Exclusión Institucionalizada y Pobreza Laboral: Desafíos de los Servicios Sociales en la Sociedad Líquida

Introducción: La Precariedad en la Sociedad Líquida

En la sociedad actual, marcada por la incertidumbre y la inestabilidad, tener un derecho reconocido en la ley no garantiza su ejercicio real. Zygmunt Bauman lo expresa con claridad cuando afirma que “la vida líquida es una vida precaria, vivida en condiciones de incertidumbre constante” (Bauman, 2000). Esta precariedad no solo afecta a las personas, sino también a las instituciones que deberían protegerlas.

En este contexto, la digitalización forzosa, la complejidad administrativa y el estigma funcionan como filtros silenciosos que convierten derechos formales en privilegios inaccesibles. Al mismo tiempo, el mercado laboral ha mutado profundamente: ya no sirve la categoría clásica de “exclusión”, porque la pobreza hoy trabaja. La figura del trabajador pobre —personas con empleo que no pueden sostener una vida digna— rompe las bases del sistema de protección social español, diseñado para un mercado laboral industrial que ya no existe.

Este ensayo analiza cómo los mecanismos administrativos, digitales y simbólicos producen exclusión institucionalizada, y cómo la aparición de los working poor obliga a repensar las lógicas tradicionales de los Servicios Sociales. Para ello, dialogaré con Serge Paugam, Amartya Sen, Korpi & Palme y Bauman, integrando los conceptos clave del temario de Servicios Sociales.

Desarrollo: Mecanismos de Exclusión y Nuevas Realidades

El fenómeno del non take-up y la barrera digital

El fenómeno del non take-up —personas que cumplen los requisitos pero no acceden a las prestaciones— no es un error técnico ni una negligencia individual. Es el resultado directo de una arquitectura administrativa diseñada bajo la lógica de la sospecha. La administración digital obligatoria, la cita previa, la firma electrónica y los portales web complejos actúan como barreras de clase, edad y origen.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es un ejemplo paradigmático. Aunque nació en 2020 con la promesa de llegar a 850.000 hogares, más del 50% de las personas potencialmente beneficiarias no lo perciben. No porque no lo necesiten, sino porque no pueden atravesar el laberinto burocrático. La exclusión digital, la opacidad algorítmica y la falta de atención presencial convierten un derecho subjetivo en un privilegio para quienes poseen competencias digitales, estabilidad emocional y tiempo para soportar la carga administrativa.

La pobreza descalificadora y el estigma social

Aquí es fundamental la aportación de Serge Paugam. En su análisis de la pobreza descalificadora, explica que la dependencia de la ayuda social genera un proceso de etiquetamiento que erosiona la identidad. La reseña del libro lo recoge así: la pobreza descalificadora produce “una relación de dependencia humillante” (Paugam, 2007). Cuando una persona debe demostrar continuamente su miseria para acceder a una prestación, el estigma se convierte en un mecanismo de control social.

Amartya Sen también es clave para entender esta dinámica. Para él, la pobreza no es solo falta de ingresos, sino una “penuria de capacidades” (Sen, 2000). La vergüenza social, la humillación interiorizada y el miedo al juicio del profesional actúan como disuasores psicológicos tan potentes que muchas personas renuncian al derecho antes de iniciar el trámite. El estigma no es un efecto colateral: es un diseño político que reduce la demanda de derechos.

La mutación del mercado laboral: Los working poor

Pero la exclusión institucionalizada no puede entenderse sin analizar la mutación del mercado laboral. La categoría clásica de “exclusión” —estar fuera del sistema— ya no sirve. Hoy la pobreza se encuentra dentro del mercado laboral. Los contratos fijos-discontinuos, la parcialidad involuntaria y el encarecimiento extremo de la vivienda han creado una nueva figura: los trabajadores pobres. Personas que trabajan, pero no pueden pagar un alquiler, llenar la nevera o sostener a sus hijos.

Bauman anticipó esta realidad cuando escribió que “las formas sociales ya no pueden mantener su forma por mucho tiempo” (Bauman, 2000). El empleo ya no garantiza integración. El sistema de protección español, basado en la lógica bismarckiana, presupone trayectorias laborales estables y lineales. Pero la realidad es otra: millones de personas encadenan trabajos precarios que no generan densidad de cotización suficiente para acceder a prestaciones contributivas. Y cuando acuden a los Servicios Sociales, se encuentran con baremos pensados para la indigencia absoluta, no para la precariedad integrada.

La paradoja de la redistribución

Aquí es donde la paradoja de la redistribución de Korpi y Palme resulta imprescindible. Los autores demuestran que cuanto más focalizado y asistencial es un sistema, menos redistribuye (Korpi & Palme, 1998). Esto explica por qué el IMV, pese a ser una prestación dirigida a los más pobres, tiene tan poco impacto real: está atrapado en la lógica del asistencialismo, el estigma y la burocracia defensiva.

La exclusión institucionalizada no es un accidente. Es el resultado de un diseño político que convierte el acceso a derechos en un privilegio para quienes tienen tiempo, habilidades digitales y estabilidad emocional. Las personas vulnerables no fallan: es el sistema el que las expulsa.

Conclusión: Hacia un Trabajo Social Emancipador

Los mecanismos administrativos, digitales y simbólicos analizados no son neutrales. Funcionan como filtros de exclusión institucionalizada que afectan especialmente a:

• Mujeres monomarentales.
• Personas migrantes.
• Personas mayores.
• Trabajadores pobres.

La violencia burocrática, el estigma y el non take-up no son fallos del sistema, sino herramientas que limitan el acceso a derechos y reducen el gasto público.

Para que el Trabajo Social responda a este desafío, debe abandonar el rol de “gestor de la escasez” y recuperar su función emancipadora. Es imprescindible exigir:

1. Una simplificación administrativa radical.
2. Recuperar la atención presencial como derecho democrático.
3. Acompañar activamente a las personas en el acceso a prestaciones.

En una sociedad líquida donde la precariedad es la norma, el Trabajo Social debe ser un ancla ética que garantice que los derechos no se queden en el papel. Solo así podremos construir un sistema de protección social que no humille, que no excluya y que reconozca la dignidad de todas las personas.