los políticos y, además, de la incultura de las masas. Han manipulado a los políticos y al pueblo con un único objetivo: la aniquilación de quienes piensan de manera diferente, esto es, los cismáticos y herejes.

La Religión y la Autoridad Eclesiástica

La religión se basa en la convicción interior del espíritu. La Iglesia no debe coartar, sino solo exhortar y aconsejar; los preceptos que deben cumplirse son exclusivamente aquellos que la Sagrada Escritura, de manera clara y abierta, enseña que son necesarios para la salvación, sin que parezca conveniente la imposición de interpretaciones debidas a la opinión de los hombres que gobiernan la Iglesia, ni la de penas para corregir a quienes infringen los preceptos.

La suprema y última fuerza que posee la autoridad eclesiástica es la de expulsar del cuerpo de la Iglesia a los que se obstinan en extraviarse. Los herejes se ven desprovistos de la comunión eclesial, pero también de sus posesiones, con lo cual se ve involucrada la política o el Estado, que debería ser independiente del poder religioso.

Fines del Estado y Separación de Poderes

Locke cree que el Estado tiene una serie de fines a los cuales no puede renunciar. Uno de ellos es la aplicación de sentencias justas, junto con la consecución de la paz, la seguridad y el bien común.

Un uso parcial de la política en beneficio de una concepción intolerante de la religión desvirtúa las bases del Estado y de la convivencia humana.

En la última parte del texto, Locke señala la separación de poderes: el civil y el religioso. La tarea del Estado debe limitarse a las cuestiones relacionadas con los intereses civiles de la sociedad, sin inmiscuirse en las creencias religiosas de los ciudadanos.

Las cuestiones religiosas caen fuera de la soberanía del Estado, y este ha de garantizar, eso sí, la libertad de culto. La Iglesia es concebida como una sociedad de hombres libres que se reúnen por mutuo acuerdo para servir a Dios. Las asociaciones religiosas deben ser libres y la pertenencia a ellas voluntarias, sin que ninguna de estas asociaciones pueda gozar de preeminencia ante los poderes políticos.