Evolución de la protección del patrimonio histórico en España: hitos legislativos

Orígenes y Evolución de la Protección del Patrimonio en España

La Comisión Central de Monumentos y sus Filiales

Si nos retrotraemos al siglo XIX, momento en el que surgen de forma dispersa las Reales Órdenes y el nacimiento de la Comisión Central de Monumentos y sus filiales provinciales, la primera intención del Gobierno y del legislador fue la de salvaguardar aquellos testimonios que, por razón de historia, antigüedad o belleza, merecieran ser conservados.

La Real Cédula de 1850 y la Propiedad Privada

La Real Cédula de 10 de octubre de 1850 regulaba el control de las obras en los monumentos privados, pero solo en aquellos que estuvieran abiertos a visita pública. El deseo de los estados liberales, reconocido como una obligación en los nuevos estados de derecho, de proteger los monumentos y las antigüedades nacionales, chocaba de frente con la inviabilidad de limitar la propiedad privada, consagrada desde las revoluciones liberales de mediados del siglo XIX en la Europa occidental.

La Restauración y la Definición de Patrimonio

El periodo de la Restauración de Alfonso XII, en el último tercio del siglo XIX, prestó una especial atención al ordenamiento jurídico. En 1883 se creó por Real Decreto una Comisión para redactar una Ley, al igual que en otros países cultos, sobre las denominadas Antigüedades Españolas. Aunque esta ley no llegó a aprobarse hasta comienzos del siglo XX, el informe de dicha comisión es de gran interés, sobre todo por su definición de Patrimonio:

“los recuerdos de las artes, ciencias e industrias referentes a los diversos pueblos que han habitado en nuestra península y los documentos importantes para la historia de España.”

La Ley de 4 de Marzo de 1915: Hacia la Protección Administrativa

La Ley de 4 de marzo de 1915 reguló expresamente los monumentos arquitectónicos. Aportó una innovación importante, mantenida en el ordenamiento jurídico actual: la necesidad de incoar un procedimiento administrativo ex profeso para la declaración de estos monumentos. Con la determinación de una tramitación administrativa, el procedimiento de protección se dotó de mayor definición jurídica, en el sentido de que se identifican individualmente y con notoriedad pública los bienes integrantes del patrimonio, sujetos a un régimen jurídico específico. Ninguna de estas dos normas era de aplicación a los bienes de titularidad privada, aunque la Ley de 1915 ofrecía al menos a los particulares la posibilidad de la declaración patrimonial de sus posesiones de interés histórico, a cambio de una serie de medidas de fomento. Este ofrecimiento contó, entre los particulares, con escasa acogida.

El Real Decreto Ley de 1926: Una Visión Integral del Patrimonio

En 1926 se aprobó el Real Decreto Ley de 9 de agosto sobre la protección y conservación de la riqueza artística, la primera norma que no regulaba un aspecto concreto, sino toda la casuística del patrimonio histórico español, ahora denominado por la nueva Ley como Tesoro Artístico Arqueológico Nacional.

Entre sus novedades, la ley determinó una mayor gama de valores atribuibles al patrimonio:

• Valor histórico
• Valor artístico y cultural
• Valor de lo típico y pintoresco
• Interés paleontológico
• Interés arqueológico
• Interés documental

Igualmente, hizo objeto del patrimonio tipologías muy variadas, entre las que se encontraban por primera vez los lugares y sitios, los conjuntos de edificaciones, territorios y bienes colectivos. El patrimonio ya no estaba jurídicamente constituido únicamente por bienes individuales. La Ley de 1926 introdujo otras dos innovaciones destacables:

• Supuso, sin vuelta atrás, el reconocimiento de la capacidad del Estado para tutelar el patrimonio con independencia de la titularidad jurídica del mismo, siendo aplicable tanto a bienes estatales, provinciales, municipales, de entidades públicas, de instituciones de beneficencia, fundaciones, patronatos o propiedad privada.
• Reguló tanto la exportación como el comercio de "antigüedades".

La Protección del Patrimonio durante el Franquismo

El periodo durante el régimen franquista se caracterizó por la suma de numerosas disposiciones, generando al mismo tiempo una regulación fragmentaria y dispersa del patrimonio histórico, cuya coordinación resultaba contradictoria.

Por su repercusión posterior, cabe destacar:

• El Decreto de 22 de julio de 1958, por el que se creó la categoría de monumentos provinciales y locales, y donde se incorporó por primera vez el concepto de entorno a la legislación española.
• Las Instrucciones para la defensa de los Conjuntos Histórico-Artísticos, aprobadas en los años 60, que fueron un intento de paliar la desconexión con los instrumentos urbanísticos, superando la dimensión proteccionista y estática de las medidas e instrumentos articulados en la ley republicana.

El Marco Legal Moderno: Ley de Patrimonio Histórico Español (1985)

Categorías de Protección y Novedades

A partir de 1975, el nuevo sistema democrático propició una profunda renovación de todas sus estructuras, incluyendo el Patrimonio Histórico. La Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español (LPH), innovó en numerosos aspectos, desde los conceptuales hasta los procedimentales. La ley estableció tres niveles de protección:

• Bienes de Interés Cultural (BIC): Aplicable tanto a bienes muebles como inmuebles, supone el máximo reconocimiento del valor patrimonial y lleva aparejada la tutela más directa de la administración, así como las medidas de fomento más importantes. Estos bienes se incluyen en el Registro General de BIC.
• Inventario: Solo de aplicación a los bienes muebles, persigue, aparte de su reconocimiento como Patrimonio Histórico incluidos en el Inventario General, el seguimiento por la administración de los movimientos del bien, así como la posibilidad del ejercicio de tanteo y retracto ante los cambios de propiedad.
• El régimen de los llamados Patrimonios Especiales: Arqueológico, Etnográfico, Documental y Bibliográfico.

Impacto del Patrimonio Cultural: Turismo y Desarrollo Sostenible

Beneficios de la Protección Patrimonial en el Turismo Cultural

En el caso de España, y muy especialmente de Andalucía, el turismo es una de las industrias que mejor y más impulsan el desarrollo económico. El Patrimonio Cultural y la economía son dos factores que deben entenderse y encontrar en la sostenibilidad de los recursos las bases para diseñar estrategias económicas que beneficien el legado cultural, especialmente protegido.

Los beneficios de esta protección en relación con el turismo cultural son:

• Fomenta el crecimiento económico.
• Crea oportunidades para la población local (hoteles, restaurantes, comercio, etc.).